Unicef denuncia violencia armada contra las escuelas de Haití

 El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció hoy el aumento de la violencia armada contra escuelas de Haití y lamentó que un millón de niños no asisten a los centros educativos.

La instancia deploró que de octubre de 2022 a febrero de este año 72 escuelas fueron presuntamente objetivos de agresiones, frente a ocho en igual periodo del anterior ciclo académico, lo cual constituye un aumento del 900 por ciento.

Según datos recopilados por Unicef, al menos 13 escuelas fueron atacadas por grupos criminales y una incendiada, mientras un estudiante murió y dos miembros del personal escolar resultaron víctimas de secuestros.

Bruno Maes, representante del organismo mundial en Haití, lamentó que en algunas zonas urbanas, las pandillas ven en el saqueo de esas instituciones una alternativa lucrativa y esto debe acabar.

“Los ataques de grupos armados contra las escuelas tienen enormes repercusiones en la seguridad, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños”, señaló.

Además de materiales escolares, como pupitres, bancos, pizarras, ordenadores portátiles, fotocopiadoras, baterías y paneles solares, las bandas también hurtaron sacos de arroz, harina y maíz para la alimentación de los alumnos.

Actualmente, como consecuencia de los disturbios políticos, inseguridad, elevado coste de la enseñanza y falta de apoyo a los más vulnerables, se estima que cerca de un millón de niños no asisten a clases y la violencia contra las escuelas podría hacer crecer las cifras, alertó Unicef.

Además, con el aumento del malestar social, muchos directores tomaron la decisión de cerrar las instituciones para proteger a los infantes de posibles agresiones, mientras que la inseguridad incide en la capacidad de aprendizaje de los menores.

“Un niño que tiene miedo de ir a la escuela es un niño que corre el riesgo de ser reclutado por grupos armados. Debemos actuar urgentemente para proteger la vida y el futuro de los niños”, dijo Maes.

Unicef pidió a todos los actores a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro el derecho de los infantes a la educación y llamó al Gobierno garantizar la seguridad de las escuelas y exigir responsabilidades a los grupos e individuos que dañen o amenacen a los estudiantes.