Por un cambio político en Perú

Pese a un fuerte despliegue militar de efectivos (5 000 sólo en Lima) decenas de miles de ciudadanos, en su inmensa mayoría jóvenes, expresaron este fin de semana en la capital y otras ciudades de Perú su repudio a la presidenta interina Dina Boluarte y al derechista Congreso que la respalda y en la generalizada demanda de un necesario cambio político en la nación suramericana.

Jóvenes y gremios tomaron las calles y protagonizaron dos jornadas de protestas marcadas por la represión policial y heridos, varios de ellos periodistas, principalmente en Lima, en la Plaza San Martín y en las inmediaciones del Congreso.

Entre los afectados estuvo el periodista Diego Quispe, quien relató en redes sociales: “Me dispararon tres perdigones, dos en la espalda y uno en el brazo, pese a que solo estaba grabando lo que sucedía en la protesta. No hay garantías. El gobierno reprime porque hay impunidad”.

Las denuncias por uso excesivo de la fuerza no tardaron en generar reacciones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresó su rechazo a la represión contra la llamada “Generación Z”, protagonista visible de estas movilizaciones, destacó el medio El Popular.

“Protestar es un derecho, y reprimir con perdigones, golpes y empujones vulnera la integridad de las personas y busca amedrentar la movilización ciudadana”, señaló la organización, que exigió a la policía garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, en un escenario de tensión creciente donde, citó EFE, la juventud y los gremios buscan marcar distancia con el gobierno y el Congreso, la ley de Administración de Fondo de Pensiones (AFP), la corrupción y la violencia ciudadana. Asimismo, se denunció el aumento del crimen organizado y se pidió justicia por las muertes en otras manifestaciones, como los asesinatos ocurridos en las protestas desarrolladas a finales del 2022 e inicios del 2023, donde 49 manifestantes, en su mayoría indígenas, fueron virtualmente fusilados por las fuerzas de seguridad.

GOLPE CONTRA LO QUE QUEDA DE JUSTICIA

La suspensión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no es un hecho aislado. Se trata de un episodio dentro de una ofensiva más amplia destinada a subordinar los aparatos de justicia a los intereses del régimen y de la derecha corrupta.

La medida, adoptada en apenas dos minutos de sesión y sin las mínimas garantías de imparcialidad ni debido proceso, desnuda la verdadera naturaleza de la JNJ: lejos de ser garante de la legalidad, se ha transformado en un instrumento político al servicio de la captura institucional.  
                                                                                                         
El mensaje es inequívoco: se sanciona y se aparta a quien ose enfrentar a las mafias enquistadas en el poder. La inconstitucionalidad de esta decisión, que invade competencias exclusivas de la Junta de Fiscales Supremos, abre el camino a un copamiento del Ministerio Público. El objetivo es reinstalar a operadores funcionales a la impunidad y neutralizar investigaciones que comprometen a redes de corrupción política y económica.  
                                                                              
Especialistas señalan que si este proceso continúa, el país se encamina hacia una peligrosa reconfiguración autoritaria de la justicia. No se trata solo de controlar la Fiscalía, sino de imponer una lógica más amplia: alinear al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y los órganos electorales bajo un esquema de subordinación que blinde al régimen frente a cualquier forma de fiscalización. Este copamiento equivale a un golpe institucional silencioso, en el que la independencia de poderes se sacrifica para consolidar un proyecto de control político total.

CONSECUENCIAS DEVASTADORAS  
                                                                               
Medios peruanos que no pueden ser catalogados totalmente de progresistas, admiten que se está llevando a cabo la judicialización selectiva de adversarios, la impunidad para las redes de corrupción y un colapso aún mayor de la confianza ciudadana en las leyes, bajo el disfraz de la “legalidad”.                                                                                                                 
Y es que la lucha contra la corrupción no puede quedar en manos de quienes la manipulan como arma de control político. Si este proceso no se frena, Perú terminará con un aparato de justicia reducido a una oficina de blindaje para el crimen organizado y el poder político de turno.            

En este contexto, resulta imprescindible la defensa de la autonomía del Ministerio Público y de la independencia de poderes, para construir una democracia real al servicio del pueblo, y no del crimen organizado.                          

En fin, y todo esto en medio de las consignas contra Boluarte, cuya desaprobación supera el 80%, y un Congreso desprestigiado por su inacción, lo cual resuena como un grito por cambios estructurales en un país agotado de promesas incumplidas.