Pues sí señor, Nasry Asfura ponderó el periodismo “independiente” y celebró que este haya sido un factor importante para la transición “pacífica” en Honduras, refiriéndose al golpe de Estado electoral que le hizo asumir la Presidencia.

Siempre guiado por un consultor político argentino -puesto a su disposición por el gobierno de Milei-, el sátrapa se ha forrado y atacado a Reporteros de Investigación y su directora, la periodista Wendy Fúnez,  utilizando un discurso intimidatorio que busca desacreditar, silenciar y eventualmente eliminar a un medio crítico del debate público en Honduras.

El ataque surge en fechas recientes, cuando Fernando Cerimedo —consultor político con amplia presencia en campañas electorales en América Latina y señalado públicamente como asesor del entonces candidato presidencial Nasry “Papi” Asfura— reaccionó de forma agresiva contra Reporteros de Investigación tras la publicación del reportaje titulado: Hubo abuso de poder de Donald Trump y violaciones a derechos humanos.

Dicha investigación periodística reveló que, según declaraciones de al menos dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), la proclamación de resultados electorales favorables a Nasry Asfura habría ocurrido en un contexto de presiones políticas internacionales, incluyendo señalamientos de injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Posteriormente, Cerimedo utilizó sus plataformas digitales para emitir una serie de mensajes hostiles, entre ellos la declaración de una “misión personal de vida” contra el medio, el anuncio explícito de una “guerra personal” contra Reporteros de Investigación; expresiones en las que manifiesta su intención de que el medio “no exista más”, calificándolo como un “medio promotor de la izquierda empobrecedora”;  y mensajes que normalizan la persecución política y mediática como mecanismo de silenciamiento.

En otras ocasiones, Cerimedo ha protagonizado enfrentamientos públicos con dirigentes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y Partido Liberal, reforzando un patrón de hostilidad hacia voces críticas y opositoras.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) considero que las declaraciones de Cerimedo constituyen una amenaza real y concreta debido a su posición de poder e influencia política, al estar vinculado a una figura presidencial; lenguaje beligerante, que puede incentivar ataques digitales, físicos o judiciales terceros; y el contexto postelectoral, históricamente marcado por altos niveles de violencia política y agresiones a periodistas en Honduras.

Estas acciones no solo afectan a Wendy Fúnez, sino que generan un efecto inhibidor sobre otros periodistas y medios independientes, atentando contra el derecho de la sociedad a estar informada.

C-Libre recuerda a dirigentes y militantes de los Partidos Políticos en Honduras que la Constitución de la República de Honduras, en el Artículo 72: “garantiza la libertad de expresión y de prensa, prohibiendo la censura previa y cualquier forma de coerción. Por otra parte, la Ley de Emisión del Pensamiento “protege el ejercicio periodístico y sanciona actos de intimidación y persecución”. El Código Penal Hondureño, “Tipifica las amenazas, la incitación al odio y las conductas que atenten contra derechos fundamentales.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, establece que la intimidación, amenazas y campañas de hostigamiento contra periodistas constituyen violaciones graves a la libertad de expresión. Así mismo la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar agresiones contra periodistas, incluso cuando provienen de actores no estatales con poder político.

Todo esto sucede en un ambiente cada vez más peligroso, con el incremento de crímenes de todo tipo, entre los que se encuentran asesinatos de figuras locales opositoras.

UNA BURLA

Asfura ratificó este lunes el compromiso de su gobierno con la libertad de prensa y definió el ejercicio periodístico ético como una “pieza fundamental para la construcción de la democracia y la paz” en el país centroamericano.

“Desde este gobierno ratificamos nuestro compromiso firme e inquebrantable con la libertad de prensa, con la tolerancia para poder oír y entender”, subrayó.

El mandatario, acompañado de algunos de sus más cercanos colaboradores y el presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano, entre otros invitados, asistió a la entrega del premio nacional Álvaro Contreras, del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), que este año recayó en la periodista Lucía Alvarado.

Afirmó que trabajará “incansablemente» para garantizar que cada periodista en Honduras pueda desempeñar su labor en condiciones de seguridad, integridad y respeto a la dignidad humana”, obviando que  Honduras sigue siendo un país de riesgo para el ejercicio del periodismo.

En lo que va del presente siglo han sido asesinados un centenar de periodistas y comunicadores, y el 90% de los casos están impunes.

Según la clasificación mundial de la Libertad de Prensa, Honduras ocupa el puesto 132 de 180, con una prensa que trabaja “en un entorno de violencia e impunidad que alimenta la autocensura y eleva los riesgos a la hora de cubrir la corrupción, el crimen organizado y los procesos electorales”, recuerda EFE.

La prensa hondureña trabaja en un entorno de violencia e impunidad que alimenta la autocensura y eleva los riesgos a la hora de cubrir la corrupción, el crimen organizado y los procesos electorales. La concentración de medios y el uso de presiones institucionales, incluido el acoso judicial, limitan el pluralismo y debilitan el derecho a la información.

Y ES QUE…

…  en Honduras, la compra de los grandes medios por parte de inversores internacionales y la adquisición de medios locales por élites políticas y económicas entorpecen el pluralismo. Los principales diarios del país son La Prensa, El Heraldo y La Tribuna. En paralelo, se ha consolidado un periodismo digital de investigación expuesto a estigmatización, presiones locales y hostigamiento en Internet. En el ámbito territorial, radios y medios comunitarios operan con una alta vulnerabilidad por su dependencia publicitaria y la presencia de actores armados.

Las elecciones del 2025 y la transición de gobierno a comienzos de 2026 se desarrollaron en un clima de alta polarización y disputas sobre los resultados, con destacadas injerencias externas, como la ya comentada del respaldo público del presidente estadounidense, Donald Trump, a Nasry “Tito” Asfura, investido presidente el 27 de enero del 2026. Los periodistas se enfrentan a retos similares a los que encaraban con gobiernos anteriores: discursos denigrantes, el rechazo al acceso a las fuentes informativas y la falta de protección contra las amenazas.

La tasa de impunidad, en un país marcado por la violencia del crimen organizado y por la corrupción, es una de las más elevadas del continente. Se emprenden regularmente acciones judiciales abusivas contra los periodistas y las penas de prisión por difamación son habituales. En ocasiones, van acompañadas de la prohibición de volver a ejercer el oficio. El nuevo Código Penal, aprobado en el 2020, contiene artículos restrictivos, en especial, la penalización del derecho de manifestación y reunión. En el 2025, el jefe de las Fuerzas Armadas presentó querellas por difamación contra 12 medios y se documentaron presiones para forzar la revelación de fuentes. La difamación penal tiene un efecto inhibidor sobre investigaciones de interés público.

NADA DE IGUALDAD

Honduras es uno de los países menos igualitarios de América Latina. La precariedad laboral y la fragilidad financiera limitan la sostenibilidad del periodismo independiente, especialmente a nivel local. La dependencia publicitaria incrementa la vulnerabilidad editorial y favorece la autocensura. Aunque los medios independientes reciben recursos a través de los escasos proyectos de subvenciones internacionales, la mayoría debe llevar a cabo su labor en condiciones paupérrimas.  

En fin, el país vive un momento de polarización social que se traslada al espacio informativo mediante campañas de estigmatización y hostigamiento en línea. Las mujeres periodistas y los comunicadores indígenas se ven especialmente afectados, con ataques de carácter sexista o racista que en algunos casos alcanzan a sus entornos familiares. Faltan voces diversas en el debate público, en especial de las mujeres y de las comunidades.