Hermanos de “anjá”

Innumerables problemas abruman hoy a la muy impopular presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, por tensiones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el debate sobre la pena de muerte y la reciente promulgación de la ley de amnistía, cuestiones que la mantienen impertérrita, aunque no es así cuando tiene que salir en defensa de su hermano Nicanor, siempre envuelto en una que otra fechoría.

Además, coincidió con un golpe judicial a su entorno más cercano: el mismo día, la Fiscalía allanó la vivienda de su hermano, por vínculos con una organización criminal que estaría encabezada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
De acuerdo con la investigación, cuando Santiváñez ocupaba el cargo de Ministro del Interior favoreció al abogado Percy Alberto Tenorio Gamonal en la recuperación de terrenos de la minera El Dorado. A cambio, no solo se habría solicitado un pago económico, sino también la extensión de “arraigos laborales” a favor de Nicanor.

Desde hace meses, el Ejecutivo y el Congreso impulsan iniciativas que han generado fricciones con organismos internacionales de derechos humanos. El hecho más reciente fue la promulgación, por parte de la presidenta, de una ley que concede amnistía a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados e incluso condenados por delitos cometidos durante la etapa fujimorista entre 1980 y el 2000.

La amnistía incluye a criminales sin sentencia firme y a sentenciados mayores de 70 años. La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exhortó a suspender su tramitación, por considerar que contraviene obligaciones internacionales asumidas por Perú.

Lejos de acatar el pronunciamiento, Boluarte -sabiéndose protegida por la reacción- consideró la exhortación como una intromisión.

La posibilidad de salir del sistema interamericano ha sido mencionada en varias ocasiones por miembros del Ejecutivo, todos de derecha. En junio, el primer ministro Eduardo Arana anunció ante el Congreso la conformación una comisión para evaluar esta medida, señalando hipócritamente que “es un aspecto de sumo interés para el Congreso y la ciudadanía en general”.

Y es que la soberanía no está reñida con el respeto a los tratados internacionales, pese a lo que cree el gobierno.

Empero, la mandataria insistió en que “no vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos a nuestra voluntad nacional interfieran en nuestras decisiones soberanas”. Según explicó, la norma tendría como objetivo “ampliar los alcances” del concepto jurídico de soberanía “a la realidad contemporánea”, con el fin de que “el Perú afirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino”.

Como parte de las acciones para proteger a su hermano de “todos los males que el comunismo quiere achacarle”, la mandataria ha mantenido en su cargo al investigado Santiváñez, quien, subrayamos, volvió al gabinete a pesar de que fue censurado por el Congreso hace cinco meses por “incapacidad” en la lucha contra la criminalidad, y actualmente, como indicamos antes, enfrenta una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, con impedimento de salida del país.

MANIOBRA POLÍTICA

El anuncio de la ley sobre soberanía se enmarca en otro tema sensible: la propuesta del Ejecutivo para instaurar la pena de muerte para delitos graves como violación de menores, feminicidio y sicariato. El 18 de marzo pasado, Boluarte afirmó que esta medida sería “una responsabilidad histórica” y pidió debatirla con celeridad.

“Estoy convencida de que aquellos que asesinan o violan a menores de edad, a mujeres indefensas, o a niños, ya no tienen forma de que se puedan resocializar, y es ahí donde se tenga que aplicar para estos criminales la pena de muerte”, sostuvo.

No obstante, la aplicación de la pena capital enfrenta una barrera constitucional e internacional. La Constitución solo la admite para casos de traición a la patria, y el Pacto de San José, ratificado en 1978, prohíbe ampliar su alcance. Por ello, cualquier intento de restituirla implicaría necesariamente denunciar este tratado, es decir, abandonar el sistema interamericano.

En la misma línea, el constitucionalista Heber Joel Campos recuerda que el artículo 55 de la Constitución establece que los tratados suscritos por el Estado y en vigor son parte del derecho nacional: “El Perú es un país soberano. Y los acuerdos que adoptó son una manifestación de dicha soberanía. Por el contrario, desconocer nuestros compromisos internacionales pone en cuestión nuestra credibilidad. Y nos expone a sanciones que emanan de esos mismos compromisos que celebramos libremente”, señaló al diario Expreso.

Campos agregó que los desacuerdos con la justicia internacional deben canalizarse en las instancias correspondientes, “y no dar pie a respuestas incongruentes con la Constitución y el Derecho Internacional”.

Por su parte, el abogado Erick Urbina enfatizó: “Actualmente se establece que todos los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional. Esto no es una violación a nuestra soberanía, sino el ejercicio pleno de la misma”.

Una eventual denuncia de la Convención Americana no es automática. Reyes explica que solo la presidenta puede iniciar este trámite, y que sus efectos se materializan un año después de notificarla. Incluso durante ese plazo, la Corte IDH conserva competencia sobre los hechos ocurridos previamente, como las muertes en las protestas de 2022 y 2023, en las que la mandataria estuvo muy implicada.

“¿Por qué Boluarte lo hace en este momento? A ella le queda menos de un año de gobierno. Es decir, estaría tomando una decisión que no va a surtir efectos durante su gobierno. [...] El próximo gobierno podría dejar sin efecto esa denuncia”, destacó.

HERMANÍSIMOS

“A mis padres que están en el cielo, Nicanor y Ercilia, por su legado de amor, de honestidad, de resiliencia y que dentro de su sencillez de habernos educado a sus 14 hijos con valores y poder decir con orgullo: los 14 hijos somos personas honorables, decentes, no tenemos malas mañas como la corrupción y aquí podemos decir, que los hijos de Nicanor y Ercilia no tenemos rabo de paja.”

Emotivas palabras ensayadas o no de Dilma, cuando el Poder Judicial dictó prisión preventiva contra su hermano, y sostuvo que “ningún ruido político, ninguna voz que busca dividirnos detendrá la ruta de desarrollo”.

Antes cuestionó que su hermano “domingo a domingo” sea “el protagonista principal” de diversos reportajes, y remarcó que su hermano no es parte del gobierno luego que el medio Panorama revelara que Víctor Torres Merino, cercano a los hermanos Boluarte, obtuvo tres órdenes irregulares de servicio por 35 000 soles en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para realizar pausas activas cuando la mandataria era titular de dicho sector.

Antes, la presidenta dijo que su hermano “está en su total libertad de recibir a quien se le pegue la gana”. Ello luego de que otro medio, Cuarto poder, revelara que el distrito de Nanchoc (Cajamarca) recibió casi 20 millones de soles, después de una visita que el alcalde de esa jurisdicción, Nixon Hoyos, hizo a Nicanor el día de su cumpleaños. Como es costumbra Dina salió a defender a su hermano:

“Es claramente otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”.

EMBARRADÍSIMO

Pero la presidenta no ha podido impedir que la fiscalía investigue a Nicanor como líder de una red criminal. Se le imputa haberse valido de contactos en diversas áreas públicas (Ministerio del Interior y otros) para lograr la inscripción de su partido Ciudadanos por el Perú (CPP), a través de prefectos y subprefectos nombrados a su pedido.

Boluarte es investigado junto con más de 20 personas, entre ellas Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno Interior. A este último se le imputa haber emitido resoluciones con las designaciones de prefectos que se encargarían, posteriormente, del llenado de fichas de firmas para la inscripción de CPP. La agrupación logró su afiliación al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) en enero de este año.

Bajo las supuestas órdenes de Boluarte Zegarra, el investigado Ortíz Marreros dispuso la designación del exprefecto regional de Cajamarca, Noriel Chingay y de los subprefectos regionales Gilmer Flores Fernández y Jorge Spelucín Angulo.

En mayo del 2023, la Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que el hermano de la presidenta promovía la organización de un partido político en el cual participan funcionarios de los sectores del Interior y de Desarrollo e Inclusión Social.

En dicho informe ese diario -nada sospechoso de ser de izquierda- mostró conversaciones de WhatsApp, que evidenciaban coordinaciones cuando la mandataria Boluarte apenas tenía dos meses en el cargo.

En el chat grupal del mencionado partido, en el cual el hermano de Dina Boluarte aparece como el administrador, El Comercio identificó entre sus integrantes a prefectos y subprefectos de diferentes zonas del país, nombrados por la Dirección General de Gobierno Interior. También a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del que Dina Boluarte fue ministra hasta noviembre del 2022.

Por este caso, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó en noviembre del 2024, 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte. El magistrado concluyó, en su decisión, que existen elementos que demostrarían que el hermano presidencial y otros, habrían incurrido en los delitos imputados por la fiscalía. Sin embargo, la orden fue revocada por el conservador Congreso.

En noviembre del 2024, días antes de que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara la orden de prisión preventiva en su contra, Nicanor ya no se conectaba a las audiencias y su paradero era desconocido. Así permaneció varias semanas.

Pese al tiempo transcurrido, el nombre del hermano de la presidenta de la República no fue colocado en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior.

El entonces primer ministro Gustavo Adrianzén justificó la decisión argumentando que no existían “los elementos suficientes” para incluirlo en dicha lista.

En enero del 2025, gracias a las leyes del Congreso, logró que se revoque su prisión preventiva.

No obstante, continúa siendo investigado por el caso Los Waykis en la sombra. No logró que se archive el delito de organización criminal en su caso, ni que este sea excluido del Subsistema Judicial de Crimen Organizado y pase a un juzgado común.
En marzo de este año, “Cuarto Poder” reveló que Nicanor seguía manteniendo reuniones con funcionarios públicos y proveedores del Estado, pese a la investigación que afronta por Los Waykis en la sombra.

Según el dominical, los encuentros se realizaban en una oficina ubicada en Miraflores, donde opera la ONG “Las manos que ayudan de corazón”.