Realmente, la asunción el próximo día 7 de un gobierno de derecha en Colombia no se puede observar fríamente, sino que constituye un peligro mayor de lo que se pueda pensar, y más en una nación en que las fuerzas opuestas representan la mitad del total del electorado.

Por ello, es indispensable que las fuerzas progresistas se unan férreamente ante la exaltación del regreso de una derecha amparada  por Trump que no es tradicional, sino que forma parte de una corriente política transnacional que articula sectores empresariales, centros de pensamiento, plataformas digitales y poderosos intereses económicos más allá de las fronteras nacionales. No se trata de fenómenos aislados, sino de proyectos que comparten estrategias, discursos y objetivos políticos.

Esta nueva derecha sigue un mismo libreto, promete orden, seguridad y eficiencia mientras presenta al Estado como el principal obstáculo para el desarrollo. Convierte la confrontación permanente en una forma de gobierno y utiliza las redes sociales para instalar el miedo, desacreditar a la oposición y moldear la opinión pública. Su propósito no es solo ganar elecciones, sino redefinir el papel del Estado y consolidar un nuevo bloque de poder.

Los recientes anuncios de Abelardo de La Espriella confirman esa orientación. La eliminación de consejerías y agencias estatales, presentada como una política de austeridad, incluye la desaparición de instancias dedicadas a la reconciliación nacional, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo Final de Paz. El argumento de reducir el tamaño del Estado reproduce una de las principales tesis del neoliberalismo contemporáneo.

Sin embargo, Colombia no tiene un Estado sobredimensionado y reducir su capacidad institucional no garantiza crecimiento ni bienestar. Por el contrario, el riesgo es que, bajo el discurso de la eficiencia, se debiliten las capacidades públicas destinadas a garantizar derechos y construir paz.
Detrás de estas decisiones existe un proyecto político más amplio: profundizar el modelo neoliberal, fortalecer la subordinación de Colombia a los intereses estratégicos de Estados Unidos, estigmatizar a la oposición y trasladar buena parte de la disputa política al terreno de la batalla cultural mediante redes sociales, plataformas digitales e inteligencia artificial.

Por lo pronto, el nuevo mandatario, aún sin asumir, ya recibió un primer revés, cuando el Congreso votó mayoritariamente contra su candidato a presidirlo y a favor de otro candidato, también de derecha, pero que sirvió inusitadamente para unir a los legisladores del uribista Centro Democrático con los progresistas del Pacto Histórico.

El gobierno saliente radicó el martes en el Congreso una nueva reforma fiscal, pese a que el Legislativo ha negado iniciativas similares dos veces, para recaudar aproximadamente 6 770 millones de dólares aumentando los impuestos al patrimonio, a la renta, a los combustibles y a los juegos de azar.

“Lo fundamental del esfuerzo tributario... debe salir de los grandes patrimonios, de las grandes rentas que existen en una minoría muy excluyente del país”, afirmó a la prensa el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Petro consiguió al inicio de su mandato las mayorías en el Congreso, lo que facilitó su agenda política, sin embargo, la relación se tensó con el tiempo y varias de sus reformas clave, como la del sistema de salud, fueron rechazadas en varias ocasiones.

ULTRADERECHISTA ANTIPAZ

Los anuncios del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, prevén un giro en la política de paz del país sudamericano. El ultraderechista adelanta que prescindirá del comisionado para la Paz y eliminará cargos y organismos cuyas funciones serían asumidas por diversos ministerios.

En este contexto, peligra la continuidad de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) y la financiación de sus sentencias. "Claramente, es un discurso que busca el desprestigio de una de las instituciones más importantes de la justicia transicional en Colombia”, dice a la agencia alemana DW Stefan Peters, director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ.

"Más que de la paz, el nuevo Gobierno trata de desmarcarse de la política de "Paz Total” del presidente Gustavo Petro. Lo que no queda claro es si va a tener alguna estrategia de paz. Pareciera que no, entendida en el sentido tradicional de Colombia, como procesos de negociación con alto contenido político con grupos armados”, señala a su vez  Luis Fernando Trejos, profesor del departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Colombia.

En lugar de ello, podría abrirse un ciclo de negociaciones basadas en "sometimientos a la justicia, en los cuales el énfasis va a ser más jurídico que político”, indica Trejos. Esto, en medio de la actual "fase desideologizada de la violencia, en que los grupos ya no luchan por la toma del poder nacional, sino por el control de territorios y la gestión de economías ilegales", agrega el investigador.

En opinión de Peters, "la política de paz ha sido y sigue siendo un tema polémico e incluso polarizante. Si bien ha tenido bastantes retos y problemas, y no ha logrado sus objetivos, una perspectiva con el énfasis en la seguridad se puede traducir en militarización".

Entre los riesgos hipotéticos, plantea Trejos, es que "si Abelardo se va duro en contra del acuerdo de paz, uno de los escenarios no deseados es que algunos de los firmantes retomen las armas, si sienten que no hay garantías y que hay una persecución política y jurídica por el nuevo gobierno".

Se trata de actores fuertes y parece poco factible que la acción militar logre la sumisión de los todos los grupos armado al margen de la ley. "Esto no se va a conseguir sin beneficios y seguramente significará dialogar", observa Peters.

El profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de Paz en la Universidad Justas Liebig de Tienen, Alemania, señala que la organización más fuerte y consolidada, con más personas en armas y mayor control territorial, es el Ejército Gaetanita de Colombia, mejor conocido como Clan del Golfo: "Ahí es muy difícil tener una victoria militar e incluso eso significa también mucho riesgo para los soldados, lo que podría ser rápidamente impopular".

La captura de cabecillas no necesariamente termina con el problema y puede generar mayor fragmentación y violencia. Incluso si se logra desarticular grupos a través de la fuerza, "queda la pregunta de qué viene después para las regiones donde tienen el control. Si no hay políticas que busquen alternativas, muy probablemente dentro de poco habrá otro grupo que controlará el territorio. El enfoque en la militarización es muy simplista para un tema complejo. Más que la fuerza, se requieren también respuestas económicas, sociales y culturales", plantea el politólogo.

En fin, como parte de su postura política es la fuerza, la mano dura, el orden y la seguridad, De la Espriella va a hacer esa apuesta. La palabra paz sale de la ecuación, porque está muy amarrada al gobierno de Petro y porque simbólicamente implica un igualamiento entre el ilegal y el legal por medio de la negociación, mientras que la sujeción implica una rendición ante la justicia.

El futuro ministro de justicia, Iván Canción, ha anunciado que cuenta con un borrador de proyecto de ley para el sometimiento de grupos armados a la justicia. Algunos de los grupos que se sentaron con el gobierno de Petro ya habían accedido a someterse a la justicia, pero el problema es que no tenía marco jurídico.

MULTINACIONAL DEL CRIMEN

Petro denunció este lunes que en el país opera una multinacional del crimen compuesta por delincuentes de 38 países que hacen presencia en ciudades como Medellín y Bogotá y que él combatió desde el Ejecutivo, durante su discurso en el Congreso de instalación del nuevo periodo de sesiones ordinarias donde hizo un balance de su mandato.

“¿Cómo se enfrenta una multinacional que vive en Dubái o vivía? Porque los misiles lo sacaron corriendo a París o Miami, etcétera”, dijo Petro en referencia a la guerra en Irán que se ha extendido a otros países del golfo Pérsico.

Durante su balance en materia de seguridad el mandatario también destacó el aumento del salario que reciben soldados regulares y auxiliares de la Policía que pasó del equivalente a 93 dólares en el 2022 a 542 en el 2026.

“Que un soldado, un patrullero tenga dignidad salarial es fundamental. Y a esto no se le puede decir derroche. Claro que es gasto, pero es inversión”, aseguró.