Paraguay: Peña, un “bukelista” fracasado

Desde que llegó al poder en el 2023 con el apoyo de la derecha, el presidente paraguayo, Santiago Peña, -un admirador de Netanyahu y Milei-, quiso hacer política al estilo de su par salvadoreño, Nayib Bukele, colocando el combate al crimen organizado como centro de su narrativa política e incluso con "producciones audiovisuales centradas en su persona" o campañas en su favor a través de redes sociales.

Pero, al revés del centroamericano, no contaba con su versatilidad y ascendencia popular mantenida, a pesar de recientes deschaves.
Peña busca tomar algunos elementos como relativizar las narrativas de Derechos Humanos o construir una política que tiende a la concentración de poder y de reducción de las disidencias, para sostener una política que aprovecha el crecimiento de la criminalidad en Paraguay.

En los últimos años la criminalidad llegó a territorios más urbanos y populares y que el problema del 'chespi' o crack está generando un impacto muy grave.
Peña logró colocar este tema como un elemento de su campaña y se valió del creciente problema del crimen organizado como elemento para compras millonarias destinadas a mejorar supuestamente la seguridad, a pesar de que algunos actores especializados advirtieron que no eran los más adecuados. 

HACINAMIENTO

Peña llegó a la conclusión de que debe construir megacárceles, y se mostró optimista en relación con la posibilidad de que los traslados masivos a Minga Guazú aseguren un mayor funcionamiento del sistema penitenciario y alivien las condiciones de hacinamiento.

Pero no tiene en cuenta que la falta de una política adecuada para tratar las causas de la delincuencia, hace que se construyen nuevas cárceles y al poco tiempo se llenan. O cuando se busca construir cárceles diferenciadas, ya sea de máxima seguridad o de otro tipo, al tiempo se desvirtúa por las necesidades de encierro que implica la delincuencia creciente o la manera descontrolada en que los jueces ordenan prisión preventiva.

Así, Peña no ha podido evitar que el sistema penitenciario de Paraguay continúa en estado de emergencia por segundo año consecutivo, por lo cual persiste el implacable control de las bandas carcelarias.

Recordemos que el Congreso de Paraguay declaró por primera vez el estado de emergencia el 22 de diciembre de 2023, tras un motín orquestado por el Clan Rotela, el mayor grupo criminal del país. Durante los disturbios, el grupo tomó temporalmente el control de la mayor prisión de Paraguay, Tacumbú.

Esta declaración permitió al Ministerio de Justicia contar con fondos adicionales para “proyectos de infraestructura y la adquisición de equipos tecnológicos de seguridad para atender las necesidades urgentes del sistema penitenciario”. Los objetivos declarados fueron reforzar la seguridad en las cárceles, mejorar las actividades de inteligencia y fortalecer las medidas para prevenir fugas y acciones del crimen organizado dentro de las prisiones.

AMPLIA CONCLUSIÓN

“En Paraguay debería declararse el estado de emergencia en la policía debido a la continua abundancia y gravedad de casos de policías involucrados en distintos tipos de delitos, entre ellos el tráfico de drogas”, señaló a InSight Crime Jorge Rolón Luna, abogado y profesor de la Universidad Católica de Asunción. “Es inútil comprar más patrulleros, comprar mejores armas, comprar helicópteros, lo que sea, porque nuestra policía es absolutamente corrupta”.
La incapacidad de Paraguay para mantener el control sobre sus cárceles se debe en parte al grave hacinamiento. Según los últimos datos oficiales, las prisiones del país albergan a 18 524 reclusos, a pesar de estar diseñadas para una capacidad de 10 044 personas. Alrededor de dos tercios de los encarcelados son reclusos preventivos que aún no han sido condenados. En varios centros, este grupo supera por sí solo la capacidad oficial.

El hacinamiento, alimentado por el abuso de la prisión preventiva y un sistema penitenciario aletargado, es un problema de larga data en Paraguay. El sistema judicial está colapsado. Y las causas son evidentes: la burocracia, el descuido de los jueces y fiscales, y el fracaso del encarcelamiento masivo para frenar la delincuencia, entre algunos de los principales problemas.
La respuesta de Peña se concentró en reforzar la capacidad del Ministerio de Justicia. Pero cuando una prisión como el Centro Penitenciario de Emboscada alberga a 1 511 reclusos, a pesar de haber sido diseñada para 408, resulta casi imposible mantener el control dentro de sus muros. En tales condiciones, prosperan los grupos criminales.

Con tantos presos a la espera de juicio —solo 339 internos de Emboscada han sido condenados—, muchos se encuentran atrapados en un limbo incontrolable e indefinido. En tales condiciones, buscan protección en la integración a los mencionados grupos criminales.