El dinero es dinero… ¿aunque sea en transferencia?

Las autoridades cubanas, en los últimos años, han establecido regulaciones para garantizar que todos los proveedores de bienes y servicios en el mercado minorista cuenten con opciones de pago electrónico. Sin embargo, la implementación cabal de estas medidas ha enfrentado obstáculos y no pocas veces los clientes quedan afectados ante la negativa de algunos establecimientos de recibir pagos alternativos al efectivo tradicional. 

Una de las disposiciones jurídicas relacionadas con el tema salió a la luz en 2023, cuando el Banco Central de Cuba implementó su Resolución 111, cuyo  objetivo es fomentar el uso de plataformas electrónicas y reducir la cantidad de efectivo circulante. Ello, en teoría, facilitaría la transición a una economía más digitalizada. No obstante, la escasez de liquidez y las dificultades tecnológicas han generado tensiones en el comercio minorista.

Sin importar la obligatoriedad, muchos lugares continúan evitando el uso de mecanismos digitales. Respuestas como “ya recogimos toda la transferencia que podíamos aceptar hoy”, “a esta hora ya no se puede recibir transferencia”, “tengo que consultar con el jefe”, “esa cantidad no puede ser por transferencia” y otras similares se han convertido en meras justificaciones para limitar alternativas que le asisten por derecho a la ciudadanía. 
 
Las razones esgrimidas por quienes deberían acabar de aceptar modos electrónicos de pago como algo cotidiano varían. A veces se percibe falta de cultura digital en los responsables de ejercer los cobros. Frecuentemente sus argumentos giran en torno a la inestabilidad de las plataformas cubanas para tales operaciones (Transfermóvil y En zona) o a dificultades con la cobertura móvil. En otras ocasiones, justifican con supuestas dificultades que tendrían para acceder a los ingresos por ventas si estos son depositados en sus cuentas bancarias.  

Sea como fuere, los clientes enfrentan la problemática más compleja. La crisis de efectivo se ha convertido en un dolor de cabeza diario. Los bancos no pueden satisfacer la demanda y los cajeros automáticos están vacíos la mayor parte del tiempo. Obtener billetes en circulación se ha vuelto una tarea titánica. Pero no debería serlo, pues el dinero es dinero… aunque sea en transferencia. Si se lograra que más actores económicos aceptaran pagos alternativos sin reticencias, seguramente disminuiría la presión que se ha visto compulsada a ejercer la población sobre el dinero en papel. 

Por suerte, la vida cotidiana también cuenta con ejemplos positivos. Si bien parecen menos usuales, existen casos de establecimientos en los que pagar electrónicamente no supone una experiencia en la que el cliente debe pelear —a veces infructuosamente— por ejercer un derecho que el vendedor pretende limitarle. 

Se trata de una situación estrechamente ligada a la inflación y las distorsiones macroeconómicas que afectan al país. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional ha provocado un ambiente incierto, en el que la liquidez del dinero en efectivo se convierte en un recurso codiciado. 

A pesar de los desafíos, autoridades y expertos insisten en que la digitalización de los pagos puede ser una vía para mejorar la transparencia en las transacciones y reducir prácticas informales en el comercio. Para ello, resulta imprescindible que todos los actores económicos adopten con compromiso los mecanismos digitales y garanticen así el derecho de los ciudadanos a elegir libremente su forma de pago.