Se dice oficialmente que la violencia ha disminuido en un anémico 11% desde que el presidente Daniel Noboa se “especializó” aún más en violar los derechos humanos en Ecuador, con crímenes abiertos y alevosos en los que han participado fuerzas militares norteamericanas, todo en un malsano ambiente de impunidad.

Mientras elementos represivos al servicio del gobierno realizan aparatosos ejercicios militares para demostrar su capacidad combativa, decenas de ecuatorianos siguen llegando a Guayaquil, la segunda ciudad de país, para declarar por sus familiares desaparecidos a manos del ejército u grupos paramilitares al servicio del oficialismo.

Pero Noboa no da marcha atrás y mantiene la ola represiva en toda la nación, mientras la delincuencia asociada a la judicatura se dedica a encarcelar a opositores, como acaba de suceder con la dirigente correísta Luisa Gonzáles, la principal crítica del mandatario.

Estos son los rostros de Ecuador bajo el mandato del presidente Daniel Noboa, mientras su represión entra en su tercer año. Un Estado militarizado, con la ayuda de Estados Unidos, con avances incipientes que contrastan con la preocupación por la erosión democrática, las violaciones de los derechos humanos y la impunidad impune, el factor que permite que la delincuencia prospere en la nación suramericana.

Noboa, de 38 años, asumió el cargo en elecciones especiales en el 2023 y fue reelegido el año pasado, heredando un país que había pasado de ser uno de los más seguros de Sudamérica a uno de los más violentos en la última década, debido a la lucha entre bandas por el control de las rutas de narcotráfico.

Estados Unidos está enviando asesores militares y aumentando la asistencia en materia de seguridad, mientras que Italia apoya la reforma penitenciaria. Por su parte, la economía ecuatoriana, que lleva mucho tiempo en dificultades, muestra signos de recuperación tras la profunda recesión del 2024.

Sin embargo, incluso con una aparente disminución de los homicidios, 2026 sigue encaminándose a ser el segundo año más violento en la historia de Ecuador. Los despliegues rotatorios de las fuerzas de seguridad ecuatorianas podrían estar simplemente fragmentando y dispersando a las bandas criminales, en lugar de desmantelarlas.

Así, Ecuador se enfrenta a la pregunta: ¿qué ocurre si la represión no mejora realmente la seguridad, mientras que las libertades civiles y la democracia se desvanecen en el proceso?

BOCHORNOSO

En el segundo mandato de Noboa, escándalos inquietantes han quedado impunes: ahora mueren más reclusos de hambre, tuberculosis y otras causas en las cárceles —más de mil el año pasado— que en los peores años de las masacres. El ministro del Interior, John Reemerge, consideró un suicidio la muerte en junio de la activista anticorrupción Mónica Silva, antes de que la autopsia revelara que había sido golpeada y estrangulada.

Un juez, Carlos Serrano, huyó al exilio tras rechazar la presión del jefe del poder judicial para que fuera indulgente con un blanqueador de dinero serbio (ante la presión, Noboa pidió posteriormente la dimisión del jefe, que este presentó).

Tripulaciones pesqueras son rastreadas por misteriosas aeronaves extranjeras, bombardeadas y desaparecen frente a las costas de Ecuador —a manos del ejército estadounidense o de contratistas militares privados—, sin que se lleve a cabo una investigación interna significativa para determinar qué está sucediendo. La lista continúa.

Las dudas sobre el rumbo del país van más allá de la oposición de izquierda. Luis Altamirano, general retirado que en su día comandó el ejército, declaró a AQ que teme que la guerra contra las pandillas se haya convertido en un fin en sí misma: un medio para justificar presupuestos opacos y cada vez mayores sin una estrategia más amplia: “Nos venden la idea de avanzar hacia el horizonte», dijo, «pero a cada paso que damos, el horizonte sigue estando a la misma distancia”.

Mientras tanto, Ecuador está pagando las consecuencias. La ONU documentó al menos 51 presuntos casos de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado en el 2024 y 2025. Solo un conjunto de casos —el de cuatro menores en Guayaquil cuyos cuerpos calcinados fueron encontrados posteriormente— derivó en la condena de 16 miembros de la Fuerza Aérea. Tras haber atribuido inicialmente su desaparición a las pandillas, el gobierno posteriormente se apoderó del sistema de cámaras municipales que había captado pruebas clave.

RETROCESO

La llamada democracia representativa se está erosionando en múltiples frentes, con escasa resistencia. Esta primavera, tres partidos de oposición —entre ellos Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y el mayor bloque en el Congreso— fueron suspendidos o disueltos por presuntas irregularidades o investigaciones penales, mientras que un cuarto se encuentra bajo investigación. 

Posteriormente, la autoridad electoral adelantó las elecciones locales a noviembre, impidiendo de hecho la participación de estas organizaciones políticas.

Antes de la detención arbitraria de la dirigente Luisa González, la fiscalía ha allanado, citado y encarcelado a los alcaldes de Cuenca, Quito y Esmeraldas, respectivamente; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se encuentra en una prisión de máxima seguridad desde febrero, tras prometer revelar “la verdad sobre el narcotráfico y los puertos” de la ciudad. Muchos interpretaron esto como una referencia a las repetidas incautaciones de cocaína en los cargamentos de banano de la empresa familiar Noboa y la posible implicación del presidente.

El Tribunal Constitucional, el máximo órgano de revisión constitucional del país y un singular control del poder ejecutivo, también está bajo presión, desde que un interventor afín al gobierno anunció auditorías a sus jueces, dos de los cuales se enfrentan ahora a investigaciones penales.

Ecuador fue en su día una nación que protestaba, derrocando a varios presidentes en las décadas de 1990 y 2000 y paralizando el país repetidamente desde entonces. Últimamente, la protesta ha disminuido. El gobierno respondió a las grandes manifestaciones del pasado octubre con el enjuiciamiento de líderes de la sociedad civil, la congelación de activos y una respuesta policial que dejó decenas de heridos. Desde entonces no se han producido protestas de igual magnitud. El miedo puede ser un factor. Otro es que la oposición consume energía, y con más de 300 000 ecuatorianos desplazados internamente —la tercera cifra más alta de América— e innumerables personas más que sufren extorsión y violencia a diario, esa energía escasea.

A todo se le agrega una infame política exterior supeditada a Estados Unidos que incluyó hace unos días el apoyo al criminal e injustificado bloqueo al pueblo de Cuba.