El rechazo en el Congreso español de dos proyectos para humanizar el problema de la vivienda –tras movilizaciones sociales por el desalojo de una anciana, Maricarmen, fallecida hace unas horas-, ha provocado que el presidente Pedro Sánchez, adelantara para el 29 de noviembre las elecciones que tendrían normalmente que realizarse en el 2027.

La decisión fue motivada por el rechazo de la organización independentista catalana Junts, que generalmente ha apoyado últimamente al socialdemócrata y oficialista Partido Social Obrero Español (PSOE), uniéndose así a los votos en contra del derechista Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox, que ahora ven una oportunidad de ascender al poder.

Para Junts no habría que adelantar elecciones algunas, sino aprobar su proposición al respecto, según la cual, reforzaría la protección de las familias y actuaría contra los fondos buitres, mientras el Ministerio de Vivienda asegura haber incorporado buena parte de su petición.

El 74,5% de los encuestados por La Sexta valora positivamente el adelanto electoral. Por partidos, los simpatizantes del PP y de Vox ven, en más del 90%, con buenos ojos ir a las urnas antes del 2027. En el PSOE, más de la mitad están de acuerdo, mientras que en Sumar el porcentaje baja al 31,3.

Especialistas aseguran que el PSOE perdería 1,6 millones de votantes y 18 escaños, mientras Vox y PP sumarían 212 curules y el 53% de los votos.

Así, será el 29 de noviembre cuando los españoles elegirán a sus representantes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Sánchez tomó la decisión de adelantar las elecciones al conocer el 'no' de Junts a los decretos de vivienda: "Así no podemos seguir", dijo.

LA PROPUESTA INDEPENDENTISTA

Junts no se ha limitado a anunciar su voto en contra de los dos decretos de vivienda del Gobierno. La formación independentista ha entregado este viernes al PSOE un real decreto alternativo de 59 páginas con el que pretende fijar las condiciones para retomar la negociación después de la votación del Congreso. El texto al que ha tenido acceso Vozpópuli mantiene algunas de las medidas planteadas por el Ejecutivo contra los fondos de inversión y para proteger a los inquilinos vulnerables, pero cambia por completo el tratamiento de los pequeños propietarios.

La principal diferencia está en los alquileres. Junts rechaza tanto la renovación automática que reclamaba Sumar como la imposición de prórrogas al propietario. En su lugar, propone que casero e inquilino puedan pactar hasta dos años adicionales manteniendo las condiciones del contrato y utiliza la fiscalidad para incentivar esos acuerdos. El propietario podrá reducir hasta un 90% el rendimiento del alquiler, si rebaja la renta al menos un 5%, y un 70% si simplemente acepta la prórroga.

El texto también recupera una deducción del 15% del alquiler de la vivienda habitual para contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007 euros, con un máximo anual de 11.630 euros. A ello suma un IVA del 5% para determinada vivienda nueva destinada a residencia habitual, sometido a límites de precio, superficie y renta del comprador.

Junts endurece, en cambio, las restricciones para los grandes operadores. Hasta finales del 2028, bancos, fondos de inversión, fondos de capital riesgo y otras entidades financieras no podrían comprar viviendas salvo que las destinen durante cinco años a vivienda asequible, social o a determinados usos asistenciales. También limita las adquisiciones de grandes tenedores cuando se realicen por debajo del 70% del valor de tasación.

En los desahucios, la propuesta permite al juez suspender durante periodos de doce meses y hasta finales del 2028 los lanzamientos de familias vulnerables sin alternativa habitacional cuando la vivienda pertenezca a estos operadores. Para los impagos de alquiler introduce otra fórmula: la Administración podría abonar la deuda del inquilino vulnerable con fondos transferidos íntegramente por el Estado, evitando que el coste de esa protección recaiga sobre el propietario.

El decreto incluye además medidas contra la ocupación ilegal. Junts propone que el juez pueda acordar cautelarmente el desalojo en procedimientos por allanamiento o usurpación y concede al ocupante 48 horas para acreditar un título que justifique su permanencia en el inmueble. Los servicios sociales serían avisados si existe vulnerabilidad, pero esa comunicación no paralizaría el desalojo.

El documento llegó después de que Junts decidiera por unanimidad rechazar los dos decretos aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El partido de Carles Puigdemont sostiene que las medidas del Gobierno reducirán la oferta de alquiler, elevarán los precios y acabarán perjudicando precisamente a las familias con menos capacidad económica. Su condición para negociar es que el Ejecutivo retire ambos textos y utilice su propuesta como punto de partida para redactar uno nuevo.

SÁNCHEZ

Este lunes, en el Consejo de Ministros extraordinario Sánchez ha agradecido a los ministros el trabajo intenso de estos años. Con las Cortes ya disueltas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha empezado la precampaña electoral desde La Moncloa usando la mejor arma de cualquier Ejecutivo: el Boletín Oficial del Estado.

Sánchez ha comparecido después de que el Consejo de Ministros aprobara dos nuevos decretos similares a los que tumbó el Congreso la semana pasada. El primero, similar al llamado “decreto Maricarmen”, será el que sirva para parar desahucios, y entrará en vigor inmediatamente para que pueda ser utilizado por los abogados de personas al borde de quedarse en la calle para frenarlos. En esta segunda versión se le ha incorporado una novedad: 10 000 millones de euros en préstamos de hasta 50 000 por personas a interés cero para la adquisición de la primera vivienda. El objetivo, explica el Ejecutivo, es ayudar a personas con ingresos estables, pero sin ahorro a dar el salto a la propiedad.

El segundo, que tiene la extensión indefinida de los alquileres, no llegará a entrar en vigor presumiblemente porque no tiene votos en la diputación permanente para salir adelante y el presidente ha anunciado que no se aplicará hasta que se vote, o sea que nace muerto.  

En su comparecencia tras el Consejo de Ministros, Sánchez se ha centrado en el primero —que se había pactado con todos, incluido Junts— para entrar en campaña y reivindicar que el gobierno seguirá ejerciendo el poder hasta el final —esto es, que habrá más decretos— para proteger a los ciudadanos más vulnerables.

“Intervinimos en el mercado energético con la solución ibérica. Y funcionó. ¿Por qué no vamos a poder hacer lo mismo con un mercado que está muy por encima de las leyes de la oferta y la demanda? Con este decreto estamos interviniendo el mercado, algo que tiene un apoyo muy transversal en España. Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir ni un desahucio más como el de Maricarmen. Ni en lo que resta de legislatura ni esperemos en la siguiente si los ciudadanos nos dan una mayoría más rotunda”, ha clamado el presidente.

“Tengo la convicción de que, si la mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía en un asunto como la vivienda, la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento”, ha insistido en otro momento para justificar el adelanto electoral que tantas veces negó. Sánchez ha dejado claro que aún no tienen la garantía de que apoyarán el decreto —bastaría su voto, no es necesario el de Junts— pero se lo ha pedido. “Pido a los grupos que convaliden estos decretos en la diputación permanente. No es una cuestión ideológica, es de humanidad, de puro sentido común”, ha insistido.

“Cuando el Congreso da la espalda a la calle, el Gobierno no va a mirar hacia otro lado. Este es el gobierno de la gente, reivindico con orgullo esa vocación de servicio público. Nos debemos a esa gente que vive con angustia como sus salarios no valen para pagar el alquiler o la hipoteca”, ha continuado el presidente, que ante varias preguntas sobre el retraso de ocho años en aprobar medidas como esta, ha insistido en que en la anterior legislatura se tomaron medidas importantes como la ley de vivienda, pero en esta casi todo lo que se ha intentado ha sido derrotado en el Parlamento por la mayoría conservadora de PP, Vox y Junts.