El trabajo forzoso: un flagelo contra la justicia e igualdad para todos
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Trabajo infantil | EFE
En pleno siglo XXI y en un mundo cada vez más interconectado y aparentemente, más desarrollado, pareciera increíble, casi cosa de telenovelas o películas, hablar de trabajo forzoso.
Sin embargo, si se tienen en cuenta los daños cada vez más frecuentes y profundos provocados por las guerras, las migraciones, la pandemia y en consecuencia, la crisis económica multidimensional que acecha a todos en mayor o menor medida, pudiera explicarse de alguna manera que persistan males relacionados a los tipos de trabajo, considerados casi un flagelo.
A propósito, el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, bajo el título IT Profits and Poverty: The economics of forced labour, es decir, “ Ganancias y Pobreza: Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso”, revela como el trabajo forzoso en la economía privada genera actualmente unos 236.000 millones de dólares en beneficios ilegales al año, una cifra descomunal que, por supuesto, va al bolsillo de unos pocos.
El monto total de esas ganancias ilegales ha aumentado en 64.000 millones de dólares (37 por ciento) desde 2014, lo cual resulta dramático porque representa, además, un crecimiento exponencial en el número de personas obligadas a trabajar. En otras palabras, son mayores las ganancias generadas por la explotación de las víctimas.
El referido informe señala también que los traficantes y delincuentes generan hoy cerca de 10.000 dólares por víctima, frente a los 8.269 dólares (ajustados a la inflación) de hace una década y que el total anual de beneficios ilegales del trabajo forzoso es mayor en Europa y Asia Central (84.000 millones de dólares), seguidas de Asia y el Pacífico (62.000 millones de dólares), América (52.000 millones de dólares), África (20.000 millones de dólares) y los Estados Árabes (18.000 millones de dólares).
Ante este panorama, aumenta el desconcierto, porque no se trata de números o cifras frías y desconectadas, se trata de seres humanos expuestos a violaciones de sus derechos básicos, a humillaciones, maltratos, baja remuneración y muchos otros males que querríamos desterrar y son cada vez más reales, persistentes y visibles.
Al respecto, el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Gilbert F. Houngbo, ha considerado:"Las personas en situación de trabajo forzoso están sometidas a múltiples formas de coacción, siendo la retención deliberada y sistemática del salario una de las más comunes. El trabajo forzoso perpetúa los ciclos de pobreza y explotación y atenta contra el corazón de la dignidad humana. Ahora sabemos que la situación no ha hecho más que empeorar".
A estos hechos se suman y relacionan otros no menos alarmantes, también reflejados en el citado resumen de la OIT: La explotación sexual comercial forzada representa más de dos tercios (73%) de los beneficios ilegales totales, a pesar de que sólo supone el 27% del número total de víctimas del trabajo impuesto por particulares.
Existe, además, una enorme diferencia de beneficios por víctima entre la explotación sexual comercial forzada y otras formas de explotación laboral forzada no estatal: 27.252 dólares de beneficios por víctima para la primera frente a 3.687 dólares de beneficios por víctima para la segunda.
Después de la explotación sexual comercial forzada, el sector con mayores beneficios ilegales anuales del trabajo forzado es la industria, con 35.000 millones de dólares, seguido de los servicios (20.800 millones), la agricultura (5.000 millones) y el trabajo doméstico (2.600 millones). Se refieren así a beneficios ilegales como los salarios que legítimamente pertenecen a los bolsillos de los trabajadores pero, en cambio, quedan en manos de sus explotadores, como resultado de sus prácticas coercitivas.
En 2021, por ejemplo, había 27,6 millones de personas sometidas a trabajo forzoso en un día cualquiera, lo que se traduce en 3,5 personas por cada mil habitantes en el mundo. Y entre 2016 y 2021 el número de personas en trabajo forzoso aumentó en 2,7 millones.
En el informe se hace un llamado urgente a invertir en medidas coercitivas para detener los flujos de beneficios ilegales y exigir responsabilidades a sus autores, reforzar los marcos jurídicos, impartir formación a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ampliar la inspección laboral a sectores de alto riesgo y mejorar la coordinación entre la aplicación de las legislaciones laborales y penales en todos los países.
A la vez, se precisa que no se puede acabar con el trabajo forzoso solo con medidas de aplicación de la ley, mucho menos si estas no forman parte de un enfoque integral que dé prioridad a abordar las causas profundas y a proteger a las víctimas.
Así lo resume el director general de la OIT: "La comunidad internacional debe unirse urgentemente para tomar medidas que pongan fin a esta injusticia, salvaguarden los derechos de los trabajadores y defiendan los principios de justicia e igualdad para todos".
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