By, by, Dina: Ni destituyéndola el Congreso peruano limpia su imagen corrupta

El Congreso peruano, dominado por la derecha, votó unánimemente -122 a 0- en la madrugada de este viernes por la destitución de la presidenta Dina Boluarte ante su fracaso en controlar la delincuencia, cuyo más reciente acto fue herir a balazos a cuatro integrantes de una agrupación popular de cumbia.

Un día antes, nadie podía prever su destitución, porque  ningún partido había manifestado su intención de sacarla del poder, tras casi tres años en el cargo sostenida por un grupo de fuerzas conservadoras que controlan el Congreso.

Todo hacía indicar que Boluarte terminaría el mandato hasta las elecciones generales del 2026, gracias a la afinidad que había conseguido con los partidos al mando del Congreso, pero ese idilio se rompió de forma abrupta a medida que se acercaban los comicios y las fuerzas que la respaldaban prefirieron que no les contagiase su enorme impopularidad.

Y es que desde hace tiempo Boluarte apenas cuenta con una aceptación del 3% dentro de la población peruana, mientras que el Congreso apenas supera el 5%, al ser percibidos ambos poderes como una clase política mercantilista interesada en gobernar y legislar para ellos mismos, y alejada de los intereses de la población.

A la primera moción de vacancia anunciada por el ultraconservador Renovación Popular, que lidera el alcalde de Lima y precandidato presidencial Rafael López Aliaga, se sumaron sendas mociones similares del partido derechista Podemos Perú, del también precandidato presidencial José Luna; y de la Bancada Socialista, que agrupa a varios parlamentarios de izquierda.

Las tres mociones plantearon declarar la incapacidad moral de la mandataria para combatir la creciente inseguridad a manos del crimen organizado, cuando restan apenas seis meses para la primera vuelta de las elecciones generales del 2026, donde se elegirá al sucesor o sucesora de Boluarte, la presidenta más impopular de Latinoamérica.

HISTORIA, Y NO DE UN AMOR

Boluarte asumió la Presidencia de Perú en diciembre del 2022 para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), después del fallido intento de autogolpe de Estado para tratar de limpiar aun Congreso corrupto que rechazaba casi el ciento por ciento de sus propuestas para mejorar la vida del pueblo.

Desde ese momento, Boluarte, que había llegado al Gobierno bajo la bandera de un proyecto de izquierda encabezado por Castillo, decidió aliarse con las fuerzas de derecha que controlan el Legislativo peruano y que habían presionado férreamente a Castillo en su mandato.

Así, en lugar de convocar nuevas elecciones como pedían las masivas protestas que se sucedieron durante los meses siguientes a la detención y encarcelamiento de Castillo, y que fueron duramente reprimidas con más de 50 muertos, Boluarte anunció su intención de completar el mandato hasta el 28 de julio del 2026. Con el apoyo de estos partidos salvó seis mociones previas para ser destituida. 

La llamada Bancada Socialista expresó en su acusación  que "resulta indignante constatar que mientras los peruanos viven bajo el miedo del sicariato, la extorsión y la impunidad, la señora Boluarte sigue mostrando una absoluta indiferencia e incapacidad para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana. El gobierno ha tocado fondo".

¿SEGUIRÁ IMPUNE?

Dina Boluarte tiene siete investigaciones por delitos cometidos después de asumir la presidencia.

Se trata de investigaciones relacionadas con las muertes durante la represión a las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023; y el de enriquecimiento ilícito por la presunta recepción de joyas y relojes a cambio de presupuesto adicional para el gobierno regional de Ayacucho.
 
A estas se suma una carpeta por el acuerdo con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo al excomandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado. 

A la presidenta también se la indaga por desactivar el grupo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder —el mismo que investiga a su hermano— y por el uso del Cofre —vehículo presidencial— para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. A esto se añade el abandono del cargo para realizarse intervenciones estéticas, sin informar previamente al Congreso. 

De igual modo, la mandataria está involucrada, por los menos, en otras tres investigaciones por delitos cometidos antes de asumir la presidencia: su supuesta participación en el financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre en las elecciones de 2021, la contratación de Víctor Torres Merino en el Ministerio de Inclusión Social y el eventual favorecimiento a empresas que distribuían alimentos en mal estado en el programa Qali Warma.
 
El exfiscal supremo, Avelino Guillén Jáuregui, considera que el proceso por las muertes en protestas reúne varios hechos que involucran la responsabilidad de la mandataria. Según su opinión, la presidenta "no puede negar que tuvo información permanente y actualizada de lo que estaba ocurriendo en el interior del país y, en vez de paralizar la represión, alentó estas conductas”.

A criterio del exprocurador anticorrupción José Ugaz Sánchez-Moreno, la indagación por enriquecimiento ilícito también cuenta con abundante evidencia que desmiente la justificación que dio la presidenta para deslindarse del caso. “Ya se ha probado que ha mentido. Las versiones que ha dado son disfrazadas”, dijo.