El Gobierno de Javier Milei se encuentra sumido en una profunda crisis tras la filtración de audios que implican a su hermana y principal consejera, Karina Milei, en una trama de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

La filtración de una serie de audios que revelan la supuesta existencia un sistema de coimas en una agencia estatal desata una crisis política de magnitudes inéditas para esta administración.

La respuesta del oficialismo ha sido tan rápida como preocupante: en lugar de abrir una investigación transparente, ha optado por la censura judicial previa, la persecución de periodistas y la elaboración de una insólita teoría de complot internacional.

La crisis estalló a finales de agosto último con la filtración de una serie de grabaciones en las que Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), confesaba a allegados la existencia de un sistema de corrupción en la compra de medicamentos.

En los audios, se escucha a Spagnuolo hablar de un “tres por ciento para Karina” –en referencia a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia– como una suerte de comisión ilegal requerida para las operaciones.

Otros fragmentos, supuestamente grabados dentro de la propia Casa Rosada (sede del gobierno), captan la voz de la propia Karina Milei haciendo referencia a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y primo de Eduardo “Lule” Menem, otro funcionario cercano mencionado en la trama.

“Martín es el que tiene la información”, se le escucha decir en un audio difundido por medios uruguayos este martes, en un contexto que sugiere un reparto de influencias.

La veracidad tácita de los audios fue concedida por el propio gobierno cuando, tras dos semanas de silencio y parálisis, destituyó a Spagnuolo de su cargo.

La contundencia de las pruebas sonoras sumergió al oficialismo libertario en su peor crisis interna, exponiendo a la vez una lucha de poder y presuntas prácticas delictivas en su núcleo duro.

Ante la imposibilidad de desmentir el contenido de las grabaciones, la estrategia del gobierno de Milei fue intentar silenciarlas. El mecanismo elegido fue la judicialización. A través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se presentaron dos denuncias: una penal y una civil.

La denuncia penal, firmada por Fernando Soto, mano derecha de Bullrich, solicita nada menos que la prohibición total de la difusión de las grabaciones. No solo se pide censurar los audios de Karina Milei, sino cualquier audio relacionado con “funcionarios y exfuncionarios”, una medida de alcance masivo y sin precedentes que busca eliminar el tema de la agenda pública. La solicitud incluye órdenes para medios tradicionales y plataformas digitales como Facebook, Twitter y Google.

Paralelamente, la denuncia civil, presentada a nombre de Karina Milei, encontró eco inmediato en el juez Alejandro Maraniello, quien emitió una medida cautelar prohibiendo específicamente la difusión de los audios atribuidos a ella. Constitucionalistas califican la medida de censura previa, pura y dura.

Andrés Gil Domínguez, un reconocido jurista, argumentó que “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés y funcionarios públicos”.

Como parte de esta ofensiva, el gobierno también pidió allanamientos en los domicilios de los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes fueron clave en la difusión inicial de los audios, así como en los estudios del canal de streaming Carnaval, señalando una clara intención de amedrentar y castigar a la prensa.

Sin embargo, de momento, el Poder Judicial no ha dado lugar a la solicitud.

La velocidad con la que el juez civil Alejandro Maraniello accedió al pedido de censura de Karina Milei levantó inmediatamente sospechas sobre su imparcialidad.

En este sentido, la crónica local no tardó en revelar que Maraniello enfrenta ocho denuncias en su contra, cinco de las cuales son por acoso y abuso sexual.

Al momento de dictar la cautelar a favor del gobierno, Maraniello se encuentra notificado por el Consejo de la Magistratura sobre estas acusaciones y tiene un expediente abierto a cargo de la jueza María Servini.

Analistas políticos y juristas sugieren que su rápida decisión de favorecer al oficialismo podría ser un intento de congraciarse con el poder ejecutivo en un momento de extrema vulnerabilidad personal y profesional, buscando protección política a cambio de favores judiciales.

Tal vez el aspecto más surrealista de la respuesta gubernamental sea la narrativa construida para explicar el origen de los audios. La denuncia penal de 20 páginas presentada por el Ministerio de Seguridad no menciona las palabras “coima”, “corrupción” o “Karina Milei”. En su lugar, argumenta que la filtración es parte de un “complot” internacional urdido por el kirchnerismo (la oposición peronista) con la ayuda de gobiernos extranjeros.

El texto describe una operación de desestabilización con influencia rusa, venezolana, boliviana, cubana y nicaragüense. Menciona específicamente a un grupo de residentes rusos llamado “La Compañía”, liderado por un tal Lev Konstantinovich Andriashvilli, que “estaría realizando acciones en función de los intereses geopolíticos de Rusia”. La denuncia llega a afirmar, sin presentar una sola prueba, que las tácticas utilizadas se parecen a las que Rusia usó en elecciones en Rumania, Polonia y Francia en 2017.

El delirio conspirativo se extiende incluso al fútbol: la denuncia pide allanar el domicilio de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por ser “mano derecha de Claudio Tapia, opositor declarado del gobierno nacional”. La teoría sugiere que la AFA sería otro engranaje en esta maquinaria golpista.

Esta narrativa, amplificada por el propio presidente Milei en sus redes sociales, busca desviar la atención del corazón del escándalo: las presuntas coimas pagadas a la hermana del presidente en medio de una feroz interna dentro del propio gobierno libertario.

Un Gobierno acorralado en pleno periodo electoral

Las medidas desesperadas del gobierno de Milei –la censura, la persecución a periodistas y las teorías conspirativas– son sintomáticas de una administración acorralada.

El escándalo de corrupción no solo amenaza con llevarse por delante a su círculo íntimo, sino que llega en el peor momento político: a días de unas cruciales elecciones en la Provincia de Buenos Aires, donde las encuestas ya muestran una brutal caída en la popularidad del oficialismo.

En la reciente elección legislativa de la provincia de Corrientes, la primera en desarrollarse desde que se tomó conocimiento de los audios, el candidato libertario, Lisandro Almirón, queda en cuarto lugar, con solo el 9,5% de los sufragios.

Esta elección es el antecedente inmediato a las elecciones bonaerenses a desarrollarse este próximo 7 de septiembre donde se concentra el 37,04% del electorado del país.

En tanto, el termómetro económico, el más sensible para la estabilidad del país, también recibe el impacto del escándalo. El dólar oficial trepó 50 pesos argentinos desde las presuntas coimas en Andis, lo que implica una devaluación de más del 3,5%, y se acerca al límite con la cual se comprometió el Gobierno de Argentina con el Fondo Monetario Internacional, a partir del cual la Administración Milei entraría en incumplimiento.