En este contexto se encuentran las más recientes  acciones terroristas en el departamento del Cauca que no van contra las fuerzas armadas, sino contra la población civil, la más reciente de las cuales causó 22 muertos y 36 heridos, con la utilización de una bombona de gas y otros pertrechos que se sospecha fueron enviados desde Ecuador, cuyo régimen ha declarado una virtual guerra económica contra su vecino y hasta ha bombardeado una zona fronteriza, confiado en el apoyo irrestricto de Trump con armas, soldados e inteligencia para eliminar a gobiernos que no siguen su dictado.

Al respecto, hace unas horas las autoridades colombianas capturaron a José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, uno de los responsables del criminal atentado con el cilindro bomba. La detención se realizó en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

Poco antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos usados en el departamento del Cauca llegaron desde Ecuador.

"Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen que llegan, ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador", dijo Petro en una alocución televisada.

En su alocución, Petro advirtió que con atentados como el del Cauca los narcotraficantes buscan sabotear las elecciones presidenciales -cuya primera vuelta se llevará a cabo el próximo 31 de mayo- para que gane la extrema derecha por miedo, y añadió que por ello los grupos armados han cambiado sus objetivos y ahora atacan a civiles, subrayando:

"No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador".

La orden de Petro se produce en un momento de crisis en las relaciones con Ecuador, que comenzó con una imposición de aranceles a los productos colombianos ordenada por el presidente de ese país, Daniel Noboa, con el argumento de que Colombia no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico y otros delitos en la frontera común.

Colombia respondió a la guerra arancelaria, que se agravó por otras diferencias luego de que Petro calificara como preso político al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y acusara a Noboa de dejarlo morir de hambre, tras ser secuestrarlo por fuerzas policiales en el allanamiento de la embajada de México en Quito, lo cual provocó que el gobierno mexicano rompiera las relaciones diplomáticas.

Además, militares norteamericanos dirigen a las locales en acciones fronterizas supuestamente contra el narcotráfico y la delincuencia, que ya se extiende a varias provincias del país, provocando enfrentamientos armados, graves daños a la población civil y más violencia cuando los uniformados locales y su apoyo estadounidense se marchan del lugar.

Hay que recordar que Noboa intentó modificar la Constitución para, entre otras cuestiones, permitir la entrada de tropas extranjeras, lo cual le fue negado ampliamente en un referendo popular al respecto, pero él le hizo a esto el caso del perro, como se dice comúnmente.

EL EX REFUGIO DE PAZ

Hasta agencias nada amistosas con el correísmo han reconocido abierta o veladamente que la Revolución Ciudadana de diez años consolidó a Ecuador como refugio de paz en los Andes.

Ahora es el más violento de Suramérica. Esa transformación ha sido vertiginosa. En el 2016, un acuerdo de paz histórico en Colombia desmovilizó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, que eran uno de los mayores proveedores de cocaína de la región. Las organizaciones internacionales de narcotráfico, buscando llenar el vacío, centraron la mirada en Ecuador. El país lo tenía todo: cercanía geográfica a Perú y Colombia, los principales productores de coca del mundo, buenas carreteras y puertos de aguas profundas que ofrecen una línea de exportación a los mercados de cocaína de Estados Unidos y Europa.

Estas ventajas, sumadas a la corrupción estatal, la debilidad de las instituciones judiciales y de inteligencia y el colapso del sistema penitenciario, han puesto al país en el centro de la cadena mundial de suministro de cocaína. Las bandas violentas que buscan participar en el negocio compiten por el control de las rutas de tráfico y de las comunidades a las que pueden forzar y extorsionar, sobre todo a lo largo de la costa del Pacífico. Las tasas de homicidio, que en el 2020 eran de 7,7 por cada 100 000 habitantes, se han disparado hasta alrededor de 50, la más alta de América Latina.

El presidente Daniel Noboa, desde que llegó al poder en el 2023, ha instaurado una campaña militar enérgica. Sin embargo, su apuesta por el ejército, sumado a la llegada de militares norteamericanos, no ha traído paz. Por el contrario, ha desencadenado nuevas oleadas de violencia contra las comunidades.
En este contexto hay que destacar que su familia, la más rica del país, embarca miles de cajas de bananos al exterior y, se ha comprobado, en muchas de ellas hay un paquete de cocaína, lo cual se sigue realizando con total impunidad.

AÚN MÁS GRAVE

El historial reciente de Ecuador demuestra que más soldados —incluso con presencia estadounidense— no resolverán el problema.

Ecuador ha recurrido a sus militares en crisis de seguridad anteriores. En agosto del 2023, el presidente Guillermo Lasso desplegó a las fuerzas armadas en unas elecciones generales, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pero el uso de Noboa de la fuerza militar es inusual por su escala y duración.

En enero del 2024, en medio del aumento de la violencia —atentados con bomba, secuestros de agentes de policía, motines carcelarios y un asalto contra una transmisión televisiva en vivo en Guayaquil—, el presidente declaró el estado de excepción. Esto le permitió desplegar al ejército para combatir a 22 grupos delictivos que el gobierno designó organizaciones terroristas. Empezó a trasladar soldados a las cárceles, a ordenar redadas en barrios densamente poblados y a detener a miles de personas, suspendiendo repetidamente derechos civiles en el proceso.

Pero los asesinatos volvieron a aumentar a medida que la estrategia represiva de Noboa desencadenaba nuevas oleadas de violencia en todo el país.

En las comunidades más vulnerables de Ecuador, los soldados no siempre patrullan las calles; a menudo, se limitan a llevar a cabo operativos específicos contra los grupos delictivos y sus miembros y se retiran con la misma rapidez, exponiendo a la población civil a represalias criminales brutales. Cada detención o asesinato de los líderes de las pandillas también desencadena una lucha por las ganancias y el liderazgo, lo que impulsa a los miembros más jóvenes y despiadados a ascender en la jerarquía criminal.

El año pasado, Flor de Bastión tenía dos o tres pandillas; hoy hay muchas más, lo que hace casi imposible saber quién controla cada cuadra. La situación de seguridad en estos lugares es crítica.

Para los habitantes de las zonas ocupadas por pandillas, la violencia se ha infiltrado en la vida cotidiana. El sonido de los disparos es algo de todos los días. Los civiles tienen que dar pagos de extorsión elevados, que estiran los presupuestos familiares y llevan a la quiebra a los pequeños negocios. Estos pagos son una fuente crucial de ingresos para las pandillas, y quien se niegue o no pueda pagar se enfrenta a consecuencias violentas.

La población pierde la fe en sus supuestos protectores, porque algunos oficiales han sido coaccionados o corrompidos por los grupos criminales que deben combatir. Así, los agentes de policía actúan en connivencia con los delincuentes, enfocando la represión en los rivales de alguna pandilla. Las organizaciones de derechos humanos han documentado graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, desde tortura y violencia sexual en las cárceles hasta desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Quienes pueden permitírselo huyen a zonas más seguras.

Muchos ecuatorianos, tanto civiles como militares, creen que la fuerza por sí sola no puede resolver la difícil situación del país. En lugar de ello, afirman, el país debe abordar las condiciones —incluida la falta de educación, empleo y atención médica— que han originado la ola de delincuencia.