Aseguran que desaparecen las cárceles como la de Alcatraz para mantener encerrados a los migrantes presuntamente indocumentados, pero lo cierto es que surgen otros hacinamientos en el estado norteamericano de Florida de los que no se habla y se mantiene a personas que estaban incluso en proceso de legalización, pero que no tienen la suerte que la piel tenga el color blanco apropiado.

Y aunque la competencia al respecto es entre varios estados, Florida presenta los peores augurios por tener una gusanera variopinta que controla enormes riquezas y una caterva de legisladores blancos de lamentable origen cubano que se han convertido en los principales enemigos de sus connacionales,  así como tener al frente del denominado Estado del Sol a un gobernador como Ron DeSantis, incansable en lo cerrar el cerco contra los migrantes con un paquete de nuevas leyes que incluiría desde una presunción de culpabilidad de facto en accidentes de tránsito, hasta sanciones penales para empresas que los contraten, además de restricciones al acceso a servicios financieros, licencias y al envío de remesas al extranjero.

En fin, el republicano Ron DeSantis se ha colocado a la vanguardia nacional en la ofensiva antiinmigrante impulsada por el presidente Donald Trump.

Florida ya exige desde hace dos años que las compañías con más de 25 empleados utilicen el sistema E-Verify para comprobar el estatus migratorio de sus trabajadores. La nueva propuesta de ley establecería penas más severas, incluyendo la revocación por un año de la licencia y multas de hasta 10 000 dólares para los negocios que violen la medida por primera vez, hasta cinco años y 100 000 en una segunda instancia, y la pérdida permanente de la licencia y penalidades de hasta un cuarto de millón en caso de reincidencia.

Las empresas que contraten más de 50 empleados en situación migratoria irregular incurrirían en un crimen que podría ser penado con cárcel y la pérdida completa de la licencia del negocio.

También establece restricciones para el envío de remesas a otros países desde Florida, uno de los mayores enclaves migratorios de América Latina. Los negocios de envío de remesas tendrían que verificar el estatus migratorio de quienes envían dinero, y podrían perder su licencia si incumplen la norma.

En el ámbito financiero, los bancos y otras instituciones tienen prohibido otorgar préstamos hipotecarios o asistencia para la compra de vivienda a personas en situación migratoria irregular. Estas quedarían además excluidas del programa estatal para compradores por primera vez, que permite comprar vivienda con un pago inicial más bajo y obtener préstamos con mejores tasas de interés.

Bajo el liderazgo de DeSantis, Florida se ha convertido en una especie de laboratorio para poner a prueba los límites legales de la agenda migratoria de Trump. El Estado ha levantado centros de detención de inmigrantes administrados por la División Estatal de Emergencias —como el infame Alligator Alcatraz, en los Everglades, que, afirman, ha sido cerrado,— y ha presionado a los gobiernos municipales para firmar acuerdos con las autoridades federales para arrestar migrantes, entre otras iniciativas.

El año pasado, Florida aprobó una ley que buscaba impedir la entrada al estado de personas en situación migratoria irregular. La legislación fue impugnada en los tribunales por organizaciones civiles y de derechos humanos, argumentando que vulneraba derechos constitucionales y que la ley estatal no puede estar por encima de las leyes migratorias federales. La jueza federal del Distrito, Kathleen Williams, les dio la razón y prohibió a Florida aplicar la ley.

El Estado apeló la decisión e incluso solicitó al Tribunal Supremo levantar la prohibición, sin éxito, mientras los demandantes argumentaron que Florida ya colabora ampliamente con las autoridades federales y no puede “hacer cumplir su propio sistema de inmigración”.

Otra iniciativa pretende impedir que los migrantes indocumentados accedan a universidades públicas o participen en programas estatales de educación para adultos financiados por el Estado, incluidas las clases de inglés como segundo idioma. La propuesta ampliaría una ley aprobada el año pasado que eliminó el beneficio de la matrícula estatal para estudiantes indocumentados.

AYER COMO HOY

Organizaciones no muy progresistas de derechos humanos, como Human Rights Watch, junto con entidades gubernamentales y no gubernamentales de expertos y monitoreo, han llevado a cabo numerosas investigaciones sobre las condiciones de detención de migrantes en Estados Unidos. Este informe documenta cómo, aunque la segunda administración Trump está utilizando prácticas abusivas similares a las de su primer gobierno, sus efectos se ven agravados debido al grave hacinamiento causado por las nuevas políticas estatales y locales, incluyendo en Florida, donde se centra este informe.

Si bien estos últimos hallazgos en Florida sirven de base para algunas de las recomendaciones sobre política pública que figuran en este informe, las recomendaciones también se basan en años de investigaciones y documentación.

Así, se documenta cómo el personal de tres centros de detención sometió a los detenidos a una atención médica peligrosamente deficiente, hacinamiento, tratos abusivos y restricciones de acceso a asistencia legal y psicosocial. Los funcionarios les negaron medicamentos esenciales a los detenidos y algunos estuvieron aislados en régimen de incomunicación como aparente castigo por pedir atención de salud mental.

Funcionarios de los centros de detención regresaron a algunos detenidos directamente desde los hospitales en los que fueron atendidos, sin brindarles tratamientos de seguimiento. A otros los detuvieron en aislamiento o los trasladaron sin previo aviso, lo que fue un obstáculo para su representación legal. Los detenidos fueron obligados a dormir en suelos de cemento, fríos, sin ropa de cama, y recibían comida que a veces era de mala calidad. En muchas ocasiones, los funcionarios ignoraron las necesidades médicas de los detenidos. Algunos funcionarios trataron a los detenidos de forma inhumana.

Estos hallazgos coinciden con los de un informe de la organización Americans for Immigrant Justice (AIJ) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 
En su informe, AIJ documentó graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en Krome. Junto con años de investigaciones realizadas por Human Rights Watch y otros expertos y organizaciones independientes en Estados Unidos, muestran el panorama de un sistema de detención migratoria que degrada, intimida y castiga a los migrantes.

Este informe revela que los centros de detención Krome y BTC son operados por contratistas privados, quienes afirmaron que “no podemos comentar públicamente los detalles de nuestro compromiso”.

VANGUARDIA VERGONZOSA

La campaña migratoria del presidente Donald Trump ha enfrentado una fuerte resistencia en ciudades santuario gobernadas por demócratas, donde la policía tiene prohibido colaborar, los funcionarios electos han respondido con firmeza y residentes locales han intentado defender a sus vecinos migrantes dando la alarma con silbidos, grabando videos con el celular y reprendiendo a los agentes federales enmascarados, considerados por muchos como una fuerza invasora.

Sin embargo, ese no ha sido el caso en la Florida gobernada por republicanos, donde 347 agencias estatales y locales se han sumado para participar en la campaña y han desatado una oleada de arrestos migratorios. Entre ellas hay departamentos de policía, la Guardia Nacional de Florida y la Patrulla de Caminos, pero también otras tan aparentemente improbables como la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre del estado y la Lotería de Florida.

El aumento de arrestos migratorios en Florida durante el segundo mandato de Trump ha pasado en gran medida desapercibido para la población, ya que muchos comienzan como paradas de tráfico policiales de rutina, la población civil parece apoyar más la iniciativa y las agencias estatales y municipales participantes están rechazando de plano las solicitudes de registros de arresto y videos de cámaras corporales, por indicación del Departamento de Seguridad Nacional.