Camacho, como siempre: Paciencia oficial para preservar la paz en Bolivia

Vidas y cuantiosos recursos económicos se están perdiendo a causa del conflicto artificial creado por la ultraderecha en el departamento boliviano de Santa Cruz, encabezado por su gobernador, Luis Fernando Camacho, y una camarilla golpista que le acompaña en su nuevo intento de escindir al país, utilizando ahora de pretexto la realización de un censo que tiene exclusivamente carácter técnico y no político como aseguran los fascistas.

Camacho utiliza sus abundantes recursos para mover a una parte de la población, aunque hay grupos sociales que lo han estado enfrentando desde el paro que inició el 23 de octubre pasado.

El presidente boliviano, Luis Arce, ha hecho gala de una extrema paciencia para demostrar la voluntad de resolver pacíficamente el problema, y así realizó un cónclave para dialogar acerca de los problemas que encara la nación, en la que solo tuvo ausente la representación del gobierno cruceño.

Camacho, expresión de la oligarquía más retrógrada, racista y patriarcal boliviana, quiere que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice en el 2023, cuando ya toda la arquitectura política y social del Estado, menos él, acordaron democrática y participativamente reprogramarlo para el 2024 por razones técnicas.

En este contexto, reitero, hay que saludar la paciencia oficial, todo para evitar una confrontación que perjudicará al pueblo en general, constatado en la realización de una masiva concentración, el Cabildo del Pueblo, en la que hablaron el mandatario y el vicepresidente David Choquehuanca, y se dio a conocer la siguiente declaración:

“Ante el anuncio de un paro indefinido por el comité cívico pro Santa Cruz, el Gran Cabildo Nacional en Defensa de la Democracia y la Economía desarrollado el 21 de octubre del 2022, a los pies del monumento del Chiriguano, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con la participación del pueblo cruceño, trabajador, naciones indígenas, originarias, organizaciones obreras, campesinas, interculturales, sectores económicos y productivos del campo y la ciudad, organizaciones de mujeres, gremialistas, transportistas, estudiantes, universitarios, cooperativistas, micro, pequeño y medianos empresarios, artesanos, artistas, adultos mayores, personas con discapacidad, juventud y la sociedad civil organizada; con la firme convicción democrática y en el marco del respeto de las normas que rigen el Estado Plurinacional de Bolivia, los sectores de la sociedad exigimos que paren las intenciones de desestabilizar el Gobierno nacional, que ha ganado de manera democrática las elecciones nacionales de octubre de 2020 con más del 55%, a la cabeza de Lucho Arce y David Choquehuanca”, y “con la finalidad de que la paz social y las condiciones de trabajo se garanticen en nuestro territorio nacional, la decisión ha sido del pueblo que hoy rechaza la intención de volver a los tiempos de Añez, tiempos de masacres y oscuridad”.

Realmente, las acciones de Camacho y su grupo no creo que logren socavar al gobierno, pero si está provocando una crisis económica, debido a que Santa Cruz es el departamento con más recursos de la nación, además de que la familia del gobernador maneja a elementos mercenaritos obedientes y controla a algunos sectores analfabetos en política, pero sí fieles al amo que bien paga.

De ahí que, tarde o temprano, con paz o sin ella, Camacho tendrá que enfrentar a la verdadera justica boliviana, que es la del pueblo, conocedor que fue el principal instigador del golpe de Estado del 2019 contra Evo Morales, aunque se alejó posteriormente por discrepancias con los sectores que impusieron a Añez en la presidencia.

Jefes militares apoyaron el evento golpista, algunos de los cuales, no todos, guardan prisión, y Arce acaba de pasar a retiro a los principales mandos.

El general de Ejército Hugo Arandina es el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el contraalmirante Gonzalo Vi Gabriel es jefe del Estado Mayor y el general Juan José Zúñiga es comandante del Ejército, mientras que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) está a cargo del general Marcelo Zegarra y la Armada Boliviana bajo el mando del contraalmirante Juan Arnés.

"El lugar de las Fuerzas Armadas está en el seno de su pueblo que ha expresado su voluntad de convivir en paz y en democracia y cuya obligación es la de defender al gobierno legalmente constituido a través de las urnas como la única vía legítima de alcanzar la conducción del Estado", sostuvo Arce, quien agradeció a los jefes salientes y remarcó que es deber de los militares "resguardar la paz y el orden con apego estricto" a la Constitución.

CENSO, SU INTRÍNGULIS

No hay tal misterio ni se trata de birlar posiciones políticas a Camacho y sus amiguitos: el censo es realmente técnico, y la posibilidad que sea realice como debe ser lo lleva a realizarse en el 2024 de manera completa, y no antes, como quiere Camacho, para evitar errores e injusticias.

Según señala la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE), un censo se define como “un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón o lista de la población de una nación o pueblo en un momento determinado, la información demográfica social y económica, para luego evaluar, analizar y publicar o divulgar”.

El INE añade que se trata del “operativo estadístico de mayor magnitud que debe afrontar el país en su conjunto”, y es que moviliza a cerca de 200 000 personas, desde los empadronadores hasta quienes difunden los resultados.
El evento “permite ajustar y/o definir, implementar y evaluar planes, programas, políticas públicas y estrategias de desarrollo humano sostenible, económico y social en el ámbito nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario. Por otra parte, proporcionará información para el diseño de un marco para futuras investigaciones por muestreo”.

Los resultados del Censo deciden la composición de la Asamblea Legislativa, como se señala en el artículo 146 de la Constitución Política del Estado: “La distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional, de acuerdo a la Ley. Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”.

Además, la Ley Marco de Autonomías establece en su disposición transitoria tercera que los recursos de coparticipación tributaria se “distribuirán de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción de la entidad territorial autónoma, en función a los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda”.

Asimismo, se tiene en cuenta los recursos de coparticipación tributaria, o sea, las transferencias desde el nivel central del Estado, equivalentes al 20% en el caso de las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios) y el 5% a las universidades públicas.

Las transferencias provienen de la recaudación en efectivo de los siguientes tributos: el Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Impuesto a las Transacciones, el Impuesto a los Consumos Específicos, el Gravamen Aduanero, el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior.

Como se puede apreciar, predomina el carácter técnico, porque el censo lo es, pero siempre con la vista fija en la equidad, y esto de por si es una mala palabra para los fascistas que aún controlan Santa Cruz.

Y mientras se trata de evitar la violencia y bloqueos cruceños que dañan la economía, surgen las falsas noticias de la represión policial a los simpatizantes de Camacho, cuestión desmentida por la fuerza pública, al demostrar que las fotografía al respecto correspondan a otro país y no a Bolivia.

UNA MULA PARA CAMACHO

Lamentablemente, aún no ha surgido una mula que tumbe merecidamente a Camacho, como sí lo hizo con Genaro o Jenaro, según un antiguo axioma popular.

La paralización de la región separatista de Santa Cruz, la más rica del país, trata de igualarse a la que realizó allí la rancia derecha en el 2019, con la unión de las clases medias bolivianas, que propiciaron un levantamiento opositor y el derrocamiento del presidente Evo Morales, reelecto en los comicios celebrados en noviembre de ese año.

Sin embargo, acota Valenzuela en CubaAhora, las condiciones son diferentes, aunque el cabecilla del movimiento es el mismo: el ahora gobernador santacruceño Luis Fernando Camacho, entonces jefe del Comité Cívico de ese departamento, enemigo acérrimo de Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS). Hoy, como entonces, ese fiel seguidor de las órdenes de Estados Unidos trata de quebrar el sistema revolucionario. Este millonario empresario formó parte de la organización del golpe cívico-militar que impuso, subrayo, como presidenta de facto a la exsenadora Janine Añez, ahora condenada por sus crímenes de Estado.

A Camacho le interesa muchísimo que el Censo se realice en 2023, tal como se preveía por el gobierno central hasta que, por razones logísticas y para garantizar su calidad, prefirió trasladarlo para el siguiente año, lo cual fue consensuado con autoridades de los departamentos, alcaldes y autoridades judiciales, pero Santa Cruz no participó ni en el debate ni en el acuerdo. Luego, cuando rompió hostilidades, fue invitado a un diálogo y se levantó de la mesa con una clara respuesta:” “Paralizo a Santa Cruz y te derroco”.

El líder golpista es un multimillonario de extrema derecha que surgió de los movimientos fascistas en la región de Santa Cruz, donde Estados Unidos ha alentado el separatismo desde hace una década.

De acuerdo con una investigación realizada por el portal de periodismo independiente The Granzones, para concretar el golpe contra el presidente constitucional Evo Morales contó con el apoyo de los gobiernos de Colombia y Brasil, y de la oposición venezolana.

Relata el reportaje que cuando Camacho irrumpió en el palacio presidencial de Bolivia en las horas posteriores a la repentina renuncia de Morales, el 10 de noviembre, reveló al mundo un lado del país que estaba en desacuerdo con el espíritu plurinacional que su depuesto líder socialista e indígena había presentado.

Con una Biblia en una mano y una bandera nacional en la otra, Camacho inclinó su cabeza en oración sobre el sello presidencial, cumpliendo su promesa de purgar la herencia nativa de su país del gobierno y “devolver a Dios el Palacio Quemado”.

“Pachacanac nunca volverá al Palacio”, enfatizó, refiriéndose al espíritu andino de la Madre Tierra. “Bolivia le pertenece a Cristo”, afirmó.

Se trata, prácticamente, de un desconocido fuera de Bolivia, donde además nunca había ganado una elección democrática. Es un poderoso multimillonario nombrado en los Panamá Papers, un fundamentalista cristiano ultraconservador preparado por un paramilitar fascista conocido por su violencia racista, con una base en la rica región separatista de Santa Cruz.

Camacho proviene de una familia de élites corporativas que durante mucho tiempo se han beneficiado de las abundantes reservas de gas natural de Bolivia. Precisamente, su familia perdió parte de su riqueza cuando Morales nacionalizó esos recursos para financiar sus vastos programas sociales, que redujeron la pobreza en un 42% y la pobreza extrema en un 60%.