Males acentuados en Costa Rica

Extorsiones, crímenes de odio, expansión del narcotráfico organizado y el debilitamiento institucional golpean fuertemente a la una vez considerada Suiza de Centroamérica, donde años atrás fuera eliminado el ejército y se promoviera el eslogan “Más maestros que soldados”.

Esta panorama está golpeando al nuevo gobierno derechista de Laura Fernández, una marioneta al carbón de su antecesor Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro y tiene en la eliminación de las relaciones diplomáticas con Cuba un bien ganado galardón en la política de sumisión a Estados Unidos.

El primer discurso presidencial de Fernández se ocupó de remarcar que seguirá el mismo tono de Chaves, el de las soflamas populistas en las que “el pueblo”, “la calle” y “el gobierno de la gente común” se enfrentan “a las élites” y a las instituciones que sostienen la democracia tica. Un discurso con el afán autoritario que ha caracterizado al proyecto chavista, inscrito en el mismo molde de Nayib Bukele o Javier Milei, en específico la tesis de que los de “antes” fallaron. 

Una pugna constante contra la Asamblea Legislativa en la que el “gobierno de la continuidad” consiguió mayoría de curules, pero no los necesarios para cambios absolutos. Ese es el gran dique institucional que aún contiene a una democracia a la que solía ponérsele pocos peros.

Fernández, heredera de los males dejados por su protector, ha admitido el fracaso del Estado frente al crimen organizado en Costa Rica, que incluso está operando desde las cárceles.

En estos momentos su principal objetivo no es combatir a esta delincuencia, sino en eliminar a magistrados a quienes acusa de preparar un golpe de Estado en su contra, pero el real propósito es no dejar avanzar investigaciones sobre casos de corruptela que permanecen impunes y podrían dejar malparado a su “superministro”.

La presidenta también criticó lo que describió como una visión excesivamente garantista dentro del sistema judicial, señalando que en algunos casos se priorizaron derechos de delincuentes mientras las víctimas quedaron relegadas.

YA NO ES ASÍ

Informes recientes publicados por InSight Crime y análisis de Reuters muestran cómo Costa Rica dejó de ser vista únicamente como una excepción regional en seguridad y comenzó a enfrentar dinámicas criminales similares a las de otros países latinoamericanos afectados por redes transnacionales.

El gobierno considera necesario fortalecer herramientas de control contra estructuras criminales, pero sectores jurídicos y defensores de derechos fundamentales podrían cuestionar propuestas relacionadas con: restricción de visitas, grabaciones obligatorias y ampliación de facultades estatales dentro del sistema penitenciario.

El problema ya no se limita únicamente a capturar delincuentes. Ahora la discusión gira alrededor de si el Estado costarricense todavía tiene capacidad institucional para recuperar control sobre estructuras criminales cada vez más organizadas, tecnológicas y violentas.

Según el análisis de Impacto Noticias CR, Costa Rica podría entrar pronto en uno de los debates más complejos de los últimos años: cómo endurecer la lucha contra el crimen organizado sin alterar el equilibrio democrático y jurídico que históricamente distinguió al país en América Latina.

Pero, en realidad, es peor que se obstaculicen investigaciones sobre la corrupción que desde hace años deja muy mal parada a esa que dicen ejemplo de democracia. Sin embargo, hoy enfrenta una realidad más compleja: una percepción creciente de que la corrupción ya no es un problema aislado, sino un fenómeno que se repite en distintos niveles del Estado.

LO QUE CUESTA

Algunos de los escándalos más importantes de corrupción en Costa Rica han involucrado obras públicas, banca estatal y compras durante la pandemia, además de escándalos que han costado millones de dólares al Estado y debilitado la confianza en las instituciones.

Hablar de corrupción en Costa Rica no es solo hablar de ética, sino de dinero.

Cada acto de corrupción implica recursos que se pierden, proyectos que se encarecen y oportunidades que desaparecen. Aunque no siempre existe una cifra única, distintos análisis coinciden en que su impacto puede representar miles de millones en pérdidas indirectas.

Ese costo invisible termina traduciéndose en: servicios públicos más deficientes, menor inversión extranjera y mayor presión fiscal.

La corrupción en Costa Rica se manifiesta en distintos espacios donde coinciden recursos públicos y poder de decisión. Entre las áreas más sensibles se encuentran: Contratación pública: obras de infraestructura y licitaciones con riesgo de sobreprecios; manejo de grandes presupuestos con controles imperfectos, permisos, uso de suelo y contratación local; relación político–empresarial: influencia indebida en decisiones del Estado. Estos escenarios concentran riesgos debido a la discrecionalidad y falta de supervisión efectiva.

Entender la corrupción en Costa Rica implica analizar factores estructurales, como controles débiles o lentos; exceso de burocracia que incentiva atajos,  falta de rendición de cuentas efectiva, intereses políticos y económicos, tolerancia social en algunos casos, porque no se trata solo de individuos, sino de condiciones que permiten que estas prácticas se repitan.

LO MÁS SONADO

A lo largo de las últimas décadas, varios escándalos han marcado la percepción sobre la corrupción en Costa Rica, tanto por su impacto político como por las pérdidas económicas.

Banco Anglo (1994) Qué pasó: colapso del banco estatal por mala gestión e irregularidades. Imputados: funcionarios financieros y actores vinculados. Fallo: procesos sin consecuencias claras en todos los niveles. Costo estimado: más de 100 millones de dólares.

ICE–Alcatel (2004) Qué pasó: pago de sobornos para obtener contratos públicos. Imputados: altos funcionarios, incluido el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Fallo: condenas en primera instancia y posteriores cambios judiciales. Costo estimado: más de 2 400 millones de dólares en sobornos.

CCSS–Fischel (2004) Qué pasó: irregularidades en compra de equipo médico. Imputados: entre ellos el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Fallo: condena judicial. Costo estimado: alrededor de nueve millones de dólares.

Yanber (2015–2017) Qué pasó: crisis empresarial con créditos cuestionados. Imputados: empresarios y exfuncionarios. Fallo: procesos prolongados. Costo estimado: cerca de 20 millones de dólares.

“El Cementazo” (2017) Qué pasó: créditos irregulares para importación de cemento. Imputados: empresarios, políticos y figuras judiciales Fallo: investigaciones complejas y prolongadas. Costo estimado: más de 30 millones de dólares.

Bancrédito (2017) Qué pasó: El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) fue intervenido y posteriormente cerrado tras una prolongada crisis financiera, marcada por decisiones cuestionadas, pérdidas acumuladas y fallos en la gestión.

Imputados: Autoridades del banco y decisiones políticas relacionadas con su administración. Fallo: No hubo un caso judicial único emblemático por corrupción, pero sí múltiples cuestionamientos sobre la gestión y uso de recursos públicos. Costo estimado: más de 100 millones de dólares en pérdidas y rescate estatal.

Cochinilla (2021) Costo estimado: decenas de millones de dólares.

Qué pasó: red de corrupción en obras viales. Imputados: funcionarios y empresas constructoras. Fallo: procesos en curso
Diamante (2021) Qué pasó: Investigación por presunta corrupción en municipalidades relacionada con adjudicación de contratos, especialmente en obras y servicios públicos. Imputados: Alcaldes, funcionarios municipales y empresarios vinculados a contrataciones públicas. Fallo: Procesos judiciales en curso, con múltiples imputaciones y medidas cautelares. Costo estimado: difícil de precisar, pero se habla de millones de dólares en contratos bajo sospecha.

Mascarillas durante la pandemia (2020–2021) Qué pasó: Durante la pandemia de COVID-19, se investigaron compras de mascarillas y equipo médico por parte de instituciones públicas con presuntas irregularidades en precios, calidad y procesos de contratación. Imputados: Funcionarios públicos y proveedores vinculados a adquisiciones de emergencia. Fallo: Investigaciones administrativas y judiciales, algunas aún en proceso o con resultados parciales. Costo estimado: difícil de precisar, pero se habla de millones de dólares en compras cuestionadas.

PELIGRO

Más allá de los escándalos: un problema estructural. En consecuencia, estos casos evidencian que la corrupción en Costa Rica no responde a un solo evento, sino a patrones que se repiten en distintos sectores. Desde la banca hasta la infraestructura, el problema ha logrado adaptarse a diferentes contextos institucionales.

Cuando la corrupción deja de generar indignación, se vuelve más difícil combatirla. La tolerancia social aumenta y la exigencia ciudadana disminuye. En ese escenario, el problema deja de ser excepcional y pasa a formar parte del funcionamiento cotidiano.