Decreto-Ley 35: Pertinente y necesario

El Decreto-Ley 35 y los decretos y resoluciones conexas, publicados recientemente en la Gaceta Oficial de la República, lejos de constituir una traba a las opiniones, como algunos malintencionados han intentado acuñar, implica beneficios para la población además de las otras muchas ventajas que significa para la informatización de la sociedad y para el desarrollo económico y social del país. 

Esta fue una de las tesis argumentadas por Ernesto Rodríguez Hernández, Viceministro de Comunicaciones, en el espacio televisivo Mesa Redonda, dedicado ayer a ampliar acerca de esta normativa sobre telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico.

Rodríguez Hernández recordó como preámbulo que los servicios de telecomunicaciones y las tecnologías  de la información y las comunicaciones han sido objeto de una intensa intervención legislativa, sobre todo desde los años 90 del pasado siglo a partir de la dinámica del desarrollo  tecnológico, de la aparición de Internet con sus servicios de valor agregado, y considerando también la necesidad de los estados de protegerse y proteger a su ciudadanía de los incidentes en el ciberespacio.

Asimismo, acotó que, a lo interno, este paquete normativo que encabeza con una norma de rango superior, tiene su antecedente en la política de telecomunicaciones y uso del espectro radioelectrónico aprobada en 2019 y que forma parte de toda una estrategia asociada a los temas de informatización de la sociedad.

Con respecto a los derechos de las personas naturales, el viceministro subrayó la importancia de hacer una lectura detallada de ese paquete normativo ya que desde el primer artículo del  Decreto-Ley se hace una declaración explícita de protección y respeto a los derechos ciudadanos.

Ejemplificó que, al regular las funciones y responsabilidades del Ministerio de Comunicaciones, ese cuerpo legal recoge, entre otras, el llegar con los servicios de telecomunicaciones cada vez a más asentamientos, atender y tramitar las quejas, reclamaciones e inconformidades de los usuarios así como velar por la protección de dichos consumidores.

Al detenerse en diversos artículos del Decreto-Ley, mencionó también entre los beneficios a los pobladores el relacionado con los valores agregados de las infraestructuras, como es el caso de plataformas de mensajería, pasarelas de pago y también las posibilidades que comporta la plataforma Nauta.  

Garantizar la calidad en la recepción de las señales de radiodifusión, potenciar el servicio por banda ancha, además de la telefonía fija y móvil, el acceso a la telefonía pública, la gratuidad de llamadas de emergencia a bomberos, policía y otras, así como condiciones preferenciales para aquellos con necesidades especiales, son beneficios a los pobladores que encuentran respaldo en este paquete normativo. 

Contar con una normativa como el Decreto-Ley 35 no es privativo de Cuba. Con ella, la Isla simplemente se suma a una larga lista de naciones que ya regulan al respecto en concordancia con los tratados y normas de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT), de los cuales Cuba es signataria.

Asimismo, ese paquete legal está en consonancia, apuntó el directivo de Comunicaciones, con lo suscrito por la  Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información,  donde los estados miembros  se pronunciaron por impedir el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines terroristas o delictivos, o contra la estabilidad y seguridad internacionales. 

Es derecho soberano de cada estado regular esas actividades y propiciar con sus legislaciones la salvaguarda de su economía y sociedad, puntualizó el viceministro, cuyas reflexiones fueron igual ampliadas con ejemplos y argumentos por  el director de Regulaciones del Micom, Wilfredo López Rodríguez. 

Para que el ciberespacio no sea una ciberjungla

Por una ética y responsabilidad lo mismo en el mundo real que en el virtual se pronunció Pablo Domínguez Vázquez, director de Ciberseguridad del Micom, quien abundó en derechos y deberes vinculados al empleo de las telecomunicaciones y del espacio radioeléctrico. 

Aclaró que el mencionado Decreto-Ley ratifica, actualiza y respalda muchas de las cuestiones que se han venido desarrollando por el país.

Además de impulsar el desarrollo en este orden,  insistió en que otro de sus objetivos es mejorar las condiciones de vida de la población respetando los derechos constitucionales. Y junto a los derechos, marchan los deberes.

En ese sentido, Domínguez Vázquez refirió que los deberes de operadores y proveedores, según refrenda el Decreto-Ley, se encaminan, en lo fundamental,  a respaldar los derechos de los usuarios.

A estos últimos corresponde, aseveró, responder por el buen uso de los servicios que han contratado y evitar lenguajes de odio, ofensas a individuos o entidades, así como otros comportamientos que no pueden permanecer impunes, como tampoco permanecen sin sanción en el espacio real.

El comportamiento en las redes, y en el espacio virtual  en general, debe basarse, dijo, en los principios y ética con que debemos actuar en el espacio físico.

El director de Ciberseguridad del Micom apuntó que con estas nuevas normativas los ciudadanos podían notificar incidentes en el ciberespacio como daños éticos y sociales, elementos que atenten contra la dignidad humana, llamen al desorden, generen odio, violencia, que son tipificados y tienen asociada una peligrosidad.

“Hay que responder por las actitudes que se toman, afirmó. Cuando una persona adquiere un contrato, una línea, un servicio Nauta o se suscribe a una red social no adquiere una “Patente de Corso”  para actuar en esa selva digital incivilizadamente. Hay reglas de comportamiento.”

Esto es un espacio en que también hay semáforos, reflexionó haciendo una analogía con el tránsito de vehículos y peatones.

Esperamos, sentenció, a que este reglamento tribute, por lo profiláctico, educativo e inclusivo, a la misma lógica de comportamiento ético y cívico que se atribuye al espacio físico.

No puede permitirse que bajo supuestos anonimatos o difusas fronteras, se violenten derechos y garantías, que pongan en peligro la tranquilidad ciudadana y otros procesos asociados con el bienestar general, aseguró.

En los minutos finales del programa televisivo, el abogado Rolando Arturo Pérez de Alejo Balmaseda, de la Unión Nacional de Bufetes Colectivos, calificó de pertinente y necesario el Decreto-Ley 35 y los decretos y resoluciones conexos, y formuló un conjunto de interesantes preguntas para reflexionar sobre la importancia de que las naciones se protejan legalmente también en el ciberespacio.