Accidentadas presidenciales peruanas

En la espera por un lento conteo oficial que mantiene en vilo a candidatos presidenciales en Perú, Yessica Clavijo, secretaria del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo a cargo de la revisión, señaló que los resultados finales de los comicios efectuados el domingo 12 de abril podrían emitirse a mediados de mayo.

De 15 000 actas observadas “con algún error material” y que han sido remitidas desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el 10% cuentan con un pronunciamiento de los jueces, mientras unas 106 “irán a recuento de votos”, por no haber podido ser cotejadas, precisó Clavijo. Añadió que aún deben recibirse más actas para revisión desde el organismo electoral.

Perú irá a un balotaje el 7 de junio porque ningún candidato ha logrado el 50% más uno de los votos válidos que exige la ley para ganar en primera vuelta.

El país andino celebró elecciones en medio de una crisis política entre el Parlamento y el Ejecutivo que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

KEIKO, ASEGURADA

En este contexto, la derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, es al parecer la única asegurada, al lograr una gran ventaja sobre el resto de sus 34 rivales, aunque con un porcentaje tan bajo que es superado por los votos en blanco.

El izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, llamó a sus electores y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes del proceso.

Contabilizadas el 93,4% de las actas oficiales, Sánchez continúa sobre el ultraconservador Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, por décimas de diferencia que representan poco más de 13 000 sufragios.

Fujimori está a la cabeza con 17,05% de votos, seguida de Sánchez con el 12,00% y en tercer lugar López Aliaga con 11,92%, según ONPE.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a nuestros electores que estemos atentos”, dijo en rueda de prensa el candidato Sánchez, al considerar que la “voluntad del pueblo” ya ha sido expresada y descartó un “fraude” como alega su inmediato contendor.

El otrora ministro del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) se presentó junto a su abogado Luis Mendoza quien, según un análisis técnico propio, desestimó una reversión de la tendencia. Explicó, además, que un pedido de nulidad de los resultados sólo puede presentarse cuando éstos hayan sido proclamados oficialmente y cumpliendo los requisitos de la ley.

Sánchez, quien fue ungido como postulante por el exmandatario Pedro Castillo, abogó porque "nunca más se deponga o detenga a un presidente constitucional". Entre sus propuestas electorales sobresale un hipotético indulto para el profesor cajamarquino.

López Aliaga protestó días atrás frente al Tribunal Electoral y exigió anular las elecciones; también pidió iniciar una insurgencia civil “si se termina de consumar el fraude”, de lo cual no presentó pruebas.

Una misión de observación electoral de la Unión Europea descartó cualquier posibilidad de fraude, pero la de la Organización de Estados Americanos guardó silencio ante las acusaciones de López Aliaga, ex alcalde de Lima, la capital, admirador de Trump y fiel seguidor del libertario argentino Javier Milei y el pinochetista chileno José Antonio Kast.

La campaña estuvo marcada por la alta dispersión del voto entre los 35 postulantes de los comicios, demoras por entrega tardías de materiales de votación y protestas de la extrema derecha que alegaba fraude.

Además del presidente y dos vicepresidentes, fueron electos 130 diputados, 60 senadores y cinco miembros del Parlamento Andino. En total, se presentaron más de 9 000 candidatos a cargos legislativos.

Las exiguas y dispersas cifras de votación de los candidatos reflejan la profunda desesperación social y la ausencia de una alternativa política independiente para la clase trabajadora.

CAOS

Como se puede apreciar, las elecciones, que elegirán al noveno presidente de Perú en una década, se desarrollaron en medio del caos y la desorganización. En Lima, el 13% de los centros de votación no estuvieron instalados al inicio, lo que afectó a casi 850 000 votantes.

Por la tarde, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) admitió que 211 mesas electorales no habían abierto, dejando sin derecho a voto a más de 63 000 personas. Distritos enteros, incluido el bastión obrero de San Juan de Lurigancho, carecían de material electoral.

Estas irregularidades, sumadas a las demoras relacionadas con contratistas vinculados a la alcaldía de López Aliaga, evidenciaron el desprecio de la élite gobernante por los procesos que intentan ser democráticos. Al mismo tiempo, candidatos de derecha difundieron cínicamente acusaciones infundadas de fraude, preparando el terreno para acusaciones al estilo Trump de un robo electoral y una mayor desestabilización.

A pesar de los 35 candidatos y cuatro presidentes desde las últimas elecciones del 2021, el panorama político permanece prácticamente inalterado. En aquellas elecciones, Pedro Castillo lideró la primera vuelta con apenas el 19%. Keiko Fujimori y López Aliaga le siguieron con porcentajes similares a los de ahora.

RECORDATORIO

Castillo fue derrocado en un golpe parlamentario en diciembre del 2022, liderado por el Congreso de extrema derecha. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, fue designada para dirigir la represión posterior, que dejó más de 70 muertos, pero fue depuesta posteriormente ante la fuerte oposición. Le siguieron una rápida sucesión de presidentes, entre ellos José Jerí, destituido en medio de un escándalo, y José María Balcázar, quien supervisó la votación.

Las elecciones se celebraron junto con el restablecimiento de un Congreso bicameral por primera vez en 34 años, compuesto por 130 diputados y 60 senadores. Según las encuestas a pie de urna, Fuerza Popular, de Fujimori, dominará el Senado con 22 escaños. Junto con Renovación Popular, de López Aliaga, la ultraderecha podría obtener una mayoría de 30. En la Cámara de Diputados, se  el fujimorismo ganó 40 escaños, seguido por el partido nacionalista de izquierda Juntos por el Perú con 31 y Renovación Popular con 16. Los debutantes Partido del Buen Gobierno (PBG), Partido Cívico OBRAS (OBRAS) y Ahora Nación (AN) obtuvierron respectivamente 18, 15 y 10 curules.      
      
Esta consolidación del poder legislativo se produce a pesar de la abrumadora oposición popular: nueve de cada diez peruanos desaprueban al Congreso. En los últimos años, este ha llevado a cabo repetidas destituciones presidenciales, ha concedido amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos contra los derechos humanos, ha bloqueado cualquier rendición de cuentas por el asesinato de más de 70 manifestantes durante el gobierno de Boluarte y ha puesto trabas a la investigación de los vínculos de los legisladores con el crimen organizado.

El papel del imperialismo estadounidense ha sido decisivo. En el 2022, la embajadora Lisa Kenna, coordinó con la cúpula militar durante el derrocamiento de Castillo para asegurar que las fuerzas armadas desobedecieran su orden preventiva de disolver el Congreso. Posteriormente, la administración Biden brindó pleno respaldo al régimen de Boluarte, que autorizó el despliegue de más de 1 200 soldados estadounidenses en el país.

El Congreso también ha modificado las normas electorales para afianzar su poder. Los votos nulos se redistribuyen entre los partidos mayoritarios, beneficiando desproporcionadamente a las fuerzas políticas establecidas. Las nuevas disposiciones permiten conservar las papeletas después de la votación, lo que posibilita una posible manipulación.

El nuevo Congreso no solo conservará la facultad de destituir presidentes, sino que también extenderá su autoridad sobre instituciones clave, como el banco central, el poder judicial y la fiscalía. El Senado, por su parte, está constitucionalmente protegido contra su disolución.

Ante una creciente delincuencia violenta —en particular las extorsiones y los asesinatos en las grandes ciudades— , los candidatos de derecha han explotado el miedo público para abogar por el fortalecimiento de un Estado policial. Sin embargo, ocultan las causas profundas: la creciente desigualdad social bajo el capitalismo y la integración de redes criminales con sectores de la élite política. Figuras como Fujimori y el multimillonario populista César Acuña tienen numerosos casos judiciales que los vinculan con el narcotráfico y la minería ilegal.

CONTEXTO

Las elecciones se desarrollaron en el marco de una creciente lucha geopolítica en la que el imperialismo estadounidense está intensificando sus esfuerzos por expulsar la influencia china en el hemisferio.

Perú se ha convertido en clave en las cadenas de suministro globales, especialmente al vincular la minería del cobre con la industria de vehículos eléctricos de China. Esta relación se concretó con la inauguración del megapuerto de Chancay en noviembre del 2025 por Boluarte y el presidente chino, Xi Jinping.

Donald Trump ha amenazado directamente al puerto, mientras que el Departamento de Estado lo ha calificado de instrumento de la “propiedad china depredadora”. El Pentágono ha destinado mil quinientos millones de dólares para reubicar y modernizar la principal base naval de Perú al norte de Chancay, una clara contramedida militar.

Estas acciones forman parte de una estrategia estadounidense más amplia para instalar regímenes de extrema derecha y afines a Washington en toda América Latina, siguiendo el modelo de Argentina y otros países.

Es significativo que estas tensiones geopolíticas apenas hayan aflorado en la campaña electoral. La política exterior estuvo prácticamente ausente del debate, a pesar de la creciente intervención de Washington. Incluso decisiones controvertidas, como el abandono de los planes para comprar aviones Gripen suecos en favor de los F-16 estadounidenses, más caros, no se convirtieron en temas de campaña.

Mientras tanto, las tensiones sociales se intensifican. Los precios de la gasolina se han disparado hasta un 75%, debido a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que el aumento de los costes de los fertilizantes —cuyo incremento, debido a la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, fue un factor importante en la crisis política del 2022-23— amenaza con devastar la agricultura.