Desde la complaciente La Prensa hasta el infame libelo argentino Infobae reconocen que con la llegada espuria e impuesta por Donald Trump en escandaloso e inocultable fraude electoral de Nasry Asfura a la presidencia de Honduras, las pandillas, el narcotráfico y la violencia es el signo de ese al que llaman eufemísticamente Papi a la orden.

La impunidad es el caldo de cultivo en el que Honduras se desangra. El narcotráfico ha permeado en muchos poderes estatales a través de la financiación de campañas políticas. La cadena de la violencia comprende desde el pandillero al congresista comprado por el crimen organizado. Así ocurre en todos los municipios de uno de los países más violentos del mundo.

La izquierda, robada en los comicios. ha desaparecido virtualmente del escenario, solo para ser nombrada cuando aparecen en cualquier recurva los cuerpos de sus activistas asesinados, con signos evidentes de tortura.

Desde que el ultraderechista Nasry Asfura asumió el mando del Gobierno en Honduras y los homicidios ya incrementaron en un 5.65 %. Solamente en marzo de 2026 se registraron 39 homicidios más que en el mismo mes de 2025. Además, según los reportes de Interpol ya se registran más desapariciones más en 2026 que las reportadas hasta inicios de abril de 2025.

En ese contexto, la gestión del ministro de Seguridad ha sido cuestionada por el nombramiento de oficiales señalados anteriormente por crímenes en puestos de liderazgo dentro de la estructura policial.

Ahora las maras ya no extorsionan a los pequeños. Son organizaciones, funcionan como grandes empresas, son dueños de empresas. Cada grupo tiene dividido ya sus sectores, ya no pelean por territorios, todo está definido y tienen el control y el tráfico de drogas en esos sectores propios. Se preocupan ahora por tener una buena implantación e imagen en las comunidades, para que la policía no vaya a sorprenderlos. Una implantación social de las maras que ocupan los espacios vacíos que el actual Estado hondureño no alcanza a ocupar.

El sociólogo Fermín Laínez ha estudiado las diferentes mutaciones que han vivido las pandillas en Honduras y no duda en apuntar hacia arriba a cómo el poder político ha instrumentalizado a pandilleros. “Te lo resumo principalmente que fueron cooptados por grupos militares. De hecho, en el 2017, estos grupos fueron utilizados para causar los disturbios en ese tiempo para que se mantuviera en el poder Juan Orlando Hernández (expresidente del país condenado por narcotráfico en EE.UU. Y luego indultado por Trump, por instancias de Marco Rubio, quien era, es, amiguito del mandatario que introdujo más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

“Nunca el joven de pandilla ha tenido el control, siempre ha sido cooptado” afirma Laínez cuya historia personal ejemplifica la hidra del crimen en el país que conecta pandillas, narco y poder. El pandillero que lo salvó de la muerte, tras un secuestro ordenado desde el poder, apareció después muerto.

Si en los años del gobierno progresista de izquierda la violencia bajó un 26% y se viabilizaban proyectos de inserción social, con el ahijado de Trump el crimen y todo lo punible asociado a él se ha vuelto a disparar, al encontrar un clima más propicio para ello.

La simbiosis entre narco y poder político es una gangrena en Honduras. La financiación de las campañas políticas es la puerta de entrada del narcotráfico y el problema del origen es el costo de las campañas, según apunta el director de Flacso Honduras, Rolando Sierra. "En el caso de Honduras las campañas son de alto costo. Hay mucha inversión en publicidad, inversión en recorrer el país. De hecho, hay candidatos a diputados que lo que invierten en su campaña electoral es mucho más de lo que van a recibir como salario en los en cuatro años. Entonces, frente a esto, busca, se busca el dinero donde se puede encontrar y eso abre la puerta del narcotráfico".

LA TUTELA DE EE.UU.

Estados Unidos siempre ha tutelado la política hondureña. Por ello, son muchas las voces que no dudan en señalar la responsabilidad de Washington en el manejo de la seguridad del estado hondureño. Julio Uclés, presidente de la Federación de Patronatos de Chamalecón en San Pedro Sula, se atreve a señalarlo claramente:

"Definitivamente, el crimen organizado premió la institucionalidad del país por completo. Y también a los partidos políticos que son parte de la sociedad. Pero también había que ver el estado de responsabilidad que han tenido nuestros cooperantes, nuestros socios en permitir estas cosas también, porque la embajada americana tuvo conocimiento desde mucho tiempo atrás de actos reñidos con la ley y los permitió hasta que a ellos les convino".

La impunidad es también la base de acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos vinculados con las élites poderosas. Y los periodistas corren riesgos por denunciarlo. Osman Reyes fue el presidente del Colegio de Periodistas Hondureño. "Desde el año 2000 hasta aquí, en 25 años, tenemos 104 periodistas asesinados. Lo más terrible es que en su gran mayoría, casi el 93% están en completa impunidad. Nunca se investigó las causas. Alguna gente después, el caso de algunos narcotraficantes en las cortes de Estados Unidos, revelaron que ellos habían mandado a asesinar a estos periodistas por el trabajo que realizaban", explica.

Pagar con la vida por denunciar es moneda de cambio, no solo para periodistas, también para medioambientalistas. Hace 10 años, el caso de Berta Cáceres impactó al mundo. La activista sufrió una persecución constante durante años que obligó a parte de su familia a abandonar el país. Su hija, Berta Zúñiga Cáceres, continúa una década después empeñada en llevar ante la justicia al autor intelectual del asesinato de su madre.

Asesinatos, desapariciones y torturas con fines interesados y sobre una base de impunidad. Un patrón sistemático amparado por negligencia institucional en un país demasiado acostumbrado a la violencia y a la muerte. Homicidios aumentan, el problema es crítico.