Pero en la realidad puede ser un equivalente, al constatar la libre entrada de fuerzas militares norteamericanas en territorio ecuatoriano, sus bombardeos contra supuestos reductos delincuenciales y de minería ilegal y desarrollar actividades en las inmediaciones de la frontera con Colombia, sospechándose que han entregado armamentos y explosivos a disidencias dedicadas en estos momentos a sembrar el terror en la región del Cauca.

Por lo tanto, no están mal fundadas las acusaciones del presidente Gustavo Petro de que las recientes matanzas de civiles tienen como objetivo influir mediante el miedo en los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 31, con el fin de que un gobierno de derecha dirija a la nación suramericana.

Empero, y a pesar de la guerra económica que le declaró Noboa, Petro intentó aligerar las tensiones en vez de avivarlas: "Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras".
Sin embargo, su homólogo ecuatoriano optó por reunirse con el reaccionario expresidente colombiano Álvaro Uribe, por lo cual Petro subrayó su acusación de que “ la alianza Uribe/Noboa intenta agredir las elecciones de Colombia”.
Más adelante agregó: “Estamos ante el esfuerzo de la extrema derecha de llenar de miedo las urnas y nosotros las llenamos de esperanza”.

SU SERVIL SERVIDOR

Ecuador intensificó en las últimas semanas la "guerra" que desde hace más de dos años el presidente Daniel Noboa declaró a sus competidores del crimen organizado, impulsado ahora por la implicación de Estados Unidos en operaciones conjuntas que buscan plasmar el rimbombante "Escudo de las Américas" presentado hace algunos días por Donald Trump junto al ecuatoriano y otros presidentes de derecha de Latinoamérica. Esto derivó en algunos bombardeos en zonas fronterizas de Ecuador con Colombia que llevaron a Petro, a denunciar impactos en territorio de su país y las sospechas de la mencionada ayuda en armas y explosivos a grupos disidentes que intensifican sus crímenes contra la población civil.

En el encuentro con Trump se oficializó una "coalición militar" contra los carteles del narcotráfico en Latinoamérica. Días después, aseguraron haber bombardeado un campamento en territorio ecuatoriano de los Comandos de la Frontera (CDF), sin detallar qué tipo de soporte logístico u operativo había brindado Estados Unidos. Denuncias posteriores en la zona señalaban que lo atacado eran fincas ganaderas y no campamentos de grupos armados, lo que hasta ahora no ha sido respondido desde el gobierno ecuatoriano.

En paralelo, según AP, se extendieron  de cuatro a nueve provincias el estado de excepción y las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una ofensiva contra la minería ilegal en zonas fronterizas de Colombia y Perú, mediante bombardeos a campamentos usados para estas actividades, también promovidas por el crimen organizado.

El gobierno afirmó que 129 campamentos de mineros ilegales y 94 bocaminas fueron destruidos en nueve días de operaciones en el Parque Nacional Podocarpus, una de las mayores reservas naturales de Ecuador, donde han usado artillería pesada con lanzamisiles portátiles.

Afirma AFP que los periodistas han sido prohibidos en las llamadas zonas de operaciones, al parecer porque discrepan de la forma en que el gobierno está actuando.

JUNTA DEL NARCOTRÁFICO

La explosión que sacudió una vía del departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, y dejó al menos 21 muertos, en uno de los atentados contra civiles más letales de la violenta historia del país, atribuida en un primer momento a Iván Mordisco —jefe de la principal disidencia de las antiguas FARC—, no es un episodio aislado: es el último capítulo de un pulso abierto entre los grupos armados y el Estado colombiano, y un golpe directo a la apuesta de “paz total” con la que Gustavo Petro llegó al poder.

La reacción inmediata del presidente Petro fue llamar a los criminales “terroristas, fascistas y narcotraficantes”. En su cuenta de X aseguró que estos grupos buscan el regreso de la extrema derecha al poder para proteger sus economías ilícitas, y pidió una persecución internacional contra la organización. “Quiero la máxima persecución mundial contra este grupo narcoterrorista”, dijo.

En su alocución presidencial de la noche de este lunes, Petro amplió su denuncia y convirtió el atentado en el Cauca en un asunto trasnacional. El presidente pidió a las autoridades de su país que investiguen su principal hipótesis: que los explosivos utilizados en el ataque —como en casos anteriores— provienen de Ecuador. Apunta a que detrás de todo estaría la Junta del narcotráfico, una estructura criminal con sede en Dubái, que desde allí controla el tráfico global de cocaína y dirige a los grupos armados en Colombia.

Si bien reconoció que su país es el principal productor de cocaína del mundo, asegura que esta droga es transportada desde los puertos de Ecuador. De allí que desde el país vecino los narcotraficantes busquen mantener la cadena de suministro. El objetivo, dice, es generar miedo y caos para sabotear las elecciones y que en Colombia gane la extrema derecha.

“El jefe de los frentes del Cauca no es Iván Mordisco, que es el segundo en jerarquía. Es la Junta del narcotráfico”, sostuvo Petro. Durante la alocución mostró la denuncia que interpuso ante la Corte Penal Internacional para que investigue a Mordisco por delitos contra la humanidad, y añadió que buscará que la acusación se amplíe a todos los jefes de los frentes que operan en el Cauca. Mencionó específicamente a alias Marlon, señalado de orquestar el ataque del fin de semana.
En los primeros cuatro meses del 2026, Colombia ya suma 48 matanzas, con 229 víctimas mortales, la mayoría civiles, según la organización Indepaz. Es el récord de la última década. Con estas cifras, que son solo un panorama parcial de la violencia del país, este año electoral se perfila ya como el más violento desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en el 2016.

CONSIDERACIONES

Independientemente de que este tipo de criminal acción contribuye o forma parte del plan que Noboa cumple con lo trazado por el Imperio, la elección de civiles como objetivo —de carácter demencial— responde a una lógica estratégica: “Generar daño al gobierno, atacar al liderazgo social e indígena de la región y, sobre todo, golpear la perspectiva de continuidad del proceso político que vive el país”. No se trata solo de matar, sino de sembrar el caos, de hacer inviable la paz (parcial y, por supuesto, total) a pocas semanas de la primera vuelta de las presidenciales.

Desestabilizar el país es parte de la estrategia de los grupos armados en Colombia para garantizar su supervivencia, coinciden los expertos. La principal hipótesis de la Fiscalía colombiana sobre el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que sacudió el país hace casi un año, es que se trató de un intento de otra de las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, por hacer tambalear las estructuras del Estado. Poner al país a pelear supone debilitar al Estado y facilitar que los grupos armados sigan dominando las rentables economías ilícitas que los sostienen.

El pulso de los grupos criminales contra el Estado suele estar concentrado en determinadas zonas de Colombia, las más afectadas por el conflicto armado, donde la disputa por el territorio deja a decenas de miles de civiles entre los disparos. En esas zonas, además, se concentran extensas zonas de cultivo de coca, marihuana y extracción ilegal de oro. Todos estos lugares han sufrido altibajos de violencia en los últimos años.