Laura Fernández, del oficialista Partido del Pueblo Soberano, será la próxima presidenta de Costa Rica hasta el 2030 al vencer holgadamente en las elecciones generales celebradas este domingo, prometiendo la continuidad del quehacer político del mandatario Rodrigo Chaves, quien no podía aspirar nuevamente al prohibir la Constitución dos mandatos consecutivos.

Según el Tribunal Supremo Electoral, con el 88,43% de las actas escrutadas, Laura Fernández contaba con el 48,51% de votos, seguida por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (centroizquierda), con el 33,32%. El tercer puesto lo ocupaba Claudia Dobles, por la Coalición Agenda Ciudadana, con el 4,81% de los sufragios, seguida de cerca por Ariel Robles del Frente Amplio, con un 3,72%. A la justa se presentaron en total 20 aspirantes a la Presidencia.

El porcentaje de participación fue del 69,93%, mientras que la abstención se situó en el 30,07%, en unos comicios que transcurrieron sin graves incidentes.
Más de 3,7 millones de costarricenses estaban llamados a las urnas en todo el territorio nacional para elegir a su presidente, a los dos vicepresidentes y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el período 2026-2031.

Para alcanzar la Presidencia en primera vuelta, el candidato más votado debía superar al menos el 40% de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, los dos aspirantes con más votos deberían disputar una segunda ronda el 5 de abril.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, calificó las elecciones de "ejemplares, libres y auténticas" y subrayó la importancia de estos comicios para la vida política y social del país.

"A partir de esta noche debe abrirse un tiempo para sanar heridas, un proceso de distinción y, ¿por qué no?, de reconciliación, que concierne al conjunto de la sociedad costarricense, pero sobre todo a sus liderazgos políticos", afirmó. Al mismo tiempo, hizo un llamado a quienes no vieron cumplidas sus expectativas a "respetar el veredicto de las urnas sin renunciar por ello a la crítica democrática y a la vigilancia de los gobernantes", y recordó a quienes fueron favorecidos con el voto popular que "no representarán únicamente a quienes votaron por ustedes, sino a la totalidad de las y los costarricenses", velando por los intereses de una nación diversa y plural.

LA PRESIDENTA ELECTA

Laura Fernández es una politóloga que saltó a la primera línea política como una de las funcionarias más influyentes del gobierno de Rodrigo Chaves, donde se desempeñó como ministra de Planificación y luego como jefa de Gabinete, dos cargos desde los que coordinó políticas económicas y reformas administrativas.

Desarrolló su carrera como asesora legislativa y funcionaria vinculada a proyectos de reforma del Estado, hasta que en 2022 fue convocada al gabinete de Chaves. Desde allí se convirtió en una de las funcionarias más visibles del Gobierno, encargada de coordinar políticas administrativas y de impulsar cambios institucionales, entre ellos la denominada Ley Jaguar, una iniciativa destinada a limitar controles sobre la obra pública que finalmente fue frenada por la Justicia por inconstitucional.

“¿Por qué cambiar lo que nos está dando buenos resultados? Jamás”, plantea Fernández, quien se ha propuesto ejercer mano dura contra la delincuencia, al estilo del presidente salvadoreño, Najib Bukele.

Los comicios se han celebrado en un contexto marcado por la fuerte atención pública que suscitan la seguridad, la economía y gobernabilidad, así como la expectativa de una participación clave para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años.

La candidata oficialista se define como “consultora y funcionaria pública de carrera”, con experiencia en áreas tanto en el Poder Ejecutivo como Legislativo; y también como investigadora con conocimiento en temas de empleo público, proyectos de inversión pública y de cooperación internacional, de acuerdo con su biografía.

En su plan de gobierno, Fernández destaca los logros de la presidencia actual en materia económica y dice que esos son los puntos de partida para su eventual mandato hasta el 2030: el crecimiento económico, la caída del desempleo y la reducción de la deuda pública.

Costa Rica experimentó un repunte económico entre el año 2024 y la primera mitad de 2025, según señala el informe del Estado de la Nación 2025 (PEN), una iniciativa que analiza el desempeño del país desde hace más de 30 años. Esto lo posiciona como el país con el mejor comportamiento económico dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Sin embargo, el reporte también indica que el país enfrenta problemas de redistribución de la riqueza y plantea dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo.

INSEGURIDAD

El deterioro de la seguridad pública es un tema que pasó a ocupar el centro de las preocupaciones ciudadanas, tras el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado, un fenómeno inédito en la historia reciente de Costa Rica.

“Ha cambiado toda la rutina de ser un barrio tranquilo. Pasamos a un barrio donde la gente ya lo piensa hasta para ir a la pulpería, porque no se sabe, si se sale, si usted va a regresar a la casa”, dijo a CNN María Isabel Hernández, habitante de Hatillo, una de las zonas más pobladas de la capital de Costa Rica, San José.

El país, antes conocido como la “Suiza de Centroamérica”, enfrenta una realidad que genera temor a muchos ciudadanos. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) señaló que el 2025 fue el tercer año más violento registrado en Costa Rica, con una tasa de homicidios dolosos de 16,7 por cada 100 mil habitantes, muchos de ellos atribuidos por el Gobierno al narcotráfico y el enfrentamiento entre bandas delictivas.

Fernández propone suspender las garantías individuales en algunas zonas para capturar delincuentes vinculados al narcotráfico, lo que generó fuertes críticas de la oposición. Busca además fortalecer las sanciones contra el crimen organizado y continuar con la construcción de una cárcel de máxima seguridad “inspirada en modelos internacionales”, como el de Nayib Bukele en El Salvador, un proyecto que nació durante el mandato del presidente Chaves.

Para su sucesora, la estrategia en materia de seguridad se definió en 2022, cuando Chaves asumió el gobierno con la política “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”.

Según la candidata, esta estrategia busca construir un país seguro “mediante la articulación de múltiples actores sociales y se basa en la prevención social, la atención de la criminalidad común, el combate al crimen organizado y la defensa de la nación”.

Entre otros objetivos, Fernández dice que busca restaurar la confianza en el sistema judicial de Costa Rica; lograr un Estado más eficiente con mayor inclusión y seguridad social; modernizar la educación y lograr la sostenibilidad ambiental.

Durante años Costa Rica ser opuso al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, pero en la más reciente votación en Naciones Unidas se abstuvo, al doblegarse a la presión de la Administración norteamericana.