Pretolífera boliviana revela desvío de recursos en gestión de Áñez

La Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reveló este lunes una investigación que evidencia acciones irregulares en la petrolera estatal y sus subsidiarias con un daño económico de al menos 1,2 millones de dólares, durante la administración del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

YPFB anunció además, en conferencia de prensa celebrada esta jornada, que iniciará acciones penales por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Según la investigación, publicada en el sitio web de la empresa estatal petrolera, durante la administración de Herland Soliz, anterior presidente de YPFB, y Víctor Hugo Zamora, exministro de facto de Hidrocarburos durante el Gobierno de facto de Áñez, la Resolución Ministerial 031-2020, del 23 de marzo de 2020, fue el instrumento con el cual estas autoridades realizaron el movimiento de recursos supuestamente dirigido al Plan Social de Prevención y Control de Contagios de Coronavirus Covid-19.

La Resolución indicaba: “recomendar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y sus empresas filiales y subsidiarias que, de manera extraordinaria e inmediata, destine recursos económicos necesarios para la compra de insumos médicos y material de prevención para la lucha contra el Covid-19, así como para las Unidades Médicas de Emergencia Contra el Coronavirus”, precisa el texto en el sitio web.

“Esta autoridad no tenía competencias para emitir esta resolución por lo que es ilegal”, precisó la directora de Transparencia de YPFB, Erika Chávez, durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes en la Paz.

Chávez agregó que se evidenció el direccionamiento en la contratación de las empresas, "les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”, acotan.

Por su parte, el Presidente de YPFB, Wilson Zelaya, precisó que “se ha instruido a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna para tener mayores detalles y responsabilidades”.

La justicia boliviana mantiene presa y bajo enjuiciamiento a la expresidenta de facto por el golpe de Estado de 2019, que causó decenas de muertos,  y expulsó del poder al entonces presidente Evo Morales.