El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador se reunirá este sábado para tratar la convocatoria del presidente Daniel Noboa para celebrar un referéndum en el que se consultará sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, emitido sin tener el dictamen favorable previo de la Corte Constitucional como establece la normativa.

En un comunicado, el CNE informó que la sesión comenzará a las 8:00 hora local, por videoconferencia con un único punto en el orden del día, titulado como “conocimiento y resolución respecto del Proyecto para la declaratoria de inicio del proceso electoral de referéndum y consulta popular 2025.

La Asamblea Constituyente, con la que Noboa busca cambiar la carta magna aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017) fue una de sus más grandes promesas de la campaña electoral donde logró ser reelegido como gobernante de Ecuador para un periodo completo (2025-2029), tras haber llegado al poder en 2023.

La polémica convocatoria para poner en marcha el proceso de una Asamblea Constituyente coincide con la lucha abierta que Noboa mantiene con la Corte Constitucional, a quien acusó de hacer “activismo político” al limitar una serie de leyes y estados de excepción promovidos en los últimos meses por el gobernante que acumulan numerosas demandas de inconstitucionalidad al advertir posibles vulneraciones a derechos fundamentales.

El proceso se inició sin obtener antes la validación previa de la Corte Constitucional, conforme establece la norma, lo que llevó al alto tribunal a pronunciarse sobre la necesidad de acogerse a las leyes y a la normativa.

La militancia del Movimiento Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición a Noboa, aseguró que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esta propuesta del presidente e instó al CNE a trasladar la petición al tribunal constitucional para tratar el proceso legalmente.

Según la Constitución, una consulta popular solo puede ser convocada después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas, algo que no ha sucedido hasta el momento pues el presidente no envío esta pregunta a la Corte.

La convocatoria a este referéndum se da además en un contexto de alta tensión social tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel, lo que ha llevado al movimiento indígena y a otras organizaciones sociales a convocar protestas contra el alza del precio de combustible, que de la noche a la mañana pasó de costar 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Frente a ello, el Gobierno ha advertido que detendrá y denunciará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras y Noboa ha declarado el estado de excepción en ocho de las veinticuatro provincias del país frente a las protestas, a la vez que ha impuesto en cuatro de ellas un toque de queda nocturno.

El objetivo es el reformar el artículo 5 de la Constitución y elaborar una nueva carta magna con la participación de los más de 13 millones de ecuatorianos.

Ante ello, la Corte emitió un pronunciamiento, destacando que Ecuador es un Estado constitucional y democrático donde todas las autoridades e instituciones deben sujetarse a la ley y sugiriendo una violación del marco legal estipulado.

El mencionado artículo prohíbe bases militares extranjeras, y desde la administración de Noboa se presenta está como una medida contra el narcotráfico, pero analistas explican que representa una entrega de soberanía.

Vale recordar que las base estadounidense en Manta (1999-2009), cerrada por el expresidente Rafael Correa, no redujo el narcotráfico –las incautaciones de drogas se triplicaron durante su operación–, sino que sirvió a intereses geoestratégicos de Washington en el Pacífico Tropical Oriental, incluyendo las Galápagos, para contrarrestar la influencia china.

Recientemente, el Gobierno cedió las Galápagos para una base del Comando Sur de EE.UU., pese a su estatus como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Por otro lado, Noboa propone cambios en la Asamblea Constituyente, como vía para una nueva carta magna, pero ello apunta, según los propios analistas, a un intento de evadir controles institucionales y consolidar un régimen autoritario.

La Constitución actual permite enmiendas o reformas parciales vía Asamblea Nacional y referéndum, reservando la Constituyente para cambios profundos en derechos y estructura estatal.

Sin embargo, Noboa la usa para reformas puntuales, como eliminar el financiamiento estatal a partidos o juzgar jueces constitucionales por mayoría simple, lo que debilitaría la Corte Constitucional como garante de derechos.