La República Bolivariana de Venezuela emitió este sábado un comunicado oficial para denunciar ante la comunidad internacional una nueva operación de manipulación promovida por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana. El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores alertó que Georgetown pretende fabricar una narrativa falsa de conflicto mediante la difusión irresponsable de supuestos incidentes armados.

El documento difundido por el canciller de la República, Yván Gil, destaca que las acusaciones sobre los presuntos hechos en el río Cuyuní carecen de evidencias verificables. Las autoridades diplomáticas señalaron que esta práctica forma parte de un patrón recurrente de las autoridades guyanesas para construir escenarios artificiales de tensión regional.

La posición oficial de la nación bolivariana sostiene que este tipo de montajes comunicacionales busca victimizar al Gobierno de Guyana ante los organismos multilaterales tradicionales. El comunicado enfatiza que estas maniobras de falsa bandera intentan desacreditar a Caracas y favorecer intereses de corporaciones transnacionales ajenas a la controversia territorial legítima.

La cancillería consideró revelador que los señalamientos coincidan con recientes actuaciones legales de la controversia y con la participación admitida de agencias de inteligencia extranjeras. Para el Gobierno venezolano, estas declaraciones evidencian un preocupante intento de internacionalizar artificialmente una situación estrictamente bilateral mediante el amparo de potencias occidentales.

Caracas rechazó categóricamente las provocaciones temerarias basadas en especulaciones políticas que vulneran los principios de buena vecindad y el respeto mutuo entre Estados soberanos. La diplomacia bolivariana instó a su contraparte a desistir de las agendas de confrontación promovidas por el Comando Sur de los Estados Unidos.

Venezuela reafirmó su compromiso histórico con la paz regional y con el estricto cumplimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966. El Estado venezolano ratificó que dicho tratado constituye el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria sobre la Guayana Esequiba.