El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ordenó este martes 16 de diciembre un bloqueo marítimo de crudo hasta tanto el país bolivariano entregue “todo el petróleo, las tierras y otros activos” que, según él, la nación suramericana “robó” a Washington.

En una publicación en la red Truth Social, Trump también designó al gobierno legítimo de Venezuela como una presunta “organización terrorista extranjera”, decisión motivada por el “robo de activos” al que refiere y que, según él, Venezuela financia “el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas”, actividades que atribuye sin pruebas al Gobierno del país suramericano.

“Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela”, se lee en el texto.

Esta decisión pone en evidencia, una vez más, que las actuales élites gobernantes de EEUU han desplegado un desproporcionado contingente militar en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, para amenazar de invasión a este país y generar un "cambio de régimen", y no combatir a las drogas, tal y como lo han repetido, sin sustento, en muchas oportunidades.

Fake news sin sustentos

Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero pasado, Trump ha instrumentalizado, mediante fake news, la criminalización y el tráfico de drogas para atacar a gobiernos soberanos, como el de Venezuela, país que ostenta las mayores reservas de crudo (303.000 millones de barriles de petróleo).

Para justificar una invasión y apropiarse de los hidrocarburos venezolanos, Trump y sus voceros intentan posicionar una matriz que vincula a Maduro con un cartel inexistente de drogas.

Con este relato, el magnate ha ordenado el despliegue de un gran contingente militar en el Caribe cerca de Venezuela, que comprende 15.000 marines en más de diez barcos bélicos con misiles, aviones caza, el portaaviones Gerald R. Ford (CVN-78), con capacidad para transportar 75 aeronaves.

En este contexto, EEUU asaltó el 13 de septiembre pasado a una embarcación pesquera venezolana, en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela. Asimismo, a finales de octubre denunció que la CIA, junto al gobierno de Trinidad y Tobago, pretendían ejecutar una operación de falsa bandera para atizar la tensión y provocar una acción bélica de Washington contra Caracas.

El régimen estadounidense también ha perpetrado más de una veintena de ataques a lanchas, matando a más de 80 civiles en el Caribe y en el Pacífico, acusados sin pruebas de ser “narcotraficantes”.

No obstante, la agresión escaló el 10 de diciembre cuando los marines estadounidenses asaltaron, secuestraron y robaron el crudo venezolano que viajaba en un buque internacional por las aguas del Caribe.

EE.UU. también persiste en aislar vía aérea en Venezuela al emitir este martes 16 de diciembre una supuesta “alarma” por parte de la Administración Federal de Aviación estadounidense que insiste en advertir sobre un supuesto “empeoramiento de la situación de seguridad” al volar sobre este país suramericano.

Esta es la segunda alarma emitida desde el pasado 22 de septiembre y que ha sido refutada por Caracas como un intento de violación a su soberanía.

El presidente Nicolás Maduro ha denunciado en varias oportunidades que, mediante una guerra psicológica sobre el pueblo, el imperio norteamericano busca deponer al legítimo Gobierno Bolivariano para imponer un régimen extractivista.

¿Qué leyes está violando Trump?

En una carta entregada este martes 16 de diciembre por Venezuela al Consejo de Seguridad, Caracas denuncia que el régimen de Trump ha incurrido en la piratería marítima como instrumento de confiscación forzosa en alta mar.

Con esta práctica, EEUU viola la Carta de las Naciones Unidas, que en su Artículo 2, párrafo 4, prohíbe de manera categórica el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la doctrina especial del Consejo de Seguridad en la materia, sustentada en las resoluciones 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 2015 (2011), 2184 (2014) y 2634 (2022).

“Asimismo, la Organización Marítima Internacional (OMI), en el marco de su Convenio Constitutivo y de las resoluciones de su Asamblea, condena la piratería y el robo armado contra buques, y promueve la cooperación internacional para prevenir, reprimir y sancionar estos actos, por constituir una amenaza directa a la seguridad marítima y al comercio internacional”, dice el texto.