En medio de la vorágine de la guerra, los líderes revolucionarios se entregaron a la tarea de darle un soporte institucional a su lucha. No bastaba con la fuerza de los machetes ni con la disciplina de los campamentos: hacía falta un marco jurídico que organizara la vida civil de manera coherente. En ese contexto se convocó a una asamblea constituyente. Esta tuvo lugar en Jimaguayú en septiembre de 1895.

Allí se debatieron las bases de un nuevo orden para la nación en armas. Más allá del importante ejercicio jurídico que por naturaleza resultó, la que pasó a la historia como Asamblea de Jimaguayú devino también un escenario de confrontación de ideas. Se cruzaron visiones sobre el papel de los militares, la autoridad de los dirigentes civiles y la necesidad de evitar errores del pasado. El principal resultado fue una carta magna que representó un paso decisivo en la afirmación de la soberanía y en el anhelo de un equilibrio entre la dirección civil y el mando militar durante el esfuerzo libertador. 

No habían transcurrido mucho más de seis meses desde el reinicio del combate anticolonial. A pesar de trágicos sucesos como la caída en combate de José Martí —el principal ideólogo de esta etapa de lucha—, a partir del 24 de febrero de 1895 las llamas de la conflagración habían logrado abrazar buena parte del archipiélago. En ese tiempo, las fuerzas mambisas lograron consolidar la beligerancia en Oriente, articular expediciones desde el exterior que trajeron importantes jefes del exilio y unir en la manigua a veteranos de la primera contienda junto a una nueva generación de combatientes.

La cita para la reunión constituyente se dio en Jimaguayú, una localidad que ya había pasado a la historia por haber sido testigo de trascendentales sucesos en las gestas anticoloniales. A esta comarca del centro de Camagüey, hoy uno de los municipios de la provincia, asistieron representantes de todos los territorios del país que se encontraban en armas. Más de la mitad de los constituyentitas pertenecían a la intelectualidad de clase media. La mayoría, por su edad, no había participado en la Guerra de los Diez Años.

Uno de los asistentes más notables a la asamblea fue Salvador Cisneros Betancourt. Hombre de Guáimaro, este patriota arribó a Jimaguayú con la idea de replicar la organización refrendada en abril de 1869. En cambio, los representantes del territorio dirigido por Antonio Maceo defendieron con vehemencia su concepción de dotar a los militares de mayores facultades que las que tuvieron durante la primera guerra. El artículo 13 del proyecto de ley suprema llevado por los orientales sostenía que el presidente “será el Generalísimo del Ejército”. Mientras, el artículo 15 afirmaba que el vicepresidente debía ser el segundo jefe del Ejército. La propuesta de estos delegados era, en esencia, el criterio defendido meses atrás por el Titán de Bronce ante Martí y Máximo Gómez durante la reunión de La Mejorana.

Tras la lectura de ese proyecto, Fermín Valdés Domínguez tomó la palabra. Aunque coincidió con aspectos, se opuso, apoyado por Enrique Loynaz del Castillo, a la fusión de los máximos cargos civiles y militares. Después de un debate, la votación sobre el tema quedó con 15 votos a favor de la separación de poderes y cinco en contra.  De todos modos, se aprobó una fórmula que, en principios, otorgaba bastante autonomía al cuerpo armado.

De tal manera, el Ejército Libertador quedó ligeramente subordinado al ejecutivo mediante una secretaría de Guerra. Por su parte, el aparato civil acordado fue más apropiado que el de Guáimaro. Un presidente, un vicepresidente y cuatro secretarios conformarían el Consejo de Gobierno, el cual asumiría también las funciones legislativas.

Un aspecto relevante de la constitución aprobada en Jimaguayú es que, basados sus redactores en la amarga experiencia del Zanjón —cuando se desmoronó el movimiento independentista que había convulsionado a la Isla durante casi diez años hasta 1878—, codificaron una importante idea en el artículo 11: un futuro tratado de paz con España debía “tener precisamente por base la Independencia absoluta” y requeriría ratificación “por el Consejo de Gobierno y la Asamblea de Representantes convocada expresamente para ese fin”.

En la carta magna aprobada el 16 de septiembre de 1895 a la Mayor de las Antillas se le llamó por primera vez de forma explícita con el nombre de República de Cuba. La entonces colonia española quedó definida como Estado democrático, libre e independiente.