Dilema haitiano

Haití, la primera nación libre de América, jamás lo ha sido, a pesar de haber luchado mucho para que fuera realidad.

Lo demuestra el pasado y lo está haciendo el presente, con tantas intervenciones militares antes y fuerzas paramilitares y policiales internas ahora, además de la presencia más reciente de El Salvador, con la anuencia y “bendición” de Washington, todo lo cual deja huellas de dolor en la sufrida población.

Durante varios años, Haití ha estado sumido en una crisis socioeconómica, política y humanitaria que alcanzó niveles críticos a mediados de septiembre del 2022, debido al aumento de la violencia armada y el control de las bandas. En el 2025, la inseguridad generalizada continúa en aumento. afectando drásticamente el acceso del país a bienes y servicios esenciales, como alimentos, agua y saneamiento, y atención médica, y ha obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares.

A su vez, un brote de cólera resurgió en octubre del 2022, después de tres años sin casos, y se propagó rápidamente por todo el país. Las condiciones siguen siendo propicias para un mayor riesgo de propagación de ésta y otras enfermedades, especialmente en los sitios de Personas Desplazadas Internamente (PDI).

Los problemas de seguridad también han impactado la capacidad del sector salud para entregar ayuda humanitaria a las comunidades que más la necesitan.

En el país, el 26% de los establecimientos de salud con internación están completamente operativos, el 49% parcialmente operativos, el 21% no funcionan y el 4% han sido destruidos.

En el área metropolitana de Puerto Príncipe, el 37% de los establecimientos de salud con internación están completamente operativos, el 13% parcialmente operativos, el 40% no funcionan y el 10% han sido destruidos.

La respuesta al cólera, la vigilancia epidemiológica para la detección y control de brotes, incluyendo el dengue, y los esfuerzos de vacunación para enfermedades como la polio, el sarampión, la tuberculosis y la difteria, están seriamente restringidos.

¿QUÉ SE SABE?

Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), comentó la llegada de tropas salvadorerñas y la desaparición de cuatro efectivos, además de las bandas que controlan la zona en la que se les perdió la vista y cómo se comparan con la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, bajo cuyo yugo vivió El Salvador durante década, así como que arriesga Bukele y que podría ganar.

Bukele les advirtió a los líderes de las organizaciones criminales en Haití que, al igual que acabó con las pandillas en su país, lo puede hacer con ellas, una frase de gran impacto político, pero conviene distinguir dos cosas.

Lo que se vende como el "modelo Bukele" es lo que se hizo en El Salvador: un proceso de encarcelamiento masivo en un sistema penitenciario creado para este efecto. Lo que está haciendo en Haití hasta ahora es otra cosa. Es un despliegue y un operativo militar en otro país.

Es muy raro, en décadas, que un país latinoamericano despliegue fuerzas para operaciones de combate en otro país del hemisferio, fuera de una misión de paz de Naciones Unidas. Lo que está pasando es realmente inusitado, explicó Romain.

En cuanto a las pandillas de uno u otro país comparten el control territorial, la extorsión y la violencia contra la población, pero las diferencias son profundas. Los grupos criminales haitianos más poderosos, unos 20, se asemejan a milicias armadas.

Son grupos numerosos, con armas semiautomáticas, y controlan territorios inmensos: cientos de kilómetros cuadrados, cerca del 90% de la capital, según la ONU, y parte de las provincias. En algunas de estas zonas, las fuerzas públicas no han entrado desde hace cinco años.

Gobiernan esos territorios, cobran impuestos, controlan carreteras y las principales infraestructuras portuarias del país, y están insertos en redes políticas y económicas que los sostienen.

Su origen también es distinto. La MS-13 y el Barrio 18 nacieron en Los Ángeles y llegaron a El Salvador con las deportaciones de los años 90, tras la guerra civil.
En Haití, muchos de estos grupos nacieron o crecieron de la mano de actores políticos y económicos que los usaron para sus propios intereses.

Según coinciden algunos observadores, si el despliegue salvadoreño logra recuperar ciertos territorios y detener o neutralizar a ciertos líderes, pueden abrirse dos escenarios: la primera opción es que suceda lo que vemos en América Latina en general: cuando se decapita a un grupo criminal, surgen dos. Había un problema, ahora hay dos. La segunda es que el despliegue logre mejoras reales de seguridad. Aun así, quedaría intacta la criminalidad político-económica que sostiene a estos grupos.

HE AHÍ EL DETALLE

Y ahí está el problema de los grandes discursos de mano dura sobre la guerra contra el crimen, en Haití y en otros lados: se plantea como una guerra, de matar gente. Pero si eso funcionara, después de 60 años de guerra contra las drogas, América Latina no estaría como está.

Según las estimaciones, reúnen en total entre 15 000 y 20 000 miembros, aunque la cifra varía según los grupos y las alianzas del momento.

En cinco años, pasaron de armas de pequeño calibre y rifles de caza a fusiles semiautomáticos de 5,56 mm y, cada vez más, de 7,62 mm, en grandes cantidades. 
Una parte importante proviene de compras en Estados Unidos, y luego traficadas a Haití. Otra parte significativa viene del desvío de existencias oficiales de la policía haitiana, del ejército haitiano y de las fuerzas de seguridad dominicanas, con la complicidad de redes de corrupción a ambos lados de la frontera.

Frente a un ejército formal, en teoría superior en todo, la ventaja de los grupos criminales es el conocimiento perfecto del terreno, calle por calle y barrio por barrio.

Han construido trincheras, muros, barricadas y trampas. Son móviles, saben desplazarse, esconderse y replegarse hacia territorios aliados, para volver una vez que la presión disminuye.

Tácticamente se asemeja a una guerrilla urbana, un tipo de combate extremadamente difícil incluso para los ejércitos más sofisticados, en barrios densamente poblados donde los civiles permanecen atrapados.

Las fuerzas de seguridad, por su parte, disponen de poca inteligencia, y la que tienen suele ser de mala calidad.

Sin embargo, la capacidad real de estos grupos sigue poco probada. Casi nunca han enfrentado operaciones intensas, coordinadas y sostenidas durante semanas. La policía lo intentó brevemente a fines de 2025, y la Fuerza de Supresión de Pandillas [GSF, la fuerza multilateral a la que pertenecen los militares salvadoreños desaparecidos] apenas comienza. Nadie sabe con certeza cómo reaccionarían ante una presión prolongada.

Así y todo, controlan buena parte de la capital y sus alrededores, debido al colapso del Estado, con una policía desbordada, una Justicia paralizada, cárceles vaciadas en el 2024 y una ausencia de autoridad pública en amplias zonas, así como el apoyo de actores políticos, económicos y, en algunos casos, de seguridad, que han recurrido a estos grupos según sus intereses, como documenta el último informe del Grupo de Expertos de la ONU.

Además, a un flujo constante de armas y municiones y una respuesta internacional tardía y, durante años, insuficiente.

DIÁLOGO NECESARIO

El diálogo no debería ser tabú: en Haití los contactos con los jefes de pandillas existen todos los días, siempre negados, pero sirven sobre todo para resolver cuestiones logísticas, no para resolver la crisis ni hacer justicia.

Dialogar no significa impunidad ni amnistía. Requiere justicia, precisamente, y un marco real, liderado por las autoridades haitianas.