Ni porque Trump por consejo del “susurrador” Marco Rubio decidiera elegir con amenazas, chantaje y fraude electoral sin precedentes a Nasry Asfura como presidente de Honduras, valió para que otros presidentes derechistas, como el salvadoreño Nayib Bukele, felicitaran al susodicho, dejándolo solo ante lo que representó y representa; el auge del crimen y la violencia, que había disminuido notablemente en el esquilmado anterior gobierno progresista, con algunos de sus activistas secuestrados y torturados hasta la muerte.

Tal como preconizaban que “Batista es el crimen”, el epíteto que se le puede achacar al ridículamente llamado Papi a la orden es similar, y más cuando ahora va implantando en algunos cargos elementos vinculados estrechamente con el expresidente Juan Orlando Hernández, quien, por consejo de Rubio -quien sí lo conocía-, fue indultado por Trump -quien nunca había oído hablar de él-, librándolo de una condena de 41 años dictada por un tribunal de Nueva York, por haber introducido más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos.

Ni hasta la tarifada prensa hondureña adscripta a la derecha, como el diario La Prensa, ha podido ocultar la continuada violencia en el gobierno de Asfura, con más de 700 muertes en lo que de año, sin contar la masacre ocurrida en un lugar llamado Cimarrón.

O sea, a escasos meses de haber tomado posesión el ultraderechista Nasry Asfura, el escenario de inseguridad que atraviesa el país es alarmante. Los informes estadísticos y los análisis de entidades internacionales exponen a una nación asfixiada por una criminalidad que no se detiene.

SIN JUSTIFICACIÓN

“No significa necesariamente un incremento exagerado; históricamente siempre se han presentado picos en los niveles de incidencia”, indicó el general Gerzon Velásquez, titular de Seguridad.

Frente a la frialdad de las declaraciones oficiales, la realidad en las calles confirma que la violencia no es una variable estadística, sino una crisis desbordada que sigue enlutando a las familias hondureñas bajo la actual gestión.

La brutalidad de los grupos criminales ha golpeado con fuerza el centro del país. Se ha ratificado que Honduras alcanzó su novena matanza múltiple, dejando un saldo de por lo menos más de 32 fallecidos; este evento representa el de mayor gravedad por el modus operandi de las organizaciones criminales.

La cruda verdad quedo evidenciada con el horrible hallazgo en Comayagüela. El Cuerpo de Bomberos informó el hallazgo de tres personas que fueron torturadas, desmembradas y posteriormente quemadas dentro de un refrigerador en la zona de El Cimarrón, en el municipio del Distrito Central M.D.C, en el departamento de Francisco Morazán.

En la actualidad, el radar de peligrosidad señala a San Pedro Sula, la capital Tegucigalpa y La Entrada, Copán, como los epicentros de la inseguridad. Asimismo, el departamento de Yoro presenta la mayor incidencia de homicidios, con focos rojos en municipios como El Progreso y Olanchito, debido a las pugnas delictivas.

¿DÓNDE ESTÁN LOS DESAPARECIDOS?

El drama hondureño se extiende más allá de los homicidios, liderando también las estadísticas de personas de las que se pierde el rastro. Datos de la Interpol colocan a Honduras como la nación centroamericana con el mayor volumen de desaparecidos con reporte oficial en este año. Mientras países vecinos como El Salvador muestran cifras nulas y Guatemala reporta 18 casos, Honduras duplica con creces los reportes de inicios del año pasado.

Sin dejar a un lado que Honduras encabeza el total de violaciones con 508 reportes en dónde las edades oscilan entre cero y 17 años,  240 son varones y 268 niñas, dejando a los adolescentes mayores de 12 años, más expuestos a este tipo de riesgos. Asimismo,  la población LGBTIQ+ en Honduras sigue enfrentando un panorama crítico de violencia estructural y exclusión que fuerza el desplazamiento interno y el exilio.

LO QUE HABÍA

Durante el año 2023, la administración de la presidenta Xiomara Castro ejecutó una ofensiva integral contra la criminalidad, mediante la aprobación del Plan Nacional de Solución Contra el Crimen en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, lo que permitió una coordinación sin precedentes entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para intervenir departamentos críticos como Colón, Olancho y Cortés.

La estrategia se vio reforzada por la consolidación del Estado de Excepción Parcial en más de 200 municipios, una herramienta jurídica que facilitó capturas directas contra estructuras de extorsión, y la implementación de toques de queda específicos en zonas de alta conflictividad como Choloma y San Pedro Sula para frenar el repunte de muertes múltiples.

De manera simultánea, tras los incidentes en el centro femenino PNFAS, el gobierno lanzó la Operación Fe y Esperanza, devolviendo el control del sistema penitenciario a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para desmantelar los centros de mando criminal mediante el decomiso de armamento de grueso calibre y sistemas de comunicación satelital.

Según los registros oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), este conjunto de acciones permitió una reducción en la tasa de homicidios, marcando una ruta de contención frente a los desafíos de seguridad ciudadana y el crimen organizado en el país.

En el 2024 se registró una reducción histórica del 20% en el número de homicidios en comparación con el año anterior, cerrando con 2 690 víctimas y una tasa nacional de 27,2 por cada 100 000 habitantes, según datos del Observatorio de la Violencia.
El avance se atribuyó a la continuidad del Estado de Excepción Parcial y al cumplimiento del 81% de las órdenes de captura pendientes, además de la incautación de más de 18 000 armas de fuego y la desarticulación de bandas dedicadas al microtráfico y la extorsión en departamentos clave como Francisco Morazán y Cortés.

¿Y AHORA?

Con Papi a la orden ya ha repuntado el narcotráfico, con una violencia que ha dejado de ser una percepción para convertirse en una ofensiva muy preocupante. Entre audios de extorsión que sentencian a muerte al sector transporte, 42 femicidios y muertes violentas de mujeres, el hallazgo de grandes cantidades de cultivos de hoja de coca y el polémico debate en el Congreso Nacional para tipificar a las maras como terroristas, el país se enfrenta a una reconfiguración agresiva del crimen organizado luego del cambio de mando presidencial impuesto por Trump.