Cuba actualiza ley registral en sintonía con nuevos derechos

La Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) adoptó hoy la ley del Registro Civil, la cual introduce modificaciones en correspondencia con el desarrollo de los derechos constitucionales, personales y familiares alcanzados en el país.

Al presentar la disposición normativa en el Quinto Periodo Ordinario de Sesiones del ente legislativo, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, explicó que la norma se elaboró en consonancia con los postulados de la Constitución de la República de Cuba de 2019, el Código de las Familias y los tratados internacionales rubricados por el país caribeño.

Silvera precisó que la ley es el resultado del labor de cuatro años del grupo temporal de trabajo, integrado por registradores civiles con más de 20 años de experiencia, así como profesores universitarios y expertos en derecho.

Enumeró como aspectos principales de la norma: el uso de un lenguaje técnico que se corresponde con los estudios más actualizados en este ámbito, permite avanzar en la organización de los derechos y deberes de las personas frente al registro, e incrementar los hechos, actos, circunstancias personales y familiares con valor registrado.

Asimismo, destacó que a partir de la transformación digital se sustituyen los libros y documentos en papel por el soporte electrónico lo que determina un ahorro importante para el presupuesto del Estado.

El titular señaló que la disposición establece la subordinación directa y vertical del registro civil al Ministerio de Justicia.

“Con esta ley contribuimos al desarrollo de los sistemas de información del gobierno mejorando la disponibilidad calidad, seguridad de las informaciones que se requieren para tomar decisiones de forma esencial”, resaltó.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, subrayó que esta legislación incorpora la perspectiva de género, la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y el respeto a la autonomía progresiva de niños y adolescentes.

Durante la presentación del dictamen al Parlamento, remarcó que es el resultado de un proceso de consulta especializada con trabajadores del sistema de justicia, autoridades registrales, juristas y académicos, con el propósito de actualizar una norma que no se modificaba de manera integral hace décadas.