Sheinbaum, firmeza y habilidad

Claudia Sheinbaum sigue rompiendo los parámetros de aceptación popular tanto en su pueblo mexicano como Latinoamérica, llamándose a respetar hasta por quienes sustentan criterios opuestos.

La mandataria presenta en este octubre una tendencia a la baja de la criminalidad, que venía del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, al igual que AMLO, rechazó participar en una cumbre de las Américas auspiciada por la Organización de Estados Americanos, por negarse a incluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua entre las naciones invitadas.

Y es que desde que asumió la presidencia de México, hace un año, Claudia Sheinbaum se comprometió a escribir un nuevo capítulo en la historia de la política exterior mexicana. Frente a un escenario internacional convulso —marcado por guerras comerciales, conflictos armados y una creciente polarización ideológica—, su gobierno ha adoptado una posición que combina el pragmatismo político, la defensa de los principios constitucionales y la tradición de la diplomacia mexicana.

La participación de la presidenta Sheinbaum en la cumbre del G-20 en Río de Janeiro, en noviembre del 2024, y en el G-7 en Canadá, a mediados de este 2025, evidencian un cambio de paradigma. Mientras López Obrador prefirió mantener un perfil bajo en los foros multilaterales, así como limitó sus viajes al extranjero, argumentando que la política exterior debía subordinarse a las prioridades nacionales, Sheinbaum ha entendido que, en un mundo interdependiente y globalizado, México no puede darse el lujo de ser un mero espectador, sino protagonista e, incluso, líder regional.

Su presencia en estas cumbres no fue protocolaria, sino una demostración de que el país está listo para asumir un papel más influyente en la reconfiguración del orden internacional. 

En Río de Janeiro, Sheinbaum llevó al G-20 una agenda centrada en criticar lo que definió como “economía de la destrucción”, sobre el aumento del gasto en armas, cuando el mundo enfrenta graves problemas como el hambre, el cambio climático y la migración. Además, promovió el programa de reforestación Sembrando Vida como una estrategia para combatir la pobreza de comunidades enteras.

Esta misma línea se reforzó en el G-7, donde además de promover inversiones con el Plan México, la Jefa del Estado propuso una cumbre Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-G-7 para reducir las asimetrías mundiales. 

No se trata de simples ejercicios diplomáticos, sino de la búsqueda del reconocimiento de que los problemas que afectan a todo el orbe, ya no pueden resolverse desde la perspectiva exclusiva de las potencias. La crisis climática, los flujos migratorios y las asimetrías económicas requieren soluciones construidas con las economías emergentes, no impuestas sobre ellas. Esta agenda presidencial busca llevar a la diplomacia mexicana de vuelta a su mejor época.

En este contexto, la economía mexicana ha tenido un desempeño mejor al esperado en medio de la incertidumbre de los aranceles estadounidenses, por lo que es previsible que el producto interno bruto (PIB) de México crezca 0,3% este año, gracias a la disminución de las tasas de interés y los bajos niveles de desempleo, lo cual han impulsado el consumo en los últimos meses.

FRENTE AL TRUMPISMPO

Si hay un tema que ha puesto a prueba la habilidad diplomática del gobierno en turno, es la relación particular con Estados Unidos bajo el segundo mandato de Donald Trump. A diferencia de López Obrador, quien optó por una estrategia de no confrontación, incluso ante provocaciones como el muro fronterizo, el gobierno mexicano actual ha adoptado un tono más asertivo.

Las amenazas de Washington de imponer aranceles a los productos mexicanos —bajo el pretexto de que “no se hace lo suficiente contra el tráfico de fentanilo”— han sido respondidas con una exitosa estrategia de diplomacia silenciosa. 

México no ha cedido al chantaje, pero tampoco ha caído en la trampa de la confrontación pública. En lugar de eso, su gobierno ha trabajado tras bambalinas con gobernadores, encargados de diversas agencias federales y sectores empresariales que dependen del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), logrando valiosas victorias.

En el tema migratorio, la diferencia con mandatos pasados es aún más clara. El gobierno mexicano actual ha sido crítico con las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) y ha insistido en que cualquier cooperación debe incluir un enfoque de derechos humanos, criticando al mismo tiempo las manifestaciones violentas en Estados Unidos.

Este nuevo enfoque en materia de política exterior no representa una actualización de la doctrina tradicional mexicana. Si bien históricamente se priorizó la “no intervención” y la solución pacífica de controversias, ahora no solo se mantienen esos principios, sino que se agrega un elemento clave: el activismo diplomático.