Hay que verlo para creerlo. Parece que ha sido una eternidad el desempeño de Consuelo Porras Argueta como fiscal general de Guatemala durante ocho años al frente del Ministerio Público donde fue complaciente y participativa en todo tipo de corrupción, además de mantener en vilo, atacado y bloqueado todo el tiempo al actual mandatario, Bernardo Arévalo.

Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el 17 de mayo venidero, cuando vence su período, después de que el lunes quedará fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspiraba por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.

"Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo", aseguró el presidente Arévalo en declaraciones recogidas por EFE, que especificó que será el propio mandatario quien elija a quien sucederá a su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en el 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca efectuado ni comprobado.

PERO…

… pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en el 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país -influido por la extrema derecha- obligó su ingreso al listado final de aspirantes.

La susodicha siempre ha alardeado de haber permanecido impune, pese  a recaer sobre ella serias acusaciones por corrupción, así como de socavar la denominada democracia representativa durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.

Estados Unidos la sancionó en el 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.

La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales del 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas la nada democrática y ambivalente Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil, así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.

Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado, al recordar que lleva más de 800 días con una "protección oficiosa" al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios sobre este aspecto durante su gobierno.

SUCIO PROCEDER

Porras asumió el puesto en mayo del 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.

Fue elegida para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de presos políticos.

Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.

En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del gobierno de Arévalo, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín, quien cumple prisión domiciliaria.

Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las ya mencionadas tensiones con Arévalo desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.

ARÉVALO, CLAROSCUROS

Cuando el canciller trumpista, Marco Rubio, realizó su primera visita a Centroamérica, al único presidente que no elogió fue Bernardo Arévalo, quien tampoco fue invitado a una reunión del colorado mandatario con sus más fieles correveidiles del continente.

Cuestionado en política interna por el no cumplimiento con problemas que castigan a la ciudadanía como la extorsión, la corrupción y la creciente delincuencia, en sus pocos dos años de mandato su Administración se ha enfocado en la educación, remozando 22 000 centros educativos y contratando a 13 000 nuevos maestros.

De igual manera, también destacó que en su gobierno el programa denominado “Mano a mano” ha permitido colocar pisos de cemento en 50 000 hogares y que por tanto 11 municipios han sido declarados “sin pisos de tierra reduciendo las enfermedades gastrointestinales y pulmonares”.

El gobernante también recordó las negociaciones con Estados Unidos para que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump no entrarán en vigor en el 70% de productos estipulados, pero desconocemos si este acápite influyó posteriormente para que rescindiera el contrato con la brigada médica cubana, pretextando que sería reemplazada por elementos locales.

Al respecto, ciudadanos progresistas de todo el mundo, “calificando a Arévalo de hombre honesto, le han pedido que reconsidere esa decisión tan perjudicial para el pueblo guatemalteco y pensar con el corazón de los pueblos más vulnerables que dejarían de recibir la cooperación médica cubana, y rectificar, que errar es de humanos, y rectificar de sabios como dice el refrán. Y seguir la voz de tu Ministro de Salud, cuyo padre estará viendo que reviertas esa decisión, sin importar las presiones que todos sabemos de dónde vienen”.