Lobismo o terrorismo elegante

Es increíble como quienes detentan el poder han logrado hacer del lobismo, cabildeo  o la pomposamente llamada gestión de intereses un producto legal, constitucional, para hacer cambiar, tergiversar, acciones a favor de $u$ reclutadore$. 

Se dice algo del mal manejo de esta práctica permitida en países europeos y menos en donde se ha aprovechado más este bochorno legalizado, Estados Unidos, una falsa democracia en la que para ser electo desde el edil o concejal hasta el presidente hay que tener dinero o alguien que lo respalde al respecto, lo cual conlleva pago de intereses siempre alejados de los problemas reales de la nación.

En Estados Unidos individuos que tienen acceso al Congreso abordan  a senadores y representantes para que promuevan leyes a favor de las compañías o sectores que representan, destacando grupos que forman generalmente la industria bélica, incluyendo los sectores que defienden tales o cuales enmiendas constitucionales que presuntamente amparan la violencia interna, como la Asociación Nacional del Rifle.

Esto como regla general, ya que en el primer mandato de Obama el lobby más destacado por el dinero que manejaba y procedimientos violentos era el del odio a Fidel y la Revolución,  que mantenía aterrorizados a demócratas a favor de las relaciones con la Isla y en la que figuraban destacadamente, por supuesto, Marco Rubio, Ted Cruz, Mario Díaz-Balart, Bob Menéndez -hoy preso por ladrón- y otros trajeados gusaneriles de lamentable origen cubano.

Ahora bien, es indiscutible que en algunos países como Italia, Francia y España, se han descubierto sistemas gigantescos de corrupción que involucran a funcionarios, políticos y miembros de los sectores vinculados a las finanzas y la economía, llegando a constituir una especie de Estado paralelo que se desplaza a sedes extralegales y extra institucionales y es gestionado por las burocracias de los partidos y por los lobbies de los negocios, cada uno con sus propios códigos y pautas de comportamiento.
Una posición escéptica sobre esta actividad critica la indefinición de límites y mecanismos de ejercicio, así como los excesos que esto conlleva.

CORRUPTELA ACEPTADA

El politólogo Thomas R. Dye dijo que la política consiste en luchar por los escasos recursos gubernamentales: quién los obtiene, dónde, cuándo, por qué y cómo. Dado que el gobierno establece las reglas en una economía compleja como la de Estados Unidos, varias organizaciones, empresas, individuos, organizaciones “sin fines de lucro”, grupos comerciales, religiones, entidades benéficas y otros, que se ven afectados por estas reglas, ejercerán tanta influencia como puedan para obtener resoluciones favorables a su causa. Los métodos empleados, con pruebas documentales, pueden llegar hasta la tortura y el asesinato, pero ello trata de ser ocultado a cualquier costo.

Uno de los fundamentos por los cuales esta actividad no encuentra una total acogida es su relación con la corrupción.

Específicamente, se hace hincapié en la financiación de los partidos políticos, ya que esta práctica es calificada como poco transparente, puesto que no se conoce la identidad de aquellos que apoyan económicamente a determinados grupos. De este modo, aun cuando hipotéticamente se llegase a obtener un riguroso sistema de registro y transparencia de la actividad del lobby, esto no serviría de nada si quienes lo practican recurren a actividades irregulares como el patrocinio político, total o parcial, de grupos económicos.

ZONAS INDETERMINADAS

Las “zonas indeterminadas” entre la corrupción y la política surgen, entre otras causas, por la deficiencia en la redacción de las normas y, consecuentemente, la poca seriedad y rigor científico para la construcción de los tipos penales, específicamente los delitos de corrupción. 

En este sentido, también se menciona el bajo nivel técnico-legislativo, que se traduce en la formulación de leyes penales improvisadas que pretenden resolver todo tipo de problemas, desde la ecología hasta la economía, desde la corrupción hasta el peligro nuclear.

Aunque existen factores que inciden en la formación de la cifra oculta de la criminalidad, cada vez más se admite que existen zonas ambiguas que permiten la impunidad de ciertos hechos relacionados con casos de corrupción política. 

En efecto, debe ser un objetivo previo a la sanción penal la eliminación de zonas oscuras o de impunidad que, en cuanto deficiencias del sistema, favorecen toda clase de abusos, ya que es inadmisible que se invoque el derecho penal respecto de comportamientos que son fruto del deficiente funcionamiento de los controles administrativos, carencias legislativas o disfunciones institucionales, como suele apreciarse en delitos como lavado de activos, corrupción de funcionarios, contra el medio ambiente, minería ilegal, etcétera. 

Se ha sostenido que la única explicación sería la existencia de graves problemas de corrupción en las diferentes áreas de la administración pública, manifiesta en hechos que son denunciados, pero que, pese a su gravedad no son investigados debidamente, como sucede con los actos de corrupción frente a los que se ha pretendido obtener impunidad.

Aunque este tema es más largo y complejo, se pueden analizar tres tipos de intereses especiales o particulares que tienen el objetivo de distorsionar la voluntad ciudadana: 

El lobby, la corrupción y el financiamiento secreto de la política.