Impunidad por asesinatos en protestas en Bogotá sigue un año después

Un año después de las jornadas en las que 8 personas murieron en Bogotá por disparos de la Policía y otras 3 más en la vecina ciudad de Soacha, las familias aún siguen buscando justicia y solo cuatro agentes han sido imputados por los hechos, aunque están en libertad y no han sido apartados del servicio en el cuerpo.

"Lo que ocurrió entre el 9 y el 11 de septiembre del año 2020 fue una masacre de jóvenes en medio de disparos indiscriminados por miembros de la Policía Nacional", recordó este jueves la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Hace un año miles de jóvenes se echaron a las calles pidiendo justicia tras el arresto arbitrario, tortura y asesinato durante la noche del 8 de septiembre de un joven universitario, Javier Ordóñez, por parte de la Policía.

"Hay evidencia contundente que miembros de la Policía Nacional usaron sus armas de fuego de dotación para disparar de manera indiscriminada en varias localidades y barrios de nuestra ciudad", recordó López.

Al menos 300 personas resultaron heridas, 75 de ellas por arma de fuego; y 10 personas fueron asesinadas en Bogotá, ocho por disparos de los uniformados, según el balance de la Alcaldía. Otras tres personas más murieron en Soacha.

APENAS 4 IMPUTACIONES

Un año después, la Fiscalía y la Policía siguen reticentes a proporcionar información sobre las investigaciones que se han llevado a cabo y, según la información proporcionada hoy por López, no se ha conseguido identificar a ninguno de los autores de heridas por balas de la Policía y de los ocho homicidios donde está comprobado que la Policía usó sus armas reglamentarias, solo en cuatro ha habido una imputación.

"Pese a la evidencia de que esos miembros de la Policía Nacional usaron de manera arbitraria e inconstitucional sus armas de fuego, (...) la Fiscalía no consideró que esos homicidios tuvieran culpabilidad con agravamiento. No solicitó medida privativa de la libertad en cárcel", lamentó la alcaldesa.

Por tanto, continúo López, "esos miembros de la Policía siguen gozando de libertad, siguen gozando de trabajo y ni siquiera han sido suspendidos del servicio pese a estar imputados por asesinato".

El director de la Policía, Jorge Luis Vargas, aseguró hoy por su parte que esas personas han sido apartadas del servicio de vigilancia y "están en otro tipo de actividades administrativas".

Según las cifras de la Policía, hay 18 agentes "sancionados" por los hechos, aunque no han dado información de dichas sanciones.

"La Policía Nacional hoy y siempre va a lamentar, a pedirle disculpas, perdón, a las personas que han sido víctima de cualquier hecho donde un policía de manera comprobada, con todo el debido proceso, se ha comprobado que ha cometido un acto contrario a la ley", dijo el general Vargas.

PERSECUCIÓN A LAS FAMILIAS

Entre el 9 y el 11 de septiembre murieron Jaider Fonseca, de 17 años; Eidier Jesús Arias, de 17; Andrés Felipe Rodríguez, de 23; Cristian Hernández; María del Carmen Viuvche, de 40; Julián Mauricio Muñoz, de 27; Julieth Ramírez, de 18; Jaider Fonseca, de 17; Camilo Hernández; Gabriel Estrada, de 31; Estiben Mendoza, de 26, y Cristian Hurtado, de 27.

Esa noche también murió Angie Paola Baquero, una joven de 29 años que salió a protestar y acabó recibiendo un disparo de la Policía. Su madre, Nury Rojas, contaba hace unos meses a Efe que la búsqueda de justicia no le ha traído más que persecución y estigmatización.

Rojas explicaba con impotencia que Jorge Andrés Lazo Valencia, el patrullero que presuntamente disparó contra su hija una bala que le atravesó los intestinos, aún está "activo trabajando en la Policía".

"Es una persona que saben que es un asesino, ¿por qué no lo destituyen? Antes le dan reconocimientos, antes le dan el auge para que siga cometiendo cosas que no tiene que hacer", alegaba frustrada, en una denuncia que, dice, tiene miedo que le cueste la vida.