El neogolpe, las barbas y el remojo

Primeramente, fue el propio presidente paraguayo Fernando Lugo quien llamó al juicio político que le fuera impuesto “un golpe de estado exprés”. De inmediato, sería calificado por numerosos analistas con variables de denominación que insistían en el carácter golpista de la aplicación de la ley. Incluso el presidente de la OEA llamó la atención acerca de que no se violasen los principios democráticos empleando la letra de la Carta Magna. En comparación con el modo de comportamiento de Honduras, el Congreso paraguayo ha intentado aparecer como un brazo ejecutivo de la ley al basarse en un artículo de su Constitución, el 225, propio del modo americano de la legislación democrática, mediante el cual es posible juzgar al Presidente.

Recuérdese cómo Micheletti insistía ante los medios de prensa internacionales en que se trataba de “una sucesión presidencial”, y no de un golpe, en tanto la mayoría de los órganos más conservadores reservaban al menos un llamado para señalar los “lunares” del proceso, la participación de los militares —casi siempre calificados como una especie de “mal inevitable”— y el carácter “airado” del usurpador.

En el reciente caso de Paraguay, se insistió en concederle un carácter legítimo al juicio, sin atender demasiado a que la nueva alianza partidista desconoce de plano la voluntad popular que llevó a Lugo a la presidencia del país, y apenas se le señala el apresuramiento del proceso, un juicio de solo un día cuyo resultado sabían todos desde el día anterior sin necesidad de tomarse la molestia de cumplir con el procedimiento de rigor. Ese mismo Congreso había mantenido al país fuera de los nuevos procesos de integración latinoamericana y había limitado el avance del programa de gobierno que interrumpió la larga cadena de dominio del partido Colorado. Y en efecto, las alianzas de Lugo le resultaron como el beso de Judas Iscariote.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros cubanos, General de Ejército Raúl Castro, remarcó en declaraciones a la prensa el carácter sistemático y estructural de estos intentos de derrocar a presidentes que pongan en peligro los intereses de las transnacionales, apuesten o no por un tipo de socialismo, y, sobre todo, que se enfrenten al dominio estadounidense en América Latina. Los analistas coinciden, al señalar los errores del mandato de Lugo, en que sus gestiones avanzaron muy poco en relación con la estructura de poderes y con los grados de inclusión social de sus electores. Pero el Congreso paraguayo había demostrado su verdadero poder sobre esas decisiones en sucesivas oportunidades, sobre todo respecto a la negativa de permitir la entrada de Venezuela, una de las economías más importantes de la región, al MERCOSUR. Y en la aceptación del paquete antiterrorista estadounidense como una ley para el país. Si no contaba con los principales poderes, incluido el cuarto, la prensa, tampoco logró asociarse a los movimientos populares para fortalecerlos. Dicho así, parece que Lugo tuvo la posibilidad y prefirió, simplemente, no llevarlo a cabo. El éxito del neogolpe demuestra sin embargo hasta qué punto su gestión se veía condicionada por los mecanismos inherentes a la democracia liberal burguesa. En ese plano, la oposición sigue siendo débil, de ahí que necesitara recurrir a las alianzas, concediendo, por la parte conservadora, apoyar a un candidato capaz de ganar en las urnas, aunque fuese un partidario de la teología de la liberación, y, por la de Lugo, aceptando la intervención en su gobierno de sectores oligárquicos, clientes de la inversión extranjera y el desmedido extractivismo.

 Así, este proceso golpista pone de manifiesto las dificultades de transformación de la sociedad a partir de procesos electorales que dependen de esas mismas pautas de ejercicio de la democracia representativa, a través de la cual las más importantes garantías legales están destinadas a la preservación del sistema y sus representantes, clasificados según la escala de apropiación de la riqueza. No por gusto, uno de los puntos de acusación imputados a Lugo en el juicio fue el de “fomentar la lucha de clases”, en una abierta descalificación del concepto emancipatorio heredero del marxismo, sobre todo al tener en cuenta que se le acusó además de “complacencia con la agitación agrícola”, es decir, de no actuar enérgicamente contra los derechos de los campesinos a ocupar parte de las enormes concentraciones de tierras que hay en el país en manos de la clase dominante. De ahí, obviamente, que fomentar, o permitir la lucha de clases sea considerado un delito de tal magnitud que sólo conllevaría a terminar con la destitución del Presidente.

En comparación con el de Honduras, este golpe ha restituido también con mucha más rapidez a la ciudadanía a la “normalidad” vivida durante los años de oligarquía presidida por el Partido Colorado, y ha conseguido, en el plano ideológico, sembrar la duda acerca de la posibilidad de democratizar la sociedad y dar al menos cierto grado de participación a las clases bajas. Para el Congreso paraguayo, así como para su órgano legislativo supremo y sus instituciones de gobernación en general, incluidas algunas pertenecientes a la más rancia sociedad civil, la lucha de clases sigue siendo considerada una violación de la legalidad y, como sí lo es, un peligro para la conservación del estatus dominador de los grupos de poder empresarial y los terratenientes. No son problemas nuevos.

Hay que tener en cuenta que la creación de organismos regionales que intenten frenar el ejercicio de la hegemonía imperial, como el ALBA, constituye un permanente factor de riesgo para que cualquier presidente latinoamericano se halle frente a la perpetración de un golpe de Estado, sobre todo si, como en el caso paraguayo, los intereses de dominio económico están tan estrechamente vinculados a los de sometimiento de la oligarquía nacional. Los ejemplos precedentes de Venezuela, en 2002, Bolivia, en 2008, Honduras, en 2009, y Ecuador, en 2010, revelan un modus operandi que cuenta con el apoyo incondicional de empresas cuyo predominio en la región depende cada vez más de mantener las condiciones comerciales del neoliberalismo, de la oligarquía históricamente clientelista de los beneficios económicos que ofrece someterse políticamente a la dominación imperialista y de los monopolios de la información cuya riqueza proviene de su implicación con los sectores mencionados.

Desde esa cúpula, se interviene directamente en sectores vulnerables de la sociedad, tradicionalmente despojados de derechos y, más que nada, de posibilidades de participación, para descargar sobre los procesos de cambio, de inclusión y participación, las culpas de sus situaciones. Y aunque esto no tipifica tanto el caso paraguayo, sí revela las tácticas neogolpistas con que se busca revertir lo que las propias fisuras de la democracia liberal han permitido: el ascenso al poder de presidentes con voluntad de luchar por la emancipación de sus pueblos antes que por la tranquilidad de sus élites.

No es de extrañar, a fin de cuentas, que para los congresistas paraguayos sea un delito tan grave el fomento de la lucha de clases.