España: Denuncian «estrategia del miedo» del gobierno

Estadio de miedo, ejercicio de amedrentamiento, escalada de tensión, alarma social... Es la conclusión a la que llegan intelectuales, abogados y ciudadanos vinculados al 15-M respecto a la intención del Gobierno de reformar el Código Penal.

Los ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos dos años de cárcel a quien convoque a través de internet una protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataque a las fuerzas de seguridad del Estado.

Incluso sería considerada como un delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva, como dejó ayer claro el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que ha provocado una enérgica respuesta por parte de los movimientos sociales.

«Se legisla a golpe de titular», protesta el abogado y ensayista Servando Rocha, que ha llevado el caso de dos detenidos tras la manifestación que desembocó en el nacimiento del 15-M. «La reforma, desde un punto de vista jurídico, es una locura, ya que hay una delgada línea roja entre la desobediencia, la resistencia y el delito de atentado a la autoridad», explica el responsable de la editorial La Felguera.

«Es muy sencillo que te imputen el delito de atentado. No puede ser que por revolverte ante unos agentes, te expongas a penas de cárcel», afirma Rocha, consciente en todo caso de la dificultad de plasmar sobre el papel el endurecimiento de la ley. «Es una medida represiva. Además, se legisla antes de que se produzca el delito, porque no existe una alarma social. Se trata de usar reformas legislativas profundas realizadas a la ligera para transmitir miedo y controlar a los colectivos sociales», añade el abogado, sorprendido ante la intención del Gobierno de considerar como delito la resistencia pasiva.

«Hablamos del típico cuerpo muerto en una sentada pacífica. Ahí no hay ánimo por parte del manifestante de evitar una detención o de agredir a los policías».

Pero, en el caso de que se produjesen incidentes en una manifestación, ¿cuál sería la responsabilidad del convocante? «La Delegación de Gobierno te pide servicios de orden, pero ahí acaba tu responsabilidad. Tú no puedes hacer el trabajo de la Policía», aclara Rocha, quien advierte del peligro de que se llegue a «un estadio de miedo en el que nadie va a querer convocar nada».

Según él, ya ha habido casos de protestas que no han prosperado «por temor a una sanción administrativa», pero en este caso «hablaríamos de un delito penal grave, lo cual es una locura».

El endurecimiento del Código Penal y el 15-M

¿Está íntimamente relacionada la hipotética reforma con el surgimiento del 15-M? Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, cree que los gobernantes temen el movimiento. «Su peso es notablemente mayor que cualquier otro ocurrido en el pasado y eso, con certeza, les preocupa», apunta. «Andan desesperados por la concepción no violenta del 15-M y tienen que recurrir a este tipo de decisiones, que producen estupor y escapan a todo tipo de fundamento racional».

Taibo cree, como otros intelectuales consultados, que el Gobierno tendrá problemas para aplicar las medidas anunciadas, aunque según ellos la intención que subyace sería otra. «Podría ser una estrategia de globo sonda dirigida a preocupar a la ciudadanía –aunque luego no pueda llevarse a cabo– con un efecto indirecto: que la gente, por ejemplo, no vaya a las asambleas del 15-M», añade el autor del libro Nada será como antes (Catarata). «Un ejercicio de amedrentamiento contra la gente común, no solo contra los activistas».

Raimundo Viejo coincide en el análisis. «Legalmente, la reforma no se va a sostener, por lo que no hay que caer en el alarmismo de que [los gobernantes] están yendo tan lejos. Lo grave no está tanto en la ley como en que pueda favorecer la escisión de la gente que se moviliza hacia grupos violentos. O bien la desafección y el socavamiento de las bases democráticas, que podría traducirse en la aparición de movimientos de extrema derecha», cree el profesor de Teoría Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

«La gente tiene cada vez mas poder y al Estado sólo le queda la escalada de tensión: recurriendo a las políticas de emergencia y difuminando los contornos del estado de derecho, para que así la interpretación y la gestión del control social recaiga sobre la Policía», insiste Viejo. «No interesa negociar con el movimiento, interesa destruirlo».

Si bien considera que «gran parte de la ciudadanía se va a seguir movilizando, porque la gestión de la crisis económica es tan nefasta que va a haber mil motivos para manifestarse», algunas asambleas del 15-M tachan el endurecimiento del Código Penal de «atentado contra nuestros derechos».

Cristina Marchán, miembro del movimiento en Santiago de Compostela, cree que si sale adelante estarán «prácticamente indefensos» y no podrán «reivindicar absolutamente nada».

«La reforma es propia de países tan evolucionados en materia de derechos sociales como China. Supone un retroceso tremendo que nos deja en los tiempos del franquismo. No podemos dejar que esto se haga realidad», se queja Marchán, quien observa una «relación bastante directa» entre la «resistencia pacifica y pasiva del 15-M» y la inclusión de esta como delito de atentado a la autoridad en el Código Penal.

Criminalización de los movimientos sociales

La reforma también consideraría delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria a través de cualquier medio de actos que alteren el orden público, incluida la red, algo «malévolo y premeditado» a juicio de la activista gallega. «Con la criminalización de convocatorias por internet te ponen a la altura de un terrorista», sentencia Marchán.

Jon Aguirre Such, que participó activamente en el 15-M, opina que la medida anunciada por Interior implica la «represión de todo tipo de actividades de lucha» y niega a los ciudadanos la posibilidad de manifestarse pacíficamente. «Es un síntoma muy claro de que el actual Gobierno puede acometer todo tipo de acciones para tratar de mantener un status quo que, cada vez más, está en tela de juicio».

De ahí que, según él, el Estado recurra a la «legitimación de la violencia policial en aras de los intereses del mercado y de los agentes políticos y económicos», a los que responsabiliza de la crisis. «Es un ataque directo contra los ciudadanos que vienen trabajando por los derechos sociales que tanto tiempo, sudor, esfuerzo y lagrimas han costado», asevera Aguirre Such, que se pregunta: «Si los ciudadanos no podemos manifestarnos pacíficamente por nuestros derechos, ¿qué nos queda?»