Ordenan preservar pruebas de megaoperativo policial que terminó en mayor masacre en Brasil

El ministro Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, ordenó este domingo la “preservación rigurosa e íntegra” de todas las pruebas relacionadas con la Operación Contención, el megaoperativo policial llevado a cabo el martes 28 de octubre en los complejos de Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, que dejó un saldo de 121 muertos, entre ellos cuatro policías. Se trata de la incursión policial más letal en la historia del estado.

La decisión, adoptada en el marco del Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) nº 635 —conocido como el “ADPF de las Favelas”—, responde a una solicitud presentada el jueves por la Defensoría Pública Federal (DPU). Esta medida busca garantizar el acceso de la Defensoría Pública de Río de Janeiro (DPRJ) a los informes periciales y a las cadenas de custodia de las evidencias, ante las dificultades denunciadas por la institución para acompañar los procesos forenses relacionados con los cuerpos de las víctimas.

El Ministro subrayó que la medida se ajusta a lo establecido por el pleno del STF en su sentencia sobre el ADPF 635, que obliga a las autoridades a documentar con rigor —incluyendo fotografías— todas las pruebas recabadas en investigaciones de delitos contra la vida, a fin de asegurar una revisión independiente de los peritajes forenses. Asimismo, ordenó notificar al gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para que garantice el cumplimiento de la decisión.

La Operación Contención, desplegada en medio de una ofensiva contra el avance territorial del Comando Vermelho, ha generado fuertes cuestionamientos por su letalidad y por denuncias de familiares que no logran localizar los cuerpos de sus seres queridos. “Nadie sabe dónde está el cuerpo de mi hermano”, declaró Tássia Caroline da Silva Carvalho, de 33 años, en las afueras del Instituto Médico Legal (IML) de Río de Janeiro. Su hermano Wallace, de 30, fue visto por última vez en WhatsApp en la madrugada del 28 de octubre. “Sabemos que estaba haciendo algo mal, pero era su vida, tiene una familia… Le rogué tanto que saliera de allí”, agregó entre lágrimas.

En respuesta a las dudas sobre la legalidad del operativo y a las demandas de transparencia, el ministro Moraes viajará este lunes (3) a Río de Janeiro para reunirse con el gobernador Cláudio Castro, el alcalde Eduardo Paes (PSD), autoridades del Departamento de Justicia y la Defensoría del Pueblo del Estado. El objetivo es investigar si hubo irregularidades en la operación. Durante el encuentro, el gobernador deberá presentar 18 aclaraciones solicitadas por el magistrado.

Además, Moraes programó una audiencia pública conjunta para el miércoles 5 de noviembre, a las 10:00 horas, en la Sala Primera del STF en Brasilia. Participarán entidades y movimientos sociales que actúan como amicus curiae en el ADPF 635, incluyendo el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos y la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, el Instituto Anjos da Liberdade, Conectas Direitos Humanos, Redes da Maré, Educafro, Justiça Global, el Colectivo Fala Akari, el Colectivo Papo Reto, la Iniciativa Derecho a la Memoria y Justicia Racial, el Movimiento Negro Unificado (MNU), el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y el Laboratorio de Derechos Humanos de la UFRJ, entre otros.

La medida del STF se produce en un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial y el gobierno estatal. El gobernador Cláudio Castro ha criticado reiteradamente el ADPF 635, llegando a calificarlo recientemente como “maldito”. Sin embargo, tras la sentencia de abril de 2025, organismos como la Defensoría Pública Federal y el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) asumieron un rol activo en la supervisión del cumplimiento de las directrices del tribunal para reducir la letalidad policial en operativos en favelas.

La orden de preservación de pruebas busca no solo esclarecer los hechos del 28 de octubre, sino también reforzar los mecanismos de rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en operaciones de seguridad pública en Brasil.