Justa furia popular en Panamá

Las protestas que se desarrollan en Panamá tienen importancia central en el actual momento político no solo para el propio país, sino también para las demás naciones de la región.

Ello forma parte de la ofensiva del gobierno derechista de José Raúl Mulino, quien con nuevos ataques a las condiciones de vida del pueblo trabajador,  lleva adelante la política de Donald Trump de avanzar contra la soberanía de Panamá, al buscar hacerse del control del Canal y la instalación de nuevas bases militares en el país centroamericano. Su más reciente deseo, reiterado por su espurio canciller, Marco Rubio, es que todo el peaje de las embarcaciones norteamericanas sea gratuito.

En fin, justos reclamos del pueblo que no han cesado día tras día, a pesar de que el país no tiene una fuerte tradición izquierdista.

Lo cierto es que toda Panamá se ha visto agitada desde marzo por grandes movilizaciones, huelgas y protestas que no cesan contra la reforma del seguro social la política de Trump y la defensa del Canal, además de otras justas reivindicaciones.
Las huelgas y protestas en Panamá se desataron luego de que el presidente José Raúl Mulino impusiera a través de la Asamblea Nacional la ley 462 que aumenta la edad de jubilación, traspasa los fondos de la Caja de Seguro Social CSS a la banca privada y las administradoras de fondos de pensiones. 

Además, pretende reabrir la mina en Donoso a pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad por la Corte Suprema en octubre del 2023, la pretensión de crear embalses en Rio Indio (entre las provincias de Panamá, Colón y Coclé), desplazando a miles de familias en el área, a lo que se suma sus entendimientos con Estados Unidos por el Canal de Panamá y la instalación de bases militares. Planes que profundizan la pobreza, hambre y miseria, además de la sumisión del pueblo panameño.

Ello se ha profundizado en las provincias como Bocas del Toro, en el norte caribeño, y hacia el sur, en la de Darién, sobre todo en esa región de los pueblos originarios como en Arimae. Pero la eclosión en Bocas del Toro, la zona bananera del Caribe panameño, ha revestido nueva dimensión, permaneciendo bloqueada por las protestas en carreteras contra las políticas de Mulino y donde en los últimos días, desde el 13 de junio, se lleva a cabo un mega operativo militar llamado “Operación Omega”.

El gobierno de Mulino, al no poder contener la rebelión en curso, ha decretado el estado de sitio en la provincia Bocas del Toro, suspendiendo todas las garantías constitucionales y derechos individuales. Se basa en el artículo 55 de la Constitución panameña que se decreta "en caso de guerra exterior o de perturbación interna", llamado como "Estado de Urgencia". Esto no significa otra cosa que la puerta abierta a la probable uso del ejército y otras medidas de control político, represivo y territorial, violentando los más elementales derechos humanos y cercenando todo derecho a la protesta.

La intensidad de la lucha en estas regiones se debe también a que son zonas enteras olvidadas por décadas de la mano del Estado, donde subyace una rabia más profunda, y eso es lo que se expresa en toda su magnitud. En Bocas del Toro, aún está presente la rebelión del 2010, con el recuerdo de las intervenciones policiales militares en las que hubo muertos, decenas de personas ciegas y lisiadas de por vida por disparos de perdigones, en su mayoría indígenas, y que todavía reclaman por los estragos en sus cuerpos y en sus vidas.

Justamente, quien era ministro de Seguridad en esos tiempos, donde todo un pueblo fue reprimido con una estela de asesinatos, es el ahora presidente José Mulino, bajo el gobierno de Ricardo Martinelli, quien se caracterizó por sus fuertes medidas antipopulares pro FMI y ser un gran represor. Para ello contaba con su lugarteniente Mulino, quien ahora, con su historial de manos llenas de sangre obrera y popular, se ensaña contra todo un pueblo.

CHIQUITA SE INCINERA

En Bocas del Toro, tras las intensas huelgas, la bananera Chiquita Panamá cerró operaciones y despidió a todos sus trabajadores, lo que constituyó el punto mayor del ataque por la transnacional de origen estadounidense, e hizo prender la provincia en una nueva rebelión con bloqueos y cortes de rutas. 

Los trabajadores ocuparon Chiquita y en horas de la noche le prendieron fuego, llevando la insurrección a toda la región de Sanguinola.  Con ello, hicieron arder simbólicamente a las estructuras que representan el histórico coloniaje contra el pueblo y la dictadura empresarial y bancaria representada por Mulino, quien ya cumple un año de sus cinco de mandatos.

Ante esto el gobierno salió a responder con una brutal represión desplazando a la zona a casi dos mil miembros de la policía y pelotones antimotines con su ya citada “Operación Omega”, que ha dejado a la fecha centenares de heridos y detenidos  y la muerte de un trabajador, hallado sin vida cerca de un control policial.

El propio viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, dio cuenta que no han conseguido contener la rebelión que se ha desatado. El Ministerio de la Presidencia emitió un comunicado en el que advierte que la situación “ha escalado peligrosamente en las últimas horas”, que traducido significa que han encontrado una contundente respuesta.

Una situación que no sólo se ve en Bocas del Toro, sino también comarcas como la de Ngöbe Buglé, donde han llevado a cabo una enorme represión en la comunidad originaria con elementos policiales con formación militar en Israel y Colombia, con prácticas que incluyen el desconocimiento del derecho a la autonomía del territorio, ya que las fuerzas policiales ingresan a las casas de los vecinos, disparan gases lacrimógenos y reprimen brutalmente. Lo mismo ocurría en la comunidad indígena de Arimae, ubicada en la provincia del Darién donde el despliegue de unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y la Policía Nacional vienen generando un clima de terror que ha obligado a familias enteras a refugiarse en las montañas.