Destacan en Cuba garantías y derechos de reclusos

Las personas privadas de libertad disponen en Cuba de garantías y derechos que implican el tratamiento digno, la igualdad, la no discriminación y el acceso al estudio y al trabajo, afirmó aquí la fiscal Hortensia Bonachea.

Las normativas que regulan la ejecución de las penas son de obligatorio cumplimiento en la isla y se aplican de manera imparcial sin distinguir raza, sexo, color, origen nacional o creencias religiosas, apuntó la jefa de la Dirección de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios de la Fiscalía General.

En una entrevista concedida al diario Granma, la funcionaria resaltó la existencia en las prisiones de un subsistema educacional para la enseñanza laboral y técnica, así como la incorporación voluntaria de los internos al trabajo con remuneración salarial.

Según datos oficiales publicados recientemente por el propio rotativo, de una población de poco más de 57 mil reclusos, unos 27 mil reciben instrucción escolar, alrededor de 24 mil están incorporados a la capacitación de oficios a pie de obra y una cifra superior a los 23 mil realiza trabajo socialmente útil.

Otras de las particularidades del sistema penitenciario cubano son la garantía que ofrece en cuanto a la asistencia religiosa y la posibilidad de beneficiarse de un régimen progresivo para el cumplimiento de las sanciones, estimó Bonachea.

De acuerdo con la fiscal, los internos tienen derecho a la rebaja de pena de 60 días por año cumplido, a la concesión de libertad condicional o a la suspensión de la medida, "siempre y cuando hayan cumplido los requisitos establecidos por la ley".

También tenemos el avance de la ubicación de mujeres en centros para ellas, directamente atendidos por personal femenino; el tratamiento diferenciado a los jóvenes y la promoción de ayuda económica a familiares de reclusos que lo requieran previa solicitud, dijo.

Bonachea aseguró que la Fiscalía vela por el cumplimiento de los derechos individuales y garantías vigentes en la isla para los privados de libertad.

En todas las instancias existen fiscales facultados para realizar inspecciones, en aras de velar por la adecuada ejecución de la política estatal en el sector, la cual armoniza con las normas internacionales sobre el tema, subrayó.