El 17 de mayo de 1959, menos de seis meses después del triunfo de la Revolución, fue firmada por Fidel Castro, entonces primer ministro cubano, la Ley de Reforma Agraria. La controversial normativa no nacía de impulsos circunstanciales, sino que con ella el nuevo gobierno daba respuesta a uno de los puntos enunciados desde la época del asalto al cuartel Moncada: el problema de la tierra.

La Ley de Reforma Agraria benefició a miles de campesinos que durante el transcurso del siglo XX habían sido empujados a producir tierras cuya propiedad no detentaban. Sin embargo, su aplicación colocó irreversiblemente al imperialismo norteamericano y a la burguesía nacional agraria en un plano de hostilidad hacia la Revolución Cubana. El eco de los antagonismos destapados por la Ley llega hasta hoy.
 
El texto fue rubricado en La Plata, antigua comandancia del Ejército Rebelde en tiempos de la guerra en las montañas. Hasta allí viajó la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros. Rubricar la reforma en aquel escenario guerrillero convertía la decisión en un acto de continuidad histórica, que enlazaba la campaña militar, apoyada por el campesinado de la Sierra Maestra, con la transformación social que inauguraba la Revolución triunfante.

Esta norma jurídica no se limitaba a resolver un problema económico heredado, sino que representaba un giro estructural en la vida nacional. Al colocar en el centro al campesinado, el Gobierno Revolucionario buscaba transformar las relaciones de producción y sentar las bases de una justicia social largamente postergada. Un dato curioso en relación a los alcances de la disposición rubricada en mayo de 1959 aparece en el libro Gobierno Revolucionario Cubano. Primeros pasos. “A los ciudadanos extranjeros de bajos recursos, desposeídos, que trabajaban la tierra, se les concedió todos los beneficios, en igualdad con los que los campesinos cubanos tenían derecho (…)”.

Esa voluntad de justicia explica que la reforma no solo se enfocara en la propiedad de la tierra. Es decir, no se limitaba a dictaminar extensiones y otorgar a los campesinos la titularidad de las parcelas que labraban. La normativa traía consigo el propósito de entregar instrumentos y medios de producción. De acuerdo datos recogidos por estudiosos del tema, la decisión de aprobar la reforma proporcionaría beneficios a alrededor de 200 000 familias campesinas, hasta ese momento meras precaristas o productoras sin título ni derechos sobre las tierra en que residían o laboraban, de las que podían ser expulsados a discreción de los dueños legales.

A su vez, con la radical legislación, el poder revolucionario sacudía las cadenas del dominio neocolonial, al desmantelar el monopolio extranjero, principalmente estadounidense, sobre la mayor parte de los suelos cubanos. Ello se puede entender mejor si se conoce que, para mayo de 1959, 200 000 hectáreas del archipiélago eran latifundios extranjeros. Así explicaba décadas después Fidel Castro en entrevista con el periodista Ignacio Ramonet:

“Algunas empresas norteamericanas poseían grandes centrales azucareros e inmensas extensiones de tierra. Tenían tierras en un montón de países, pero aquí, históricamente, esas empresas eran muy poderosas y muy influyentes. No había otra alternativa que nacionalizarlas más tarde o más temprano. El proceso se acelera […] no porque tuviéramos idea de acelerarlo o de crear conflictos con Estados Unidos. El problema es que la primera Ley de Reforma Agraria, más radical o menos radical, era absolutamente inaceptable para un país cuyas empresas eran dueñas de las mejores tierras cañeras de Cuba”.

La normativa contemplaba la indemnización a los afectados con bonos pagaderos en un plazo de 20 años y un interés del 4.5 por ciento. Varios historiadores han coincidido en que la alternativa de compensación aprobada estuvo relacionada con la falta de liquidez para pagar en efectivo las expropiaciones. Muchos ex propietarios no aceptaron las condiciones. A lo largo de los años, el tema ha sido altamente politizado y objeto de debates desde múltiples aristas. El liderazgo revolucionario afirmaría, por su parte, que los compromisos contraídos con quienes aceptaron la oferta fueron debidamente honrados.

La Reforma Agraria definió claramente los alineamientos en torno al proceso revolucionario. Como ha apuntado el historiador Fabio Fernández, “se consolidó el bloque popular sostenido en la alianza de obreros, campesinos y otros sectores integrantes de los grupos subalternos; todos ellos representados por el liderazgo político en ejercicio”. Del otro lado, se cohesionó un frente opositor integrado por el capital imperialista, la burguesía latifundista y sectores industriales nacionales, cuyos intereses marcan hasta hoy una confrontación abierta con la Revolución.