Guatemala: ¿Y de los niños qué?

Para junio venidero está anunciada la celebración de las elecciones presidenciales en Guatemala y de los hasta ahora anunciadas diez candidaturas, ninguna contempla en sus programas la búsqueda o esclarecimiento de la desaparición de unos 12 000 niños en la última década en esa nación centroamericana.

Ya se recogen cifras escalofriantes para un país de 16 millones de habitantes, con un promedio de nueve niños, niñas y adolescentes desaparecidos cada día.

Aunque se afirmó que muchos de ellos fueron encontrados, se sabe que la inmensa mayoría están en esa condición, y se estima que fueron reclutados forzosamente para engrosar las filas de las pandillas que allí pululan, en los momentos en que un gran número de maleantes han tenido que huir de El Salvador y hasta de Honduras, donde hay todavía mucho que hacer en ese aspecto.

También se cree que han sido objeto de abusos sexuales o utilizados en el lucrativo negocio de venta de órganos.

Las desapariciones forzadas, que en muchas ocasiones están acompañadas de torturas, violaciones y asesinatos, son un mal que datan de la época de la guerra civil guatemalteca y que, 25 años después de la firma de los acuerdos de paz, aún siguen siendo un estigma para el país.

Esta problemática azota mayoritariamente a las zonas de bajos recursos y áreas rurales en un país marcado por la falta de protección a los niños y adolescentes en un marco de corrupción y de contrabando, al que se suma la pobreza en la que se ven inmersos muchos niños y niñas y el auge de las maras.

En este contexto descuella que el tercer país más corrupto del continente, según informe de Transparencia Internacional, ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el sexto en el mundo en cuanto a desnutrición infantil.

Ello encaja en la pobre labor de un presidente que como Alejandro Giammatei tiene casi el 80% de desaprobación algo usual en Guatemala, donde la política asociada al narcotráfico enloda a los tres poderes del Estado, con elementos que buscan perpetuarse en el poder a base de impunidad y corrupción financiada por grupos del crimen organizado.

Algo con lo que coinciden expertos en economía que ven una respuesta negativa de posibles inversionistas que no están dispuestos a correr riesgos en un país que no garantiza el cumplimiento de las leyes y que perpetúa a jueces y magistrados corruptos.

PANORAMA ELECTORAL

Las organizaciones de derechos humanos sugirieron a la comunidad internacional enviar misiones a Guatemala durante las elecciones y prestar atención a posibles casos de financiamiento electoral ilícito e intentos de excluir a candidatos de oposición.

En el 2017, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala evidenció que empresarios globalizados del país financiaron ilícitamente al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) durante el proceso electoral del 2015.

Hace poco la publicación El Faro publicó un testimonio que vincula al presidente Alejandro Giammatei con financiamiento electoral ilegal y sobornos de constructoras, a lo que el gobierno y la justicia afín cerraron filas junto a medios afines para intentar, entre contradicciones, desmentir al testigo y acusar al órgano de prensa de ser parte de “una campaña de desprestigio de parte de enemigos de la ¡¿democracia?!”. (Puntuación  nuestra). 

En fin, las autoridades del máximo tribunal electoral como antes mencionamos, anunciaron que la primera vuelta será el 25 de junio, mientras que de no haber mayoría absoluta para el cargo de presidente y vicepresidente (por lo menos la mitad más uno del total de votos emitidos), la segunda vuelta se realizará el 20 de agosto venidero.

Entre los aspirantes a suceder a Alejandro Giammattei y a Guillermo Castillo figuran políticos, exfuncionarios, médicos, abogados y líderes religiosos.

Entre los exfuncionarios figuran el exvicepresidente, Rafael Espad; el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas; el exembajador Edmond Mulet y diputados como Manuel Conde o Rudio Lecsan Mérida. 

Pero pienso que lo más llamativo son las tres candidatas, nada nuevas en el ambiente, que intentan de nuevo alcanzar la presidencia. Son Suly Ríos Sosa –hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt–, la líder indígena Thelma Cabrera Pérez y Sandra Torres Casanova, una ex primera dama.

La hija de Efraín Ríos Montt, expresidente de facto de Guatemala entre 1982 y 1983, y señalado como causante de por lo menos un cuarto de millón de muertes, podrá hacer su estreno como candidata, luego de luchas legales que la dejaron al margen en contiendas anteriores.

La líder indígena Cabrera Pérez tratará nuevamente de alzarse con el poder o, al menos, mejorar su buena participación del 2019, cuando quedó como la cuarta candidata más votada, con alrededor del 10%, un equivalente a 456 000 votos.

Cabrera Pérez, de la agrupación de izquierda ‘Movimiento para la Liberación por los Pueblos’, hará binomio con Jordán Rodas, un exprocurador de Derechos Humanos en Guatemala que estuvo en funciones entre el 2017 y el 2022.

Ex primera dama entre el 2008 y el 2011, Sandra Torres Casanova volverá a participar en las elecciones presidenciales. Sus antecedentes son positivos: tanto en el 2015 como en el 2019, perdió en la segunda vuelta contra Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, quienes terminaron siendo jefes de Estado.

Incluso, Torres Casanova, ex esposa del recientemente fallecido ex presidente Álvaro Colom, fue admiradora de Cristina Fernandez y tuvo afables contactos con delegaciones medicas cubanas que laboraron en su país.

Ella llegó a vencer en la primera vuelta, pero las fuerzas derechistas se unieron para hacer ganar a sus contrincantes en la segunda, quienes, como también acotamos antes, tuvieron financiamiento ilegal en sus respectivas campañas electorales.