Nuevo informe de la CEPAL aboga por ingreso de emergencia para más pobres

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentó un nuevo informe donde muestra una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis desatada por la pandemia de la COVID-19 para los países de la región en el corto, mediano y largo plazo.

En una conferencia de prensa virtual desde Santiago de Chile, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, entregó también los detalles de la propuesta de la CEPAL sobre un ingreso básico de emergencia (IBE), que se debe implementar inmediatamente, con perspectivas de permanecer en el tiempo de acuerdo con la situación económica de cada país.

El documento señala además la necesidad de que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas, para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida, publica el sitio web oficial de la CEPAL.

Bárcena reiteró la relevancia de estas medidas, dado que la superación de la pandemia tomará su tiempo y las sociedades deberán coexistir con el coronavirus, lo que dificultará la reactivación económica y productiva, particular y específica en cada y nación.

La pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo, señaló la directiva.

En ese sentido, la CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza o costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas, durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020, cifra que alcanza los 215 millones de personas o el 34.7% de la población regional.

El informe agrega que en este escenario de mayor desigualdad, amplios estratos de la población regional viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y vulnerabilidad ante las pérdidas de ingresos laborales, por tal motivo, alrededor del 10% de los 11.8 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza en 2019 vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema.

A la fecha, en total se han aplicado 126 medidas de protección social en 29 países para la población pobre y vulnerable, entre ellas, las transferencias monetarias y de alimentos alcanzan a 90.5 millones de familias, lo que representa alrededor del 58% de la población latinoamericana.

Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible, sin dejar a nadie atrás, como se plantea en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a través de un nuevo pacto social/fiscal, dijo finalmente la secretaria ejecutiva en su intervención virtual.