La Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó este jueves de que la informalidad laboral sigue afectando a casi una de cada dos personas en América Latina y el Caribe, con un promedio regional del 47% en 2025.

La situación es particularmente crítica en países como Perú, Bolivia y Ecuador, donde la tasa supera el 70%, de acuerdo con el informe Panorama Laboral 2025 América Latina y el Caribe.

La OIT señala que, si bien la informalidad se redujo ligeramente en el primer semestre del año (0.7 puntos porcentuales respecto a 2024), el avance es mínimo e insuficiente.

«Aunque la tendencia ha sido consistentemente decreciente desde 2021, la reducción observada es todavía insuficiente para modificar el rasgo estructural del mercado laboral y es uno de los retos centrales para el desarrollo laboral en la región. En promedio, afecta a casi la mitad de las personas ocupadas», precisó la OIT.

«Esta heterogeneidad implica que las políticas para reducir la informalidad deben adaptarse a contextos nacionales específicos, teniendo en cuenta factores como la estructura productiva, la capacidad institucional y las características del mercado laboral», indicó el organismo especializado de Naciones Unidas.

Los expertos de la OIT explican que la informalidad laboral tiene graves consecuencias: afecta la estabilidad fiscal de las economías, reduce la productividad nacional y aumenta la precariedad de los trabajadores, quienes carecen de protección como seguros de salud y regulación laboral. El problema afecta con mayor fuerza a jóvenes y mujeres.

Para lograr una reducción sostenida, la OIT sostiene que se necesitan «políticas activas y coordinadas que impulsen transformaciones más profundas en la estructura laboral y productiva», y que simultáneamente fomenten un crecimiento económico más robusto.

La directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Virginia Moreira, comentó que, tras el aumento significativo de la informalidad durante la pandemia de covid-19, los países han hecho esfuerzos para adaptar su legislación laboral. Sin embargo, advirtió, se requiere una voluntad política de más alto nivel para combatir el problema de fondo.

«La región no puede conformarse con cifras que parecen positivas en promedio. Necesitamos políticas activas que promuevan el trabajo decente, con igualdad y protección. La OIT sigue comprometida con acompañar a los países en este camino, en un mundo laboral que cambia rápidamente», dijo Moreira.