Que haya capeado dificultosamente su primer gran enfrentamiento con la gran masa de campesinos y obreros  descontentos con promesas de campaña incumplidas no significa remanso alguno para Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, quien ha tenido que recibir apoyo material de Estados Unidos como de los también regímenes derechistas de Argentina y Chile.

Tras dos meses de conflicto, la  crisis económica se ha acelerado y el gobierno está muy debilitado, y aunque los manifestantes han retrocedido en la exigencia de renuncia de Paz, éste se ha quedado sin apoyo para su sorpresiva reforma neoliberal, que no dio a conocer antes  de los comicios presidenciales, en los que aprovechó la honda división de una izquierda que no supo eliminar fricciones, luego de 20 años en el poder.

Las protestas, impulsadas inicialmente por la federación campesina Túpac Katari, sumaron el apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales. Las rutas fueron finalmente liberadas luego de que el Gobierno pactó un acuerdo con la COB y decretó, el 20 de junio, un estado de excepción por 90 días para desplegar a la Policía y al Ejército.

Informe revela 22 muertos y 583 arrestados por los conflictos en Bolivia, además pérdidas económicas de más de 3.000 millones de dólares y desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Para Claudia Morales, de Reuters, Bolivia está como una persona que se ha quedado inmovilizada en la cama durante más de 50 días y ahora le cuesta volver a caminar, luego de protestas que exigían su renuncia, al considerar que había dado la espalda con sus políticas públicas a los sectores populares, los que, paradójicamente, lo eligieron mandatario en el 2025.

Sostenido por los militares y apoyo material de las derechas que van controlando el continente, para el mal de los pueblos, Paz aguantó el embiste, pero a un costo muy alto. Lo más grave, dada la recesión que atraviesa Bolivia, es el deterioro económico: solo recuperar las carreteras bloqueadas durante el conflicto costará 13 millones de dólares. En lo social, ha perdido el apoyo de su base electoral y las clases urbanas cuestionan su eficiencia.

El pronóstico de crecimiento económico en Bolivia ya era negativo antes de que comenzaran las movilizaciones: el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional vaticinaron para este año una contracción del PIB de más del 3%, el peor desempeño de la región. La predicción desesperaba aún más a los sectores productivos y comerciales, que vieron sus actividades paralizadas por los conflictos: el área exportadora asegura que las pérdidas superan los 980 millones de dólares; la turística, los 130 millones.

Además, la atracción de inversiones extranjeras se complica con el aumento del riesgo país, el diferencial entre el interés que paga un país por su deuda en comparación al que paga la Reserva Federal estadounidense por sus bonos.

Las clases medias y altas se impacientaron con la postergada solución al conflicto y exigían una política de mano dura al gobierno, que decretara el estado de excepción y desplegara al Ejército. Paz lo hizo, pero cuando las manifestaciones ya aminoraban y después de firmar un acuerdo de pacificación con los obreros sindicalizados, una de las columnas de las protestas. El politólogo y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, Marcelo Silva, asegura que, si bien al mandatario le sirvió la estrategia de desgaste y cooptación de líderes, ha salido debilitado. “Que Paz se haya quedado en el gobierno no significa que esté más fuerte políticamente. La percepción ciudadana con relación a su gobierno no es la mejor, porque gran parte de la ciudadanía se ha sentido indefensa”.

El trato firmado entre Paz y un gran segmento de los movilizados incluye rechazar la privatización de las empresas públicas estratégicas, no aceptar imposiciones ni condicionamientos de bancos internacionales o instituciones financieras a la política económica interna y respetar la soberanía nacional, entre otros puntos. Estos términos obligarán a Paz a postergar las reformas estructurales que tenía en agenda para cambiar el modelo económico de Bolivia y abrirla al capital privado. El Ejecutivo había anunciado antes del conflicto que iba a mandar a la Asamblea 10 leyes de minería, hidrocarburos o comercio exterior. Son normas que podrían ser objeto de polémica y cuestionamiento social.

Romper el acuerdo no parece una opción viable para Paz. Ahondaría la ruptura de su gestión con los movimientos sociales, campesinos indígenas o choferes del transporte público. Este bloque popular es mayoría en Bolivia, llevó al poder al Movimiento al Socialismo (MAS) y lo mantuvo allí durante 20 años (2006-2025). El vicepresidente durante 14 años de ese período, Álvaro García Linera, dijo que no se podía gobernar sin ellos. Y es que en Bolivia, la gobernabilidad está bifurcada. Por un lado está lo institucional-formal a través de la Asamblea, donde Paz puede conseguir apoyos mediante negociaciones. El otro es el social, que reside en las organizaciones sociales y grupos corporativos con quienes Paz ha logrado una tregua, pero será difícil sellar alianzas y acuerdos.

El bloque popular, sin embargo, no está tan fortalecido como antes. Ha implosionado desde la estrepitosa caída en los comicios pasados del MAS, donde obtuvo poco más del 3%, y, si bien al principio del conflicto de este año mostró capacidad de movilización y organización, no logró su objetivo final de forzar la renuncia de Paz. El escritor aimara y miembro del colectivo indianista Jichha, Carlos Macusaya, dice que hay “una sensación de desazón” entre los movilizados. Resalta dos puntos que no permitieron lograr su meta: “Fue una movilización con un núcleo duro en lo rural que no logró irradiarse a otros sectores. El segundo factor es que el pedido de renuncia no estuvo acompañado de una agenda política”.

VACÍO DE LIDERAZGO

Es cierto que las protestas frenaron el ímpetu neoliberal de este gobierno, pero el incumplimiento del objetivo principal ha fraccionado al movimiento. Después de que los sindicalistas obreros firmaran el acuerdo de paz con el presidente, las organizaciones campesinas indígenas salieron a desconocer el tratado y llamaron a una masificación de las protestas que no ocurrió tras la declaración del estado de excepción. El líder de los obreros, Mario Argollo, fue llamado “traidor” y “vendido” por los campesinos de La Paz y Cochabamba. Los ejecutivos sindicales de estos últimos tampoco salieron ilesos y sufrieron reproches de sus seguidores en las reuniones para analizar las medidas a tomar en el conflicto.

“Cuando el MAS estaba en el poder, los movimientos generaron una articulación que fue manejada desde el gobierno. Entonces, cuando el partido implosiona, no se crean proyectos afines”, opina Macusaya. La ausencia o incompetencia de líderes para congregar las demandas de las bases sociales, como lo fueron en el pasado Felipe Quispe o el expresidente Evo Morales, es evidente: “Existe un vacío de liderazgo porque no hay una tradición, un cúmulo de experiencia con referencia de confrontar al poder. Venimos de una estabilidad donde las organizaciones respaldaban al gobierno y sus experiencias vienen desde la subordinación”.

Las federaciones campesinas han llamado a la “reorganización” y la “movilización permanente”. El Gobierno, mientras tanto, es consciente de que las grandes reformas anunciadas para intentar revertir el gris panorama económico tendrán que pasar por la fiscalización social, que tiene ahora como marco el acuerdo de pacificación firmado.