Marchan en Chile a favor de aprobación de Ley de Indulto General

Convocados por la Asamblea de Familiares de Presos Políticos, y otras organizaciones, diversos sectores de la sociedad chilena marchan este domingo en las calles de la capital Santiago de Chile demandando la aprobación de la Ley de Indulto General para los detenidos durante el estallido de 2019, informaron medios locales.

A la petición fundamental de aprobar la Ley de Indulto General con urgencia en el Senado chileno, los familiares y manifestantes suman esclarecer la verdad, y exigir justicia y reparación respecto a los asesinados, víctimas de lesiones, abusos sexuales y otras violaciones de los derechos humanos por parte de los carabineros y agentes policiales.

Además piden el cese a la criminalización de la movilización social, apoyados en expresiones culturales como cantos, comparsas y una intervención colectiva poética, y presencia de caravanas de manifestantes en bicicletas.

Sus exigencias también comprenden que el Gobierno desista del posible empleo del veto presidencial o algún recurso ante el Tribunal Constitucional a fin de entorpecer o derogar la Ley.

A propósito el proyecto, en el cual los senadores que lo presentaron alegan se cometió "una respuesta estatal desproporcionada seguida de detenciones masivas y múltiples procesos penales", ha sido aprobado en el Senado por las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad Pública, y Constitución.

La Asamblea de Familiares Presos Políticos, y diversas organizaciones no gubernamentales y asociaciones chilenas, se han manifestado reiteradamente demandando la libertad de los detenidos, tras denunciar abuso de la prisión preventiva, lentitud en los procesos judiciales, y uso de legislación especializada para criminalizar las protestas.

Mientras, el presidente Sebastián Piñera ha expresado en varias ocasiones que "en Chile no hay presos políticos" porque "nadie está privado de libertad por cómo piensa", al tiempo que ha señalado que aquellas personas que se encuentran detenidas ha sido por la comisión de delitos durante las protestas de 2019.