Ocupan indignados un centenar de cortes judiciales en EE.UU.

Indignados de Estados Unidos ocupan hoy un centenar de tribunales judiciales en numerosas ciudades del país en protesta contra la decisión de la Corte Suprema de retirar los límites al gasto corporativo y federal en las elecciones.

Convocados por el grupo Movimiento para Enmendar, los manifestantes prevén iniciar con su acción demandas por una reforma constitucional que anule un fallo emitido en 2010, el cual permite a privados emplear sumas considerables de dinero en campañas políticas.

La protesta contará con la participación de integrantes del Movimiento Ocupemos Wall Street (OWS), surgido desde el 17 de septiembre pasado en Nueva York, y extendido por la mayoría de las urbes estadounidenses.

Los plantones se llevarán a cabo desde Akron, en Ohio, hasta Gainesville, La Florida y Honolulu, en Hawai, especificaron varias cadenas televisivas.

En el caso de la Corte Suprema, en Washington, los ocupantes se concentrarán en los alrededores del edificio vestidos como magistrados y entonarán canciones, a pesar de que las autoridades les negaron el permiso.

Los activistas enarbolarán pancartas y letreros en los cuales destacan que: Las Corporaciones no son el pueblo y Dinero no es Discurso.

A juicio de los indignados, el fallo de 2010 concedió a los llamados Super Pac, poder para emplear, casi exentos de restricciones, todo el capital que estimen necesario, procedente de corporaciones, a fin de apoyar a candidatos a la presidencia.

Según argumentan, los derechos reconocidos por la Constitución pertenecen solo a los seres humanos, y no a entidades legales artificiales, como empresas o sindicatos laborales.

Por otra parte, estiman que el gasto en campañas políticas no es una forma de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Carta Magna.

Voceros de Movimiento para Enmendar coinciden en que darle estatus de persona a las corporaciones y equiparar al dinero con la libre expresión son creaciones de las cortes, las cuales no fueron decididas por el pueblo o por funcionarios electos.

Asimismo, consideran que el poder empresarial y su influencia, junto con las elecciones mediáticas, volvieron al 99 por ciento de la población prácticamente indefenso contra la corrupción existente.

Su meta es llamar la atención de las instancias que, a su juicio, aún cuentan con la posibilidad de aplicar justicia para la clase trabajadora e imponerse contra el poder y la influencia del uno por ciento concentrador de las riquezas.