El Departamento de Justicia pone fin a los límites de la era Trump

El Departamento de Justicia pone fin a los límites de la era Trump
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Fecha de publicación: 
28 Abril 2021
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Una vista de la torre One World Trade Center y el horizonte de la ciudad de Nueva York en el bajo Manhattan al amanecer visto desde Hoboken, Nueva Jersey, EE. UU., 9 de agosto de 2017. REUTERS / Mike Segar / Foto de archivo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha derogado una política implementada durante la presidencia de Donald Trump que eliminó cientos de millones de dólares en subvenciones a ciudades santuario que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

En un memorando interno visto por Reuters, la directora interina de la Oficina de Programas de Justicia, Maureen Henneberg, dijo que los beneficiarios de subvenciones anteriores, incluidas ciudades, condados y estados que fueron beneficiarios del popular programa de subvenciones anuales de 250 millones de dólares del departamento para la aplicación de la ley local, ya no lo harán. Deberá cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. como condición para su financiación.

También ordenó al personal que retire cualquier solicitud de subvención pendiente del Departamento de Justicia con condiciones similares adjuntas y comience el proceso nuevamente.

En el memorando, Henneberg, quien lidera el brazo de otorgamiento de subvenciones más grande del departamento, dijo que había dado instrucciones al personal de "eliminar y revisar todas las solicitudes que describen requisitos o elementos o criterios de consideración prioritarios relacionados con la inmigración".

"Estas solicitudes se volverán a publicar y los beneficiarios deberán volver a presentar una solicitud", agregó.

Es una de una serie de decisiones del fiscal general Merrick Garland, designado por el presidente Joe Biden, para romper con las políticas implementadas durante la administración Trump. En otra medida de alto perfil, el Departamento de Justicia ha intensificado las investigaciones de los departamentos de policía de Estados Unidos que enfrentan cargos de brutalidad o tácticas discriminatorias.

Poco después de prestar juramento, Biden anuló una orden ejecutiva de Trump que había permitido al Departamento de Justicia presionar a las ciudades que se negaban a notificar a las autoridades federales de inmigración cuando personas que vivían en Estados Unidos ilegalmente habían sido detenidas por infracciones penales, incluidas las menores.

Garland ordenó el 14 de abril al departamento que comenzara a implementar el cambio.

BATALLAS LEGALES EN PAUSA

El cambio de política marca una gran victoria para los estados y ciudades que no han podido acceder a los premios que recibieron a través del programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grants, conocido como "Byrne JAG".

El programa de subvenciones Byrne JAG, que lleva el nombre de un oficial de policía de la ciudad de Nueva York asesinado en el cumplimiento de su deber, es la principal fuente de reembolso del Departamento de Justicia a las fuerzas del orden público estatales y locales para pagar una variedad de iniciativas, desde enjuiciamientos y programas penitenciarios hasta drogas y centros de tratamiento de salud mental.

En el año fiscal 2020, el programa distribuyó más de $ 253 millones en subvenciones.

Trump hizo de la represión de la inmigración, legal e ilegal, una pieza central de su administración.

Algunas ciudades y estados resistieron sus esfuerzos adoptando políticas de "santuario", argumentando que la estrecha cooperación entre las fuerzas del orden locales y las autoridades federales de inmigración puede disuadir a los inmigrantes de denunciar delitos.

La lucha para retener el dinero de la subvención de Byrne JAG provocó numerosas demandas, ya que jurisdicciones, incluidas Chicago, Nueva York, Filadelfia y San Francisco, demandaron al Departamento de Justicia con el argumento de que retener el dinero era ilegal.

En una de esas demandas presentadas por el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York y otros seis estados, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los EE. UU. En febrero de 2020 se puso del lado de la administración Trump y dictaminó que tenía derecho a retener millones en dinero de la subvención.

Los estados demandantes apelaron ante la Corte Suprema, pero la apelación se retiró más tarde después de que Biden ganara las elecciones de 2020.

El Departamento de Justicia y los demandantes pidieron conjuntamente a un juez federal en marzo que pusiera el asunto en suspenso, mientras el departamento terminaba de revisar las condiciones de la subvención en el centro del caso.

La oficina del Fiscal General de Nueva York dijo que durante los últimos cuatro años, el estado no ha podido obtener más de $ 30 millones en subvenciones del Departamento de Justicia como resultado del litigio pendiente.

La decisión del Departamento de Justicia de dejar de utilizar criterios relacionados con la inmigración se aplicará a todas las subvenciones del departamento, según el memo, así como a los avisos publicados por varias otras oficinas del Departamento de Justicia que otorgan subvenciones.

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