Un año de poder sin frenos: Trump y la demolición de la democracia

Donald Trump inició su segundo mandato presidencial el 20 de enero de 2025 con una promesa tácita que pronto se volvió explícita: gobernar sin contrapesos. En 12 meses, esa ambición se transformó en un programa de poder concentrado que ha tensionado hasta el límite las instituciones de Estados Unidos.

El balance de este primer año no es el de una administración polémica, sino el de un experimento autoritario en pleno corazón de la llamada “democracia más influyente del planeta”.

La cifra que resume su estilo de gobierno es contundente: 229 órdenes ejecutivas firmadas en un año. Cada decreto fue un atajo para eludir al Congreso, una forma de legislar por decreto en nombre de una “moralidad personal” que Trump presentó como única frontera de su autoridad.

Este alud normativo se apoya en la llamada Teoría del Ejecutivo Unitario, una doctrina jurídica que justifica la concentración del poder en la figura del presidente.

No es casual que Russell Vought, arquitecto del ultraconservador Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, dirija hoy la Oficina de Gestión y Presupuesto. Aquella hoja de ruta negada en campaña se ha convertido en manual de gobierno.

El resultado es un Ejecutivo hipertrofiado, con pretensiones monárquicas, que redefine la legalidad según la conveniencia política del mandatario.

Entre tribunales y decretos

La resistencia institucional llegó principalmente desde los tribunales. Hasta mayo de 2025, al menos 328 demandas federales desafiaron decretos presidenciales, y varias cortes bloquearon iniciativas clave. Sin embargo, la Corte Suprema —con mayoría moldeada por Trump en su primer mandato— limitó en junio el alcance de las suspensiones nacionales, consolidando una presidencia menos controlable por la judicatura.

El vaivén judicial produjo escenas repetidas: un tribunal anulando aranceles por “extralimitación”, otro frenando el cierre del Departamento de Educación, otro más suspendiendo el desmantelamiento de USAID —la mayor agencia de ayuda al desarrollo en el mundo—. Pero cada derrota era seguida por una ofensiva: nuevos decretos, nuevos jueces nominados entre abogados leales, nuevas reglas para sortear el control.

La justicia, lentamente, comenzó a parecer menos un contrapeso que un terreno en disputa permanente.

Deportaciones y miedo como política

Si hubo un ámbito donde Trump cumplió sin ambigüedades fue el migratorio, y lo hizo con una lógica de castigo ejemplar. Entre enero y noviembre de 2025, unos 220.000 migrantes fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en una campaña de redadas que combinó inteligencia algorítmica, delaciones incentivadas y operativos nocturnos en barrios latinos.

El caso más grave ocurrió el 15 de marzo de 2025. Ese día, 238 ciudadanos venezolanos fueron sacados de centros de detención federales y trasladados, sin orden judicial individualizada, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

No fueron deportados a su país de origen. Fueron enviados a un tercer Estado que no tenía jurisdicción sobre ellos. Abogados de la ACLU y del Center for Constitutional Rights calificaron el operativo con un término preciso: secuestro estatal transnacional.

Ninguno tenía condenas penales graves. Fueron entregados a un sistema penitenciario famoso por torturas, aislamiento prolongado y desapariciones forzadas.

La práctica de las deportaciones a terceros países se convirtió en política de Estado. Para diciembre, más de 10.000 personas habían sido expulsadas a terceros países —cientos de ellas a México, violando su soberanía y sus derechos constitucionales.

Dentro de Estados Unidos, la brutalidad del ICE dejó de ser un exceso para convertirse en método. Informes de Human Rights Watch documentaron golpes, uso de armas eléctricas, privaciones de agua y encierros prolongados en hieleras sin ventilación.

En el centro de detención de Otay Mesa, en California, tres migrantes murieron por negligencia médica. En Texas, una mujer hondureña perdió un embarazo tras ser esposada durante 12 horas.

Las redadas de junio en Los Ángeles desataron protestas masivas. Trump respondió desplegando la Guardia Nacional, militarizando barrios civiles. Amnistía Internacional habló de “campos de concentración modernos”. La Casa Blanca habló de “victorias electorales”.

La desigualdad como política fiscal

El 4 de julio de 2025, Trump firmó la "Big Beautiful Bill", una reducción fiscal de 4.5 billones de dólares. El resultado es un documento de pura inequidad.

Según Oxfam América, los magnates estadounidenses aumentaron su riqueza conjunta en 700.000 millones de dólares en un año. Mientras tanto, el 40% de la población se identifica como pobre o de bajos ingresos.

El hogar más rico del 1% acumula 987 veces más riqueza que el hogar más rico del 20% más pobre.

La reforma fiscal es regresiva: beneficia desproporcionadamente a los ricos y castiga a la clase media y pobres. Para 2025, el 53% de los contribuyentes habría pagado —según estimaciones de Tax Policy Center— más impuestos que en 2017. Mientras el 0.1% de mayores ingresos recibirán reducciones de 311.000 dólares en 2027, los hogares con ingresos menores a 15.000 dólares anuales enfrentarán aumentos de impuestos.

Aranceles, clima y el retorno de los fósiles

Trump convirtió los aranceles en arma de coerción internacional. Impuso gravámenes del 25% a Canadá y México, un arancel base del 10% a importaciones y acuerdos punitivos con la Unión Europea.

Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) creció 3.8% en 2025, el desempleo aumentó del 4% en enero al 4.6% en noviembre, la más alta en cuatro años. El desempleo entre afroamericanos superó por primera vez en cuatro años el 8%. La inflación se mantuvo estable nominalmente en 2.7% en diciembre, pero los precios reales para consumidores siguen siendo prohibitivos.

En paralelo, la administración desmanteló la transición energética impulsada por la Ley de Reducción de la Inflación. Se suspendieron inversiones en renovables y se paralizaron proyectos eólicos. El resultado fue la pérdida de miles de empleos verdes y el retroceso climático.

Trump declaró una “emergencia energética nacional” para reactivar perforaciones en Alaska, abrir costas protegidas y expandir exportaciones de gas. Estados Unidos volvió a apostar por los combustibles fósiles mientras se retiraba, una vez más, del Acuerdo de París.

Educación, ciencia y el vaciamiento del Estado

En nombre de la “guerra cultural”, Trump desmanteló permanentemente programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en todas las agencias federales. Eliminó fondos para minorías en universidades, cancelando 350 millones en ayudas a instituciones que sirven estudiantes hispanos.

Abrió 60 investigaciones contra universidades por "antisemitismo" y presencia de protestas pro-Palestina, amenazando con congelaciones de fondos.

Trump propuso recortes de 163.000 millones de dólares a investigación y desarrollo federal. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) —responsables de los avances más importantes en investigación biomédica del mundo— enfrentan un propuesto recorte de 18.000 millones, una reducción del 37%. La Fundación Nacional de Ciencia perdería el 50% de su presupuesto.

La Universidad de Harvard, al resistirse a las demandas políticas de Trump sobre sus políticas internas, vio congelados 2.000 millones de dólares en fondos. Proyectos de investigación sobre tuberculosis, cáncer, Alzheimer y VIH fueron detenidos.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado en febrero bajo la dirección de Elon Musk, fue el instrumento de estos recortes hasta que Musk renunció en mayo, criticando al presidente, pero el daño ya estaba hecho: miles de empleados federales fueron despedidos, agencias fueron paralizadas, y la independencia del servicio civil fue destruida.

Epílogo: una república en suspenso

12 meses después, el balance es inequívoco. Trump concentró poder como ningún presidente en tiempos modernos. Presionó a la Reserva Federal, incluso con el FBI para que baje tasas de interés —en una violación de su independencia—, politizó la justicia, degradó derechos, debilitó la educación, aceleró la crisis climática y normalizó el gobierno por decreto.

No fue un año de reformas. Fue un año de demolición.