Después de 34 meses en el poder, el gobierno de Daniel Noboa publicó por primera vez un Plan Nacional de Seguridad que convierte la cooperación internacional en uno de sus pilares para combatir al crimen organizado. Sin embargo, el documento no detalla los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas que regirán esa colaboración, precisamente cuando la alianza con Estados Unidos enfrenta el mayor escrutinio desde que comenzó el conflicto armado interno. Mientras, los homicidios continúan en niveles históricamente altos y se acumulan denuncias por violaciones de derechos humanos.

Ecuador había cerrado el 2025 con  9 216 homicidios, la cifra más alta de su historia y la que presenta en este año sigue por el mismo camino, a pesar de la intervención de tropas norteamericanas en el terreno, siendo Guayas, Los Ríos y Manabí los lugares que concentran mayor violencia, en tanto el crimen organizado expandió su control en casi todo el país.

El aumento de los homicidios en Ecuador generó presión política y social sobre el Gobierno. Durante 2025, el Ejecutivo reforzó operativos militares, controles carcelarios y estados de excepción en varias provincias.

Pese a estas acciones, analistas en seguridad advirtieron que la violencia persistió debido a factores estructurales. Entre ellos destacan la corrupción, la debilidad institucional y el crecimiento del narcotráfico como eje de la economía criminal.

O sea, dentro del propio gobierno se generan condiciones para que esta violencia persista y sirva de escudo oficial en las contiendas electorales siempre aprovechadas por el actual mandatario.

EN LA ÓRBITA DE TRUMP

La guerra contra el crimen organizado y las mañas oficiales para mantenerse en el poder aprovechando el miedo de la población ha servido de pretexto a Noboa para bailar directamente en la férula trumpista, acercando a Ecuador con Estados Unidos como nunca antes. Desde la llegada de Daniel Noboa al poder, ambos países han suscrito 67 compromisos bilaterales, el doble de los firmados durante los dos gobiernos anteriores.

La seguridad concentra la mayor parte de esa relación, convertida en el eje de la estrategia oficial tras la declaratoria del conflicto armado interno en enero del 2024 y reforzada con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Esa alianza, que el gobierno presenta como indispensable para enfrentar al narcotráfico, enfrenta ahora un escrutinio inédito tras un informe de la nada antinorteamericana Human Rights Watch (HRW) que plantea interrogantes sobre el papel de Estados Unidos en ataques contra una finca en la Amazonia ecuatoriana y en tres incidentes contra embarcaciones pesqueras en el Pacífico.

El informe de HRW, titulado Una alianza peligrosa, abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, documenta cuatro operaciones militares en las que identifica violaciones de derechos humanos y cuestiona la falta de transparencia, rendición de cuentas y control sobre la cooperación en seguridad entre ambos países.

El documento registra cuatro incidentes, el primero ocurrió entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, en San Martín, un asentamiento rural de 27 familias en la provincia de Sucumbíos, en la frontera entre Colombia y Ecuador, cuya subsistencia depende de actividades agrícolas y que fue bombardeado por soldados ecuatorianos.

El gobierno ecuatoriano mostró como “exitosa” la operación ―catalogada así también por Estados Unidos― a través de un tráiler de cuatro segundos de imágenes de un helicóptero sobrevolando la selva, un grupo de militares y, después, una explosión. Una bomba directa sobre lo que el gobierno describió como un centro de descanso y entrenamiento de narcotraficantes de la organización criminal Comandos de la Frontera.

Días después, los testimonios de lo ocurrido contaban otra historia. Cuatro trabajadores de la finca denunciaron que fueron detenidos y torturados en el Batallón de Selva 56, un recinto militar ubicado a unos 32 kilómetros al sur de la finca, adonde fueron trasladados por militares ecuatorianos, según un informe policial al que Human Rights Watch tuvo acceso y documentación proporcionada por la Fiscalía General del Estado. “Me echaban agua y luego me pringaban”, relató uno de ellos a la organización, en referencia a descargas eléctricas. Otro aseguró que los soldados lo amenazaron con un arma de fuego y con cortarle los dedos o arrancarle las uñas. Los hombres fueron liberados sin que se presentaran cargos en su contra.

El gobierno ecuatoriano afirmó que una fiscal se negó a presentar cargos contra los hombres “por miedo”, pero lo que esta señaló a HRW fue bien distinto: “Los soldados no proporcionaron información ni pruebas suficientes para acusar a los trabajadores, quienes no tenían antecedentes penales”, y al final se comprobó que ni la finca ni sus trabajadores tenían vínculos con Comandos de la Frontera ni con otras estructuras del crimen organizado.

“Esta alianza a la fecha no ha hecho que los ecuatorianos estén más seguros”, dice Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Lejos de una cooperación que esté basada en inteligencia de alta calidad, que realmente llevara al procesamiento de estructuras de crimen organizado, lo que hay es uso de recursos de Estados Unidos y Ecuador para bombardear propiedades y torturar. Ninguno contribuyó en nada a desarticular una red de crimen organizado”, señala.

COMPLICIDAD

La oposición presionó a los legisladores del oficialismo, que son mayoría -gracias a  corruptos dirigentes de organizaciones indígenas-, para impulsar una investigación, pero cuando hay un interés noboísta de no investigar, los pedidos quedan detenidos. Es una estrategia, que se repite en varios casos polémicos en el que está envuelto el Ejecutivo. 

Los legisladores del oficialismo se muestran abiertos a investigar, para imponer en el imaginario de la ciudadanía que están fiscalizando,, pero en realidad están impidiendo que la oposición tome el control, y los casos quedan estancado.

En otros casos, los asambleístas del oficialismo ni siquiera han dado paso a debatir la posibilidad de una fiscalización sobre los límites de los acuerdos que mantiene Ecuador con Estados Unidos, como los bombardeos a tres embarcaciones pesqueras ecuatorianas en el Pacífico, cerca de las islas Galápagos, con cuatro trabajadores heridos, pero no permitieron ni siquiera hacer un cambio al orden del día.

En la represión generalizada en la nación suramericana participan de empresas privadas de seguridad en las operaciones marítimas, entre ellas Vectus Global, vinculada a Erik Prince, fundador de Blackwater. Noboa y Prince se reunieron en marzo del 2025, en plena campaña electoral, cuando el presidente anunció una “alianza estratégica” para fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo y combatir la pesca ilegal.

En fin, la relación de Ecuador con su principal aliado, Estados Unidos, deja varias preguntas sin respuesta: qué papel desempeñó Estados Unidos en las operaciones investigadas, cuáles son los límites de esa cooperación y quién fiscaliza las actuaciones de fuerzas extranjeras cuando operan en apoyo de la estrategia ecuatoriana contra el crimen organizado.

Este y otros temas importantes. Como la presión ejercida casi dictatorialmente contra la oposición serán temas a abordar en próximo trabajo.