Guatemala: Corrupción que se mantiene y amplía

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Guatemala: Corrupción que se mantiene y amplía
Fecha de publicación: 
15 Agosto 2022
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Guatemala, escenario hoy de manifestaciones contra la corrupción, ha sido teatro durante años de escándalos al respecto, así como de continuadas violaciones de los derechos humanos, de las que no escapa como autor el presidente Alejandro Giammattei, que apenas cuenta con el 15% de aprobación en encuestas verdaderamente dignas de confianza, algo que no es usual en esta América nuestra.

En las protestas participan estudiantes, indígenas y miembros de organizaciones sociales que se han opuesto a las prácticas de un mandatario que no se inmuta por nada, incluido ante la comprobada denuncia de haber utilizado su influencia en la mas reciente selección del rector de la única universidad estatal del país.

"Se está protestando contra la corrupción y la impunidad que siguen empujando al gobierno de Giannetti y al pacto de corruptos", dijo a periodistas Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina, una de las organizaciones que convocó a la marcha que fue custodiada por decenas de policías, que tenían la orden de usar armas de fuego si fueran necesarias.

En la protesta también se denunció una campaña de criminalización de opositores, como el procesamiento el martes por supuesto lavado de dinero del periodista José Rubén Zamora, titular del diario El Periódico, un medio que ha publicado informaciones sobre actos de corrupción de Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras.

El mandatario conservador fue acusado de crear un clima de corrupción junto a Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos, que la incluyó en una nómina de personas "corruptas y antidemocráticas", o Lista Engels.

La sanción ocurrió después de que Porras despidió a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, quien sospechaba de un posible soborno de cuatro empresarios a Giannetti para operar un puerto en el Caribe.

"Cuando no actúas contra la corrupción, la estás apoyando", señalaba una pancarta en la marcha, en la que también se reclamó por el alto costo de la vida, debido al aumento en los precios de alimentos y medicinas, entre otros productos básicos, además de descuidar la lucha contra la pobreza y desatender sectores como la salud y la educación.

En julio último, en entrevista con la AFP, el Defensor del Pueblo, Jordán Rodas, dijo que Guatemala atraviesa uno de sus peores momentos de corrupción, al ser gobernada por un régimen autoritario, con instituciones cooptadas y persecución a fiscales y jueces que investigaron mafias.

SIN SECRETO

No es un secreto que narcotráfico y el crimen organizado internacional ya han infiltrado las instituciones guatemaltecas y el Congreso no es la excepción.

Los principales líderes de los partidos más fuertes o con mayor representatividad están señalados en distintos casos de corrupción o se les vincula a redes de narcotráfico. Sandra Torres, la candidata a la presidencia en las últimas elecciones de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ha sido acusada en un caso de corrupción por financiamiento electoral ilícito.

La UNE es precisamente, el partido político que permitió al calificado de gran corrupto Gustavo Alejas ocupar el cargo de secretario presidencial, y en la investigación de “Comisiones Paralelas 2020” se estableció que varios de los diputados actuales colaboraron con él. Por otro lado, el máximo líder del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), que representa la tercera fuerza en el Congreso, y también candidato presidencial en el 2018, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

Si el Tribunal Constitucional reconoce que el modelo de elección “está agotado”, entonces no es posible subsanar en el Congreso los errores que viene arrastrando el proceso.  Existen suficientes evidencias de injerencia por distintos sectores durante la etapa que se desarrolló ante las comisiones de postulación. La integración de las nóminas fue manipulada desde el inicio del proceso y el que un candidato/a no esté involucrado en un caso penal, no asegura su idoneidad ni su integridad, y tampoco implica que tenga las competencias para el desempeño de la judicatura. Los parámetros fijados por la Corte no son suficientes para garantizar la capacidad, idoneidad y honradez de los nominados.

Para garantizar que Guatemala siga siendo el paraíso de los delincuentes, con niveles de más del 90% de impunidad, los criminales necesitan controlar la justicia. Consentir que el Congreso lleve a cabo la elección de magistrados en este contexto, sin garantizar una evaluación objetiva y profunda de los candidatos, equivale a condenar al país a ser un Estado sin justicia, un total Estado Fallido, donde la ley queda en manos de los grupos criminales.

Así, la paz queda comprometida y existe el peligro del retroceso hacia aquella era en que Guatemala era un escenario de continuadas matanzas, en las que el ejército ahogaba en sangre la lucha insurreccional, destruyendo aldeas, mientras asesinaba a todos sus habitantes, incluidos niños, mujeres y ancianos.

 

 

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