La Alcaldía de Boston, Massachusetts, Estados Unidos (EEUU) y su sistema de escuelas públicas introdujeron este miércoles 8 de julio una querella judicial contra gigantes digitales, como Meta y TikTok, por perjudicar el bienestar psicológico de los menores de edad.

Esta acción legal interpuesta ante el tribunal federal del Distrito Norte de California se suma a un litigio nacional respaldado por más de 1.500 distritos escolares del país norteamericano, reseña EFE.

La alcaldesa de la referida ciudad, Michelle Wu, detalló, a través de un comunicado, que estas corporaciones actúan con absoluta negligencia al dirigir sus productos hacia adolescentes con algoritmos elaborados para generar dependencia extrema.

   Las empresas de redes sociales tienen pruebas del daño que causan a nuestros niños, al diseñar plataformas que los mantienen enganchados a un desplazamiento interminable y monetizar su interacción a costa de su salud mental.

El recurso judicial exige a las firmas tecnológicas eliminar sus funciones nocivas y compensar a la ciudad por los recursos económicos invertidos para tratar a los estudiantes afectados a causa de estas prácticas digitales sin una supervisión de edad adecuada.

Como respaldo a esta denuncia, las autoridades citaron un informe del 2024 que evidencia que el 44 % de los alumnos de secundaria reportaron depresión persistente frente a un 27 % registrado en pesquisas de 2015.

El recurso legal explica que toda esta situación obligó a las instituciones educativas a incrementar su nómina de psicólogos y trabajadores sociales, para atender la crisis desatada entre la población juvenil por el uso prolongado de estas plataformas de entretenimiento.

“Hoy dejamos claro que las empresas de redes sociales deben poner fin a las prácticas abusivas y rendir cuentas conforme a las normas básicas de protección infantil”, dijo Wu.

Como complemento a este esfuerzo jurídico, el parlamento del estado de Massachusetts debate, actualmente, varias leyes orientadas a restringir el acceso a estas aplicaciones a menores de catorce años e instituir la autorización obligatoria de los padres para los adolescentes.